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Si el Congreso no actúa los intereses de los préstamos se van a duplicar en breve.

¿Permitiremos que el Congreso haga la universidad menos accesible?

¿Permitiremos que el Congreso haga la universidad menos accesible?

A no ser que el Congreso actúe antes del 1 de julio, la universidad será cada vez más cara para los 7 millones de estudiantes de bajos ingresos.

Si el Congreso no actúa los intereses de los préstamos se van a duplicar...
Si el Congreso no actúa los intereses de los préstamos se van a duplicar en breve.

Por Amy Wilkins

La universidad nunca ha sido tan importante, ni tan cara. Y a no ser que el Congreso actúe antes del 1 de julio, será cada vez más cara para los 7 millones de estudiantes de bajos ingresos y de la clase trabajadora que depende de los préstamos Stafford.

Porque sin una nueva legislación, las tasas de interés de esos préstamos se duplicará de 3.4 a 6.8 por ciento. Un nuevo estudio realizado por el grupo Young Invincibles sugiere que el alza en las tasas de interés, sumada a los aumentos de matrícula, aumentaría el costo promedio de la universidad para los estudiantes que dependen de los préstamos Stafford en un 20 por ciento para el próximo año escolar.

Y mientras que los republicanos y los demócratas coinciden en que la tasa de interés se debe congelar durante un año, están en desacuerdo sobre el cómo pagar por la continuación de la tasa de 3.4 porciento. Llegar a ese acuerdo es crucial no sólo para el futuro de los estudiantes que dependen de los préstamos Stafford, sino por el futuro de nuestra economía y nuestra democracia.

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La batalla en el Congreso sobre las tasas de interés de préstamos estudiantiles se produce en un momento en que familias de bajos ingresos ya están luchando para cubrir el costo creciente de la universidad; la deuda de los préstamos estudiantiles está paralizando nuestra economía y el futuro de millones de estudiantes y sus familias, y la ayuda disponible se está desplazando de los más pobres hacia aquellos que no la necesitan.

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Nuestras familias de bajos ingresos pagan el equivalente a 72 por ciento de sus ingresos anuales para cubrir el costo de una universidad pública de cuatro años, mientras que las familias más acomodadas pagan sólo el 14 por ciento de sus ingresos anuales para cubrir los costos universitarios. Y aunque enfrentan un desafío menor que familias de bajos ingresos, hoy día, las familias económicamente acomodadas reciben más ayuda a través de la política fiscal federal.

Entre 1999 y 2001, la mayor parte de los beneficios fiscales relacionados a la matrícula universitaria (83 por ciento) se destinaron a familias que ganan menos de $ 75 mil. Las familias que ganaban más de $100 mil no tenían derecho a estos beneficios. Durante los años 2007 y 2009, las familias que cuentan con un ingreso entre $ 100 mil y $ 180 mil obtuvieron casi el doble de estos beneficios que los que ganan menos de $ 25 mil (22 por ciento vs. 12 por ciento).

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A medida que los beneficios de la legislación fiscal federal dirigida a las familias acomodadas aumentan, el poder adquisitivo de las becas Pell para estudiantes de bajos ingresos va disminuyendo. La Beca Pell