Estas son las ciudades que están demandando a la industria farmacéutica debido a los opioides

Según dicen estos municipios, las compañías farmacéuticas engañaron al público para que cayera en un ciclo de adicción. Ahora se les está llevando a los tribunales.

Una manifestación en Nueva York por parte de parientes de víctimas de las drogas. Drew Angerer/Getty Images

Empezó con unos cuantos estados cuyas áreas rurales han experimentado de manera dura el azote de la epidemia opioide. Su meta era hacer a las compañías farmacéuticas responsables mediante demandas. Pero ahora el movimiento se está ampliando: nuevos estados –así como ciudades y condados– están entablando demandas a raíz de la crisis opiácea a un ritmo rápido.

El propósito es frenar prácticas de distribución de opioides que sean potencialmente peligrosas y también recuperar los enormes costos del pasado (y el futuro). Tales gastos incluyen cuidar, tratar y a veces enterrar a los adictos; mantener a sus hijos; y pagar a los paramédicos, policías y autoridades de las ciudades.

Chicago fue la primera ciudad en tomar acción legal en 2014, pero durante el último año casi diez ciudades más han decidido presentar demandas: Seattle, Indianápolis y Cincinnati todos han entablado demandas durante los últimos tres meses y quizás Miami se una a ellas.

Según argumentan las ciudades, las compañías comercializaron y vendieron demasiados fármacos de receta a demasiados pacientes sin ofrecer datos adecuados y correctos sobre sus riesgos. Como resultado, miles de consumidores de fármacos se han vuelto dependientes de estos y con frecuencia han terminado utilizando a versiones más fuertes de los opioides que les fueron prescritos originalmente, como la heroína.

Las ciudades que están desarrollando las demandas listadas abajo están aumentando el esfuerzo estatal de hacer responsable a la industria farmacéutica, de la misma manera en que 46 abogados locales y estatales colaboraron para enfrentarse a la industria tabaquera en 1998. En aquel tiempo sus esfuerzos fueron exitosos: las compañías tabaqueras terminaron pagando más de 200,000 millones de dólares en acuerdos por vender sustancias adictivas y dañinas. La industria de los opioides podría ser la próxima.

En la mayoría de los casos, las compañías farmacéuticas en cuestión han seguido negando vehementemente cualquier delito y han reafirmado su compromiso con combatir la epidemia y promover el uso responsable de estos fármacos.

Hasta ahora, por uno menos uno de los litigios estatales ha sido exitoso. Una de las primeras demandas entabladas por el estado de West Virginia contra Cardinal Health y Amerisourcebergen terminó con acuerdos de 20 y 16 millones de dólares, respectivamente.

A continuación, listamos algunas de las nuevas demandas entabladas por ciudades:

Seattle: “Intencionadamente se llevó a cabo un experimento descontrolado”


“Purdue Pharma ha intencionadamente llevado a cabo un experimento descontrolado en las personas de Washington”, dijo Bob Ferguson, fiscal general de este estado. Karen Ducey/Getty Images


Desde 2000, unas 10,000 personas han muerto a causa de sobredosis de opioides en el estado de Washington. En el Condado King —donde se encuentra Seattle— dos tercios de las 332 muertes relacionadas con el uso de drogas en el último año fueron vinculadas con opioides. Cada año los números de muertes aumenta, según indican investigadores de la Universidad de Washington.

En septiembre, tanto el estado de Washington como la ciudad de Seattle anunciaron que cada cual demandaría por separado a las compañías farmacéuticas por su papel en este aumento.

El caso de Seattle está encabezado por Pete Holmes, un abogado de la ciudad. Se dirige hacia Purdue Pharma y Teva Pharmaceuticals. Según argumentan Holmes y los otros abogados de la ciudad, no es solamente que las empresas farmacéuticas agresivamente vendieron opioides a los médicos, sino que minimizaron —y en algunos casos no divulgaron totalmente— la naturaleza peligrosa y adictiva de los fármacos en cuestión. Y al mismo tiempo, exageraron los beneficios de estos medicamentos.

