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Votaciones en Farmers Branch

Votaciones en Farmers Branch

Residentes de Farmers Branch decidieron en la urnas aprobar la propuestas 2903, que prohibe rentar vivienda a indocumentados.

Se peleó hasta el final

FARMERS BRANCH, TX.- Por primera vez en todo EU, residentes de una ciudad votaron sobre una norma (Propuesta 2903) que obliga a los propietarios de viviendas a verificar que los inquilinos sean ciudadanos estadounidenses o inmigrantes legales, antes de alquilarles casas o apartamentos.

El resultado no fue favorable para los indocumentados en Farmers Branch, una pequeña ciudad que limita al oeste de Dallas. Y que quienes carecen de papeles que los acredite como residentes legales de este país, ya no podrán seguir vivienda en este lugar, salvo algunas excepciones.

Para Roberto Martinez, quien trabaja como jardinero, su última esperanza era la votación de este día, pero el resultado no fue favorable. El conteo final es 67.64 por ciento a favor la propuesta 2903 (4,058 votos) y un 32.36 por ciento en contra (1,941 votos) de un total de 18 precintos electorales.

Dicha ordenanza que en breve entrará en vigor, obliga a los propietarios de viviendas a verificar que los inquilinos sean ciudadanos estadounidenses o inmigrantes legales, antes de alquilarles casas o apartamentos.

"No, pues me tendré que ir a otra ciudad, pero pues, yo ya tenía mis clientes aquí, ahora a buscarle por otro lado, pero pues uno gasta en la mudanza, hay que cambiar a mis tres niños de escuela, no es tan fácil", se lamenta don Roberto.

Al igual que la familia Martinez, son cientos, quizá miles de familias que tendrían que irse a otra ciudad. Y es que según datos del censo de EU, la población hispana de Farmers Branch supera el 37 por ciento del total calculado en 26,487 habitantes en el 2005.

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Líderes hispanos seguirán peleando

Sus rostros denotan su tristeza, aunque digan que esta votación fue un triunfo por la alta participación hispana que emitió su voto en contra de la propuesta 2903. Pero la participación que no fue suficiente ya que no hay suficiente electores hispanos en esta ciudad, por lo que se hizo un llamado a que los residentes legales tramiten su ciudadanía para que participen en este tipo de decisiones.

Ya que se conoce el resultado, los líderes -no quitan el dedo del renglón-.

"Seguiremos peleando y le daremos seguimiento a la demandas que ya están interpuestas contra la alcaldía de Farmers Branch", comentó Guillermo Ramos, propietario de un negocio de bienes raíces y quien ya ha experimentado una caída de clientes desde que inició la polémica.

Por su parte, Elizabeth Villafranca, Domingo García, Carlos Quintanilla y Luis de la Garza entre otros líderes comunitarios, buscarán nuestras estrategias entre las que destaca la de una nueva demanda a nivel federal en contra de esta propuesta.

Excepciones de la Ordenanza 2903 

A finales de enero, el cabildo de la ciudad decidió que la nueva ley municipal (2903) reemplazara a la derogada ordenanza 2892, cuya única diferencia con la anterior era establecer excepciones para menores de edad y mayores de 62 años.

La nueva medida contempla además que los propietarios de inmuebles exijan a los inquilinos (sólo a los adultos) que demuestren su estatus migratorio como requisito antes de firmar un contrato de alquiler o durante la renovación del mismo.

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También se indica que los propietarios y gerentes de complejos de apartamentos deben enviar copias de la pruebas de residencia legal de sus inquilinos al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Pero desde que se inició el debate de esta polémica en agosto del 2006, la ciudad Farmers Branch ha enfrentado varias demandas de residentes que alegan desinformación por parte del Gobierno municipal.

Según datos de la agencia Prensa Asociada (AP por sus siglas en inglés) en todo el país, más de 90 municipalidades han propuesto, aprobado o rechazado normas parecidas, así como la imposición de multas a las empresas y negocios que contraten indocumentados o el entrenamiento de sus fuerzas policiales para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

A río revuelto, ganancia de pescadores

Después del resultado electoral, la gerencia de un conjunto habitacional ubicado en la ciudad de Carrollton, ciudad limítrofe con Farmers Branch, están ofreciendo renta de vivienda a los posibles inquilinos que tendrían que dejar su vivienda actual.

La oferta del costo de la renta mensual de la vivienda en Carrollton, y que para muchos quedaría tan cerca como el hecho de cruzar una calle, es de 459 y hasta 689dólares, que incluye el primer mes gratis.

Hasta el alcalde pidió votar en contra

El actual alcalde, Bob Phelps, el ex alcalde David Blair y el ex administrador de la ciudad, Richard Escalante, firmaron una petición oponiéndose a la medida.

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"La ciudad no debe gastar millones de dólares de los contribuyentes para defender una ordenanza ineficaz que posiblemente nunca sea promulgada", dijo la carta. "Hay mejores formas de lidiar con esta situación y mejores maneras de invertir el dinero en nuestra comunidad".

Documentos examinados por la agencia Prensa Asociada (AP por sus siglas en inglés) indican que la ciudad pagó casi 262,000 dólares en honorarios legales vinculados con demandas por parte de sectores opuestos a la medida, en su mayor parte dinero de los contribuyentes a lo largo de marzo. Y se espera que los costos suban. Miembros del concejo municipal aumentaron el mes pasado el presupuesto de la ciudad para gastos legales a 444,000 dólares.

El alcalde advirtió además que el Gobierno municipal podría desembolsar hasta cinco millones de dólares en los próximos meses.

"No deberíamos gastar los millones que pertenecen a nuestros contribuyentes por culpa de una ordenanza ineficaz que quizá nunca se convierta en ley, sin contar con la crisis económica y social que costará años para recuperarnos", añadió Phelps.

Según el mismo David Koch, abogado y candidato a uno de los puestos de concejal en Farmers Branch, si el resultado del plebiscito es a favor de la ordenanza 2903, los recursos de amparo podrían demorar su entrada en vigor por varios meses, incluso años.

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"Los mecanismos para obligar a que un tribunal federal ordene una restricción temporal hasta que un juez decida su suerte es un recurso jurídico válido que los abogados del Ayuntamiento como los opositores a la ordenanza buscarán para detenerla, que se haga efectiva y hasta ampliar su puesta en vigencia", manifestó Koch.

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