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Oficiales de ICE, durante un operativo. Foto Gentileza ICE.  

El escándalo de corrupción que sacude a ICE

El escándalo de corrupción que sacude a ICE

Una historia de extorsiones, sobornos y engaños compromete a un veterano agente antinarcóticos y a su informante estrella

Oficiales de ICE, durante un operativo. Foto Gentileza ICE. 
 
Oficiales de ICE, durante un operativo. Foto Gentileza ICE.  

Por Gerardo Reyes greyes@univision.net

Para un informante encubierto en el mundo del narcotráfico la mejor noticia es que el gobierno de Estados Unidos formule cargos criminales contra los narcotraficantes que infiltró. Es lo que se conoce en su jerga como “un positivo’’ y es una buena noticia no sólo por las recompensas monetarias que reporta sino por los puntos de confianza que el informante suma para continuar en otras operaciones.

José Miguel Aguirre Pinzón, un informante colombiano, hacía un esfuerzo extra en ese sentido: sobornaba a un agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, sus siglas en inglés) para que formulara cargos contra los supuestos narcos que él había investigado.

Al menos es lo que reflejan documentos judiciales obtenidos por Univisión Investiga en un caso que ofrece una rara oportunidad de asomarse a las tentaciones de la corrupción dentro de las filas federales de la guerra contra las drogas.

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Esos documentos podrían ser usados como evidencias contra el agente del ICE, Juan Felipe Martínez, quien afronta cargos de confabularse para extorsionar y cobrar sobornos formulados por la fiscalía federal de Miami en diciembre pasado. La acusación describe un esquema en el que Martínez utilizaba sus poderes de agente federal como garantía de los servicios que ofrecía con la cooperación de cómplices que aún no han sido identificados.

Pero el caso es también la historia de la caída de un agente apreciado por el papel que jugó al poner tras las rejas a líderes de grupos paramilitares de Colombia que estaban involucrados en el negocio de la cocaína.

Martínez, de 48 años, nacido en Panamá, estuvo a cargo del caso de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, el poderoso líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que fue extraditado a Estados Unidos en 2008. El agente se encuentra bajo arresto domiciliario en la Florida con una fianza de 250 mil dólares. De ser hallado culpable podría afrontar penas hasta de 20 años de prisión.

Su abogado Martin Raskin  respondió a Univisión que prefería no hacer ningún comentario. “No es mi práctica dar entrevista antes de un juicio’’, afirmó.

Aguirre, el informante, se declaró culpable en Miami de sobornar a un funcionario y fue condenado a 16 meses de prisión. Mientras  cumplía la sentencia demandó al gobierno de Estados Unidos en dos procesos separados, uno en el que alegaba que había sido mal representado por su abogado y otro para exigir el pago de una recompensa de 1.7 millones de dólares por el arresto de Orlando Sabogal Zuluaga, cabecilla del Cartel del Norte del Valle. Aguirre sostuvo que su información fue fundamental para la entrega de Sabogal en España. Al parecer está acostumbrado a cobrar esas sumas. En su demanda reconoce que recibió un millón de dólares por los datos que llevaron la captura de Davidson Gómez Campos, otro líder de ese cartel

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Por motivos que no trascendieron en el expediente, Aguirre retiró la demanda de reclamo de la recompensa. Su abogado, Richard Klugh, no respondió llamadas ni correos de Univisión para establecer si el pago fue finalmente reconocido. Tampoco es claro si Aguirre será testigo contra el agente de ICE.

