SB4

Sally Hernández, la alguacil de Texas que se enfrentó al gobernador por la SB4

Desde que anunció que limitaría su cooperación con autoridades de inmigración, la sheriff del condado Travis fue blanco de críticas y ataques de parte del gobernador de Texas, quien incluso amenazó con destituirla. Ahora el fallo de la corte federal de San Antonio le da un respiro a ella y a otros oficiales locales.

AUSTIN, Texas. - La decisión del juez Orlando García, que puso un freno parcial y temporal a la ley SB4 que entraba en vigor este 1 de septiembre, es un triunfo y un alivio para los inmigrantes y sus familias, pero también para los gobiernos locales que tienen una postura favorable al tema migratorio.

La sheriff del condado Travis, Sally Hernández, quien ha sido duramente criticada y atacada por el gobernador Greg Abbott en relación con sus supuestas políticas santuario, expresó satisfacción con la decisión del juez García.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la funcionaria escribió: “Estoy complacida con el dictamen de la corte. Creo que las comunidades locales son más fuertes y más seguras cuando la justicia y la seguridad son un hecho, no para algunos, sino para todos. Estoy a la expectativa de una resolución definitiva”.

Hernández anunció a mediados de enero que limitaría la cooperación de su oficina con el Servicio de inmigración y Control de Aduanas (ICE), excepto en casos de inmigrantes acusados de delitos muy graves. Desde entonces empezó una confrontación con Abbott, quien le recortó fondos a su oficina, amenazó con destituirla y etiquetó al condado Travis como un lugar con políticas santuario.

El reciente fallo de la corte federal de San Antonio prohíbe precisamente que se castigue a oficiales electos por adoptar las llamadas políticas santuario. Esto significa que jefes de policía y alguaciles, como Hernández, no podrán ser multados o despedidos por evitar que sus agentes cooperen con ICE. Además, las cárceles no tendrán la obligación de retener a inmigrantes cuando ICE se los solicita sin una orden judicial.


Hernández es, para algunos, una de las principales ganadoras con la determinación de la corte, que le da la razón a las políticas que implementó en su condado.

Según Raed González, abogado de inmigración, el juez dejó claro que detener a alguien más allá de lo que requiere la ley es una violación a sus derechos constitucionales y ninguna agencia de orden público quiere exponerse a demandas o a poner en peligro la seguridad pública por realizar el trabajo que le corresponde al gobierno federal.

“Contra viento y marea, la sheriff luchó y se mantuvo firme (en sus políticas) convencida de que esto era lo correcto para proteger los derechos de todos y la seguridad pública”, dijo González.

Edgar Saldivar, abogado principal de la ACLU en Texas, cree que la ley SB4 se abordó en la pasada sesión legislativa motivada en gran parte porque el gobernador Abbott quiso buscar una manera de castigar a sheriffs, como a Hernández, que promueven o habilitan políticas que limitan la cooperación con las autoridades de inmigración. La manera como lo hizo fue incluyendo en la ley sanciones muy severas para penalizar a los sheriffs u oficiales locales.

“Ella fue una de las principales atacadas (por el gobernador), pero la decisión del juez García no es solo una victoria de la sheriff Hernández, sino para los inmigrantes y para las familias de los inmigrantes”, enfatizó Saldivar.

Karla Pérez, una activista que hace parte de la junta directiva de la organización United We Dream, cree que la sheriff Hernández, y otros oficiales de agencias del orden de Texas que quieren enfocarse en hacer su trabajo y en mantener la confianza de la comunidad inmigrante, celebran esta victoria junto con todos inmigrantes.

“El gobernador Abbott la puso a ella (Hernández) en la mira… creo que tanto ella como los jefes y jefas de agencias del orden que quieren tener una mejor relación con la comunidad inmigrante han de estar aliviados (con el fallo)”, dijo.

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