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Ex subsecretario de Estado de EEUU denuncia pago de sobornos a director...

Rafael Ramírez, presidente de Pvdsa.

Ex subsecretario de Estado de EEUU denuncia pago de sobornos a director de Pvdsa

Ex subsecretario de Estado de EEUU denuncia pago de sobornos a director de Pvdsa

Una demanda presentada en una corte de NY alega que una empresa fue favorecida con contratos por $1,0000 millones en el sector eléctrico.

Rafael Ramírez, presidente de Pvdsa.
Rafael Ramírez, presidente de Pvdsa.

Funcionarios del gobierno de Hugo Chávez en la mirilla de la justicia

Por: Gerardo Reyes y Casto Ocando

Una demanda presentada en una corte federal de Nueva York por el ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, Otto Reich, alega que una empresa que fue favorecida con contratos por $1,0000 millones en el sector eléctrico, habría pagado sobornos a altos funcionarios de ese país entre quienes se encuentra el director de la petrolera oficial Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez.

Los contratos fueron asegurados “mediante sobornos ilegales, comisiones y otras actividades ilícitas, todo en violación de la ley de Estados Unidos”, afirma la demanda.  Los acusados supuestamente alardearon que en Venezuela “siempre hay que pagar comisiones” para ganarse los contratos, agrega la querella.

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Además de Ramírez, uno de los funcionarios más influyentes del gobierno de Venezuela, la demanda mencionó como intermediario de los negocios cuestionados al ex viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos.

Otro de los altos funcionarios venezolanos que habría recibido sobornos es Rodolfo Sanz, ex ministro de Industrias Básicas y Minería y ex presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que administra el mayor complejo hidroeléctrico en Venezuela y la empresa estatal de electricidad, Corpoelec. Sanz es actualmente secretario ejecutivo ded la Alianza Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA).

Univision intentó obtener comentarios del presidente de Pdvsa, y del secretario del ALBA, pero varias llamadas y correos electrónicos enviados a ambas entidades no fueron respondidas.

Detalles de la demanda

Los demandados son Leopoldo Alejando Betancourt López, Pedro José Trebbau López y Francisco D’Agostino Casado, a quienes el documento identifica como empresarios accionistas o directivos de Derwick Associates USA y otras firmas que han sido favorecidas con millonarios  contratos energéticos por el gobierno de Venezuela.

Los empresarios son conocidos como “los bolichitos” por sus cercanía con la revolución bolivariana y han sido el centro de denuncias periodísticas de favoritismo en la contratación oficial en Venezuela.

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En un comunicado enviado a Univision, los abogados Héctor Torres y Brian Kaplan que representan a Betancourt y Trebbau dijeron que la demanda está plagada de “falsedades e imprecisiones”.

“Nuestros clientes niegan categóricamente cualquier acusación de conducta impropia o mal proceder en relación con Derwick Associates”, señalaron.

Los abogados agregaron que la firma no tiene ninguna relación comercial con D’Agostino y que sus clientes jamás han visitado una oficina de Nueva York, en Park Avenue, relacionada en la demanda con la empresa.

Versiones falsas

Reich, quien fue embajador en Venezuela y preside la firma de consultoría Otto Reich & Associates (ORA) en Washington, alega que los acusados violaron normas de un estatuto especial contra el fraude, la corrupción y el lavado de dinero conocido como la Ley RICO. Según la demanda Reich resultó perjudicado patrimonialmente por los empresarios como consecuencia de versiones falsas difundidas por ellos de que el ex diplomático trabajaba para sus empresas.

Esto ocasionó que el Banco Venezolano de Crédito y el banquero venezolano Eligio Cedeño, cancelaran contratos de asesoría con su firma en Washington, agrega el documento. La acción legal de Reich busca una compensación por daños superior a los $9 millones.

“Nuestros clientes nunca han afirmado que el señor Reich trabajó con Derwick”, afirmó el comunicado de los abogados.

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Según la demanda, dado que las firmas de los acusados no cuentan con la infraestructura necesaria, los trabajos y el suministro de equipos para las plantas eléctricas son subcontratados con grandes empresas de Estados Unidos tales como General Electric, Pratt & Withney y ProEnergy Services. La demanda no menciona actividades ilegales de estas empresas.

“Contrario a las acusaciones espúrias de la demanda, Dewick es una empresa establecida con un historial altamente exitoso”, afirman los abogados.

Los contratos con Pdvsa

La demanda sostiene que Pdvsa otorgó a Derwick Associates un total de cuatro contratos entre abril y noviembre de 2010, para la instalación de plantas eléctricas en las localidades de Las Morochas, El Furrial, El Morichal y Barinas.

Los montos de la contratación entre Pdvsa y Derwick Associates no fueron publicados por el gobierno venezolano.

La firma también recibió contratos de la empresa estatal de electricidad Corporación Eléctrica de Venezuela (Corpoelec), creada en 2007 para suministrar de energía eléctrica a la capital venezolana. Los contratos se otorgaron para la construcción de plantas generadoras de energía en los proyectos Raisa I y II, Guarenas I y II,  Picure y Margarita.

Aunque los costos de estos contratos no se hicieron públicos, la demanda alega que en el caso del proyecto Picure el contrato totalizó unos $130 millones, mientras que los proyectos Guarenas I y II sumaron $211 millones.

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Al mismo tiempo, la firma recibió otros dos contratos de la CVG para la construcción de plantas de energía en la ciudad de Puerto Ordaz, bajo los nombres de Sidor Planta A y Sidor Planta B.

Tanto los contratos de Pdvsa como de Corpoelec y CVG no fueron ofrecidos en licitación pública en Venezuela.

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