Aguirre se presentó ante los investigadores como un ingeniero civil de 57 años que trabajó para la policía Nacional de Colombia entre 1973 y 1976. A raíz de que una organización criminal que no mencionó se apropió de las tierras en Colombia de unos de sus mejores amigos, decidió trabajar como informante de “medio tiempo’’ en 1995. Ocho años después se dedico de tiempo completo a pasar información de organizaciones de narcotraficantes a organismos antinarcóticos de Estados Unidos así como a la policía y el ejército de su país.  En la audiencia en que fue sentenciado dijo que está bajo tratamiento de ansiolíticos y antidepresivos desde principios de los noventa cuando trataron de secuestrarlo guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“A usted lo quieren joder’’

La última vez que Aguirre entregó dinero a Martínez  fue en la tarde del 29 de marzo de 2011 frente al centro comercial de Bayside de Miami. Según la acusación, el informante le dio al agente una bolsa con 109,200 dólares en efectivo. Al terminar el encuentro, Aguirre fue arrestado.

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Semanas después aceptó ser entrevistado por investigadores de la Oficina de Control Interno de Seguridad Nacional (Homeland Security) en presencia de la fiscal  Karen Gilbert y el agente Carlos Vásquez. Aguirre fue sometido a varios interrogatorios desde el primero hasta el 8 de abril de 2011. Univisión tuvo acceso a algunas de esas entrevistas que fueron aportadas por Aguirre a una de sus demandas contra el gobierno, lo cual les dio el carácter de documentos públicos.

Fue algo de lo que el informante se arrepintió pues los documentos contenían información que ponía su vida en peligro, según lo expresó en un recurso en el que pidió la reserva sumarial. Pero cuando Aguirre cayó en la cuenta del riesgo, era tarde, y el juez del caso denegó la petición.

Aguirre viajaba con frecuencia entre Colombia y Estados Unidos. En marzo de 2011 decidió salir de su país con planes de quedarse seis meses en Miami por una situación de emergencia. Su amigo, el agente Martínez, le había avisado que había un contrato para matarlo. Alguien se había enterado de que había entregado la información que permitió el arresto en Colombia del narcotraficante Fabián Guzmán Patiño, alías el Niño Fabián . Además de los cargos por narcotráfico a Guzmán se le atribuyeron más de 100 homicidios

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Aguirre no era ajeno a ese caso. Había colaborado con la policía colombiana para la captura y esperaba que Guzmán fuese acusado en Estados Unidos, como se lo había prometido el agente de ICE para obtener una buena recompensa. 

Al llegar a Miami, Aguirre se enteró que Guzmán no había sido encausado.  Sin indictment no había paraíso. Aguirre no ganaría nada.

Al pedirle explicaciones por teléfono, Martínez  le dijo que podían “trabajar’’ en una solución. Para ello se reunieron en el estacionamiento de Bayside.

Aguirre llevaba en su carro de alquiler un total de 118,000 dólares de los cuales puso en una bolsa de compras 109,200 y dejó 8,000 en la guantera.

El agente del ICE lo llamó a su celular y le dijo que lo esperaba en su automóvil. Cuando Aguirre ingresó al carro, Martínez  lo recibió con un saludo lapidario: “A usted lo quieren joder, y por joderlo a usted, me van a joder a mi’’. Aparentemente el agente sabía que el gobierno lo estaba investigando. Dijo que una funcionaria de la oficina de ICE quería revisar los reportes que  había elaborado sobre Aguirre.

Sin más preámbulos, Martínez le preguntó al informante por la bolsa que apoyaba sobre sus piernas. El colombiano respondió poniéndola detrás del espaldar del asiento del chofer mientras le recordaba al agente que “necesitaba’’ que se formularan los cargos contra Guzmán y otros a quienes identificó como Gildardo Ruiz, Bernie, Garra, Pillo, 31, Pérez, Landón, Campo y Tenta.

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En ese momento, afirma el reporte, “Martínez le dijo que las acusaciones serían presentadas de inmediato’’.

Las bases de datos del sistema federal de Estados Unidos no muestran una acusación pública contra Guzmán.

A la pregunta de los investigadores de si la suma entregada para obtener un encausamiento no era muy generosa, Aguirre respondió que la recompensa para él, como informante, sería mucho más alta, aunque no dio cifras.