Según alega la demanda, las empresas farmacéuticas hasta introdujeron el nuevo concepto médico llamado ‘pseudoadicción’ y recomendaron que los médicos respondieran a señales de aviso de la adicción opiácea al recetar más opioides. Según aseveró Purdue, si un paciente pide dosis más altas de fármacos, acumula medicamentos o quiere resurtidos de medicamentos antes de tiempo, no está adicto a tal sustancia, sólo necesita más fármacos para calmar su dolor. Las ciudades están diciendo que esta teoría es falsa —se basa principalmente en un solo estudio sobre el cáncer— pero Purdue ha insistido que es legal y medicamente válida. Según afirma Purdue, la misma Dirección de Alimentación y Fármacos (FDA por sus siglas en inglés) aprobó la etiquetación de OxyContin que ‘personifica el concepto’ de la pseudoadicción.

“Purdue Pharma ha intencionadamente llevado a cabo un experimento descontrolado en las personas del estado de Washington”, dijo Bob Ferguson, fiscal general del estado de Washington, en una rueda de prensa. Teva y Purdue niegan estas alegaciones y dicen que están dedicados a equilibrar las dos prioridades de proveer fármacos críticos y prevenir el abuso de estos.

En realidad, fue un lugar mucho más pequeño el que entabló la primera de las demandas entabladas en el estado de Washington contra las empresas farmacéuticas. La ciudad de Everett —ubicada al norte de Seattle y con una población de 108,000— alegó en enero que Purdue sabía que sus píldoras estaban siendo traficadas ilegalmente dentro de la ciudad pero que ni intervino ni alertó a la policía. En septiembre 2017, un juez en Seattle falló que la ciudad de Everett podría proseguir con la demanda y rechazó el argumento de la empresa farmacéutica —el cual se planteó en marzo— de que el caso de la ciudad no tenía mérito. Sin embargo, Purdue le dijo a CBS News que la narrativa de Everett de su participación en la crisis de Everett “tiene fallos” y es “incorrecta”.

Indianápolis: “Buscaron alivio del dolor y se les administró la adicción”

El año pasado, 1,498 personas murieron de una sobredosis a lo largo del estado de Indiana y 345 de ellas estaban en el Condado Marion, donde está Indianápolis. Sólo en Indianápolis, el medicamento que se emplea contra las sobredosis (el fármaco Narcan, el cual es caro y difícil de administrar) ha sido utilizado por los paramédicos unas 1,670 veces en 2017, por lo menos hasta ahora.

Este otoño la ciudad contrató a una empresa privada de abogados cuya tarea es argumentar que la industria farmacéutica complotó para incrementar ventas al representar inadecuadamente lo adictivos que sus fármacos realmente eran. La ciudad también alega que cuando se realizaron pedidos “indudablemente sospechosos” para opioides, las compañías farmacéuticas no los reportaron. “Todos buscaron alivio del dolor y en cambio se les administró adicción”, dijo Joe Hogsett, alcalde de la ciudad, en una rueda de prensa.

Indianápolis todavía no ha identificado a todos los demandados todavía, pero el alcalde y un abogado identificaron a Purdue Pharma, Endo, Teva y tres distribuidores (Cardinal Health, McKesson Corporation and Amerisource Bergen) como demandados probables, los cuales vendieron la mayor parte del OxyContin y de la oxicodona a los residentes de Indianápolis.

Purdue “vehementemente [niega] estas alegaciones”; Teva y Endo escribieron sobre su compromiso de hacer que los fármacos fueron accesibles, pero mantener seguro y apropiado al uso de los medicamentos; el representante de los tres distribuidores en la ciudad dijo que si bien ellos también quieren formar parte de la solución, “no están dispuestos a ser chivos expiatorios”. Según insisten, es un problema que se extiende mucho más allá que solamente la distribución.

Cincinnati, Dayton y Lorain, Ohio: “estamos en estado de emergencia”


Un aviso de un tratamiento contra drogas en Ohio. Spencer Platt/Getty Images


En 2014, Ohio tuvo el índice más alto de muertes por sobredosis en el país y en los años subsiguientes la cantidad de muertes ha incrementado. Aparte de cobrar vidas, la crisis ha consumido valiosos recursos públicos de las ciudades en el estado. Durante este verano, Cincinnati anunció que se uniría a su ciudad hermana Dayton —y también a su estado natal — al entablar demandas contra compañías farmacéuticas.