Amistad de oro

Al salir de un baño del centro comercial, Aguirre fue arrestado.  Era el comienzo del final de una relación con Martínez que había  empezado en 2009, cuando un ex agente de  ICE los presentó a ambos por teléfono. Se trataba de Romedio Viola, un soldado de la guerra contra las drogas destacado por sus acciones contra el Cartel del Norte del Valle. Sus aventuras cinematográficas en estas operaciones junto a la entonces fiscal estelar de Nueva York, Bonnie Klapper, fueron narradas  por el periodista Jeffrey Robinson en  el libro The Takedown, “la historia de una madre de los suburbios, el hijo de un minero del carbón [Viola]  y la poco probable destrucción del brutal Cartel del Norte’’.

Viola se vio enredado en otro caso similar al de su amigo Martínez, pero salió bien librado. En 2009 el diario El Espectador de Colombia reveló que una fiscal colombiana lo investigaba por un presunto caso de extorsión a varios narcotraficantes colombianos.

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Según el diario la  denuncia fue formulada el 17 abril de 2007 por el narcotraficante Carlos Arturo Patiño Restrepo, alias Patemuro, acusado por una Corte de Nueva York de ser parte del cartel del norte del Valle.  Afirma la publicación que cinco días después de haber sido arrestado, Patiño declaró ante un fiscal de Derechos Humanos, que, entre marzo y abril de 2004, varios narcotraficantes le pagaron 500 mil dólares al agente Viola a cambio de “sacarlos de una lista de extraditables que tenía el gobierno de los Estados Unidos”. Supuestamente, a Patiño le correspondió entregar 125 mil dólares.

La fiscalía colombiana dictó auto inhibitorio al no encontrar méritos para abrir investigación contra Viola.

“El funcionario americano denunciado obró dentro de la órbita de su competencia, autonomía e independencia’’, afirma en el auto la fiscal delegada Sara Magnolia Salazar Landínez. La defensa del agente sostuvo que el dinero que el narcotraficante asegura que le entregó al agente, fue producto de una estafa de  familiares suyos que inventaron la  historia de la extorsión de Viola y utilizaron el nombre del oficial para cubrirse.  

La decisión  de la fiscalía está en una instancia de consulta.

Patiño fue extraditado a Estados Unidos y condenado el año pasado a 40 años de prisión y a entregar 50 millones de dólares. A través de derechos de petición de información (FOIA por sus siglas en inglés), presentados desde la cárcel, Patiño ha intentado conocer que trámite le dio el gobierno de Estados Unidos a las denuncias contra Viola, pero un juez federal negó una queja que el narcotraficante radicó por la demora de las autoridades en responder.

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El juez falló que la demanda no procedía  por cuanto no se pudo probar que las peticiones de Patiño habían llegado a sus destinatarios, pese a que el narcotraficante entregó los recibos del correo.

Después de varias conversaciones telefónicas, finalmente Martínez y Aguirre  se conocieron en un café Starbucks de Miami Beach y desde un comienzo tuvieron buena química. Aguirre asegura que ese día Martínez aceptó de regalo una cadena de oro para su hijo que estaba de cumpleaños.

Varios encuentros ocurrieron en los meses siguientes, según el informante, a lo largo de los que conoció a la esposa argentina de Martínez y a la abogada de Miami, Susy Ribero Ayala, con quien el funcionario del ICE mantenía una amistad personal muy cercana. Según Aguirre el agente compartía con la abogada información sobre los casos antinarcóticos en los que estaba trabajando. Entre ellos una cuenta que el ex jefe de las AUC, alias Macaco  tenía en un banco suizo con un saldo de un millón 800 mil dólares. La cuenta fue denunciada por uno de los colaboradores de Macaco, pero para sorpresa de Aguirre, el agente Martínez, que comprobó la existencia de la misma, no le informó a la fiscalía.

El listado extorsivo

Una de las intervenciones de Aguirre como intermediario se dio en el 2010 cuando fue contactado a nombre del empresario colombiano Alvaro Jiménez. Según Aguirre, aunque Jiménez no tenía ninguna acusación pendiente, estaba nervioso de ingresar a Estados Unidos por algunos episodios de su vida supuestamente relacionados con lavado de dinero.  Aguirre le recomendó viajar para hablar con algún funcionario de este país.  Cuando se enteró de que Jiménez tenía planeado llegar a Miami, le pasó la información a Martínez. A su llegada al aeropuerto Jiménez fue interrogado por el agente y otros colegas y al final fue arrestado. Por razones que los documentos judiciales no explican, Jiménez fue liberado y se quedó algunos días en Estados Unidos antes de regresar a Colombia. ¿Pagó algún dinero?. Es una de muchas preguntas que se podrían dilucidarse en el juicio contra Martínez.

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En su declaración, Aguirre sostuvo que días después el empresario Jiménez le ofreció 140 mil dólares por la Lista Clinton que contiene los nombres de personas y empresas que el gobierno de Estados Unidos sospecha que están vinculadas con el narcotráfico. El listado, que se puede bajar gratuitamente de un portal de internet del Departamento del Tesoro, se ha convertido en prácticamente un acta de defunción de la vida civil para quienes aparecen allí.

En algunos casos sin acusación formal, los designados en la lista quedan inhabilitados para abrir cuentas bancarias y hacer negocios con Estados Unidos, y aunque no tiene efectos legales en otras partes del mundo, la globalización de la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico lo ha transformado en un instrumento internacional de persecución judicial.

El resumen de la declaración sostiene que Aguirre le contó a Martínez de la oferta de Jiménez, “momento en el que ambos empezaron a reírse porque no podía creer que alguien estuviera dispuesto a pagar  140 mil dólares por documentos que son públicos’’.

El informante dice que recibió el dinero en Nueva York, lo puso en un morral negro que se lo entregó a Martínez en una habitación del Hilton New York Hotel en septiembre de 2010.  Esa noche, Martínez durmió en la misma habitación y salió de madrugada al aeropuerto. Aguirre imprimió la Lista Clinton del sitio del Departamento del Tesoro en internet y se la entregó a Jiménez.

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La acusación formal presenta otra versión diferente a la que contó Aguirre: dice que el agente Martínez y sus cómplices obtuvieron sumas importantes de dinero de una compañía colombiana y sus dueños para ser excluidos de  la Lista Clinton cuando en realidad no estaban fichados. Tras el pago de dinero, Martínez y sus colaboradores  enviaron a los empresarios constancias adulteradas de que ya no estaban bajo investigación. Las víctimas solo fueron identificadas en la acusación con sus iniciales.

Ceviche amargo

Martínez y Aguirre decidieron trabajar juntos en una alianza en la que no parecía existir fronteras legales o morales que limitaran las decisiones de ambos, según se desprende de la extensa entrevista.

Uno de esos casos se relaciona con la captura con fines de extradición del narcotraficante Gilberto Garavito Ayala, alias Ceviche, el segundo al mando de la organización de Daniel, El Loco Barrera y quien actuaba como enlace con las FARC. La captura se logró gracias a los datos que le pasó Aguirre a la policía colombiana, según él.

El papel que Aguirre presuntamente jugó en la operación no fue un impedimento moral suficiente para que el informante se presentara en la cárcel y le ofreciera a Garavito consejos para su defensa en Estados Unidos. Aguirre salió de la prisión con la idea de que le pagaría dos millones de dólares por su asistencia y dice que llamó al agente Martínez para que empezara a buscar un abogado en Estados Unidos que representara al narcotraficante.

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Según Aguirre, el narcotraficante contrató a  Ribero, la abogada de Miami, por 200,000 dólares de honorarios iniciales. Pero Martínez fue más allá, según la declaración de Aguirre. El agente obtuvo órdenes de fianza para que la esposa, la hija de Garavito y su abogada Lina Piedad Sierra Ariza, pudieran viajar a Estados Unidos. En lugar de enviarle las órdenes a un funcionario de ICE en Bogotá, Martínez se la entregó a la familia.