Tanto Cincinnati como Dayton están demandando a los tres grandes distribuidores: AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson Corporation. Además, Dayton está demandando a cinco fabricantes (Purdue Pharma, Endo Health Solutions, Teva Pharmaceutical Industries, Johnson & Johnson, Janssen Pharmaceuticals y Allergan) y a cuatro médicos. “Sacaron provecho de infringir la ley y queremos que devuelvan nuestro dinero”, le dijo John Cranley, alcalde de Cincinnati, a WCPO. “Estamos en un estado de emergencia. Necesitamos acción ahora”, dijo Nan Whaley, alcaldesa de Dayton, en una rueda de prensa.

Las demandas de ambas ciudades empiezan con el argumento común que los distribuidores y fabricantes de fármacos engañaron al público para obtener ganancias. Ambas demandas también dependen del alto volumen de envíos de opioides que estas empresas aprobaron —“suficiente para un suministro de un año y medio de opioides para los 802,000 residentes del Condado Hamilton”, calculan las autoridades — lo cual viola la Controlled Substances Act (Ley contra Sustancias Controladas) de 1970, según argumenta Cincinnati. Pero la demanda de Dayton extiende el ámbito de responsabilidad para incluir a médicos individuales que sirvieron de asesores para los fabricantes de fármacos, los cuales presuntamente promovieron y comercializaron de manera engañosa los opioides a los pacientes.

Los tres grandes de distribuidores emitieron declaraciones parecidas a las que se publicaron en respuesta a las demandas entabladas por otras ciudades. Cardinal Health escribe que “les preocupa profundamente la devastación que el abuso de opioides les ha causado a las familias y a las comunidades estadounidenses” y todos quieren encontrar una solución. Sin embargo, según escribe McKennan, debido a que “no fabrican, promocionan ni prescriben los medicamentos de receta a los miembros del público”, ellos “creen que estas demandas ‘de imitación’ están equivocadas”. AmerisourceBergen insiste que sí le informa a la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA por sus siglas en inglés) sobre los pedidos sospechosos y exhaustivamente monitorea y reporta los detalles de pedidos en farmacias. Los fabricantes y los médicos no publicaron sus propias declaraciones.

A finales de junio 2017, Lorain, otra ciudad más pequeña de Ohio, también entabló una demanda contra más de 11 empresas.

Princeton, West Virginia: “Es una guerra”

La pequeña ciudad de Princeton se encuentra en el sur de West Virginia. Este mes Princeton votó para demandar a Amerisourcebergen Drug Corporation, a Cardinal Health Inc. y a otras farmacias que operan dentro de los límites de la ciudad que aún no se han nombrado. No se ha entablado la demanda y hasta ahora no ha habido unas respuestas de las compañías que la ciudad ha nombrado.

“Es más que [un asunto serio]”, dijo el alcalde Dewey Russell durante la reunión del concejo de la ciudad que ocurrió antes de voto afirmativo sobre si se debería proseguir con un caso legal. “Es una epidemia, es una guerra”.

El estado de West Virginia ya selló una disputa contra 14 distribuidores de fármacos en 2016: obtuvo aproximadamente 40 millones de dólares de este acuerdo. Su éxito inspiró a Princeton y a otras ciudades en West Virginia a seguir el ejemplo del estado.

Chicago: “Ponerle fin a este marketing engañoso e ilegal”

Chicago encabezó al ataque de las ciudades en contra de las empresas farmacéuticas en 2014 cuando demandó a Purdue Pharma L.P., Cephalon, Inc., Janssen Pharmaceuticals, Inc., Endo Health Solutions Inc. y Actavis por el mismo tipo de engaño, manipulación y ventas excesivas que otras ciudades han condenado en sus declaraciones públicas al entablar sus propias demandas.

“El propósito de la demanda es sencillo”, dijo Stephen Patton —abogado de la Corporación de Chicago— en 2014. “Ponerle fin a este marketing engañoso e ilegal y hacer responsables a estas compañías por el daño que su engaño ha causado”.

El caso todavía está en la fase de descubrimiento en la Corte de Distrito de EEUU para el Distrito del Norte de Illinois.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.

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