Al llegar a Miami, Aguirre tuvo una discusión con la abogada de Garavito en torno a los honorarios. Finalmente desistió del pago -sostiene que no recibió ni un centavo-  al enterarse de que Garavito tenía vínculos con las FARC. La abogada Sierra sufrió un atentado en enero de 2011 al salir de la cárcel La Picota en Bogotá.

Liberación y entrega de un narco

El nombre de Aguirre se volvió popular en los círculos de los narcotraficantes colombianos que en la última década han aprendido por la vía del intento y el error que Estados Unidos ha dejado de ser una tumba en ciernes para quienes se rinden a su sistema judicial. Negociar, entregar bienes y “sapear’’ (delatar a otros) es la clave para obtener una sentencia reducida y regresar a Colombia o incluso quedarse a vivir en Miami.

La entrega del narcotraficante colombiano Julio Lozano Pirateque, otro de los lugartenientes de Barrera, señalado como financista del equipo de fútbol Santa Fe de la capital colombiana, se ajustó a esa tendencia. Lozano había sido encausado por Klapper, la fiscal de Nueva York.

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Cuando empezó a averiguar por su paradero Aguirre se enteró que Lozano estaba secuestrado en Venezuela por policías corruptos de ese país que le robaron dinero y lo mantenían drogado. Dice el informante que en octubre de 2010 empezó a interesarse por el caso y logró que uno de los lugartenientes del narcotraficante secuestrado se animara a rescatarlo para después llevarlo a Panamá y coordinar su entrega a las autoridades de Estados Unidos. La operación se llevó a cabo y en medio de una balacera en la que murió uno de los secuestradores, Lozano fue liberado.

Estaba en muy malas condiciones de salud.  Había desarrollado una fuerte  dependencia a las drogas que le suministraban sus captores por lo que Aguirre debió acudir a un médico que le recetó Xanax. Una vez recuperado, Aguirre le explicó sus planes de llevarlo a Panamá para que se entregara. Lozano no solo aceptó la propuesta sino los honorarios que Aguire le informó que tendría que pagar para contratar a un abogado: seis millones de dólares. Aguirre tenía la esperanza de quedarse con la mitad de esa suma.

El informante contactó a la abogada Ribero, la amiga íntima del agente  Martínez, quien aceptó representar al narco y se presentó en Panamá para tramitar su entrega. Ribero se negó a ser entrevistada por Univisión. Días después, recuerda Aguirre, la abogada le dio la mala noticia en Bogotá que Lozano solo había entregado 600,000 dólares. De esa suma, la abogada le dio 100,000. El encuentro se realizó en el  Hotel Charleston el 31 de enero de 2011. Para justificar ese ingreso Aguirre le explicó a los investigadores que había sido autorizado por la fiscal Klapper para recibirlo como una comisión de referencia de cliente.

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A Lozano, el narcotraficante, no le cayó en gracia que el informante fuese a recibir tres millones de honorarios y le pidió a uno de sus intermediarios que empezara a averiguar por el paradero de Aguirre.

En su declaración el informante dejó en claro que Martínez “nunca le pidió el dinero’’ pero explicó que él se lo entregaba porque “creía que iba a motivar a Martínez  para que siguiera las pistas que él le daba’’

Lo que ninguno de los dos sabía es que agentes de ICE los seguían a ambos. No es muy claro cómo el organismo se enteró de las actividades torcidas de su agente.

Las consecuencias que podría tener la acusación contra Martínez en otros procesos están por verse. Algunos abogados comentaron a Univisión que podría abrir las puertas para que  los narcotraficantes  investigados por el  agente y el informante presenten recursos de revisión de sus procesos con el argumento de que estaban actuando fuera de la ley

Hugo Rodríguez, abogado de Macaco, comentó a Univisión que está a la espera de que se conozcan más detalles para tomar una decisión al respecto, pero que en principio no cree que su cliente pueda sacar ventaja de la situación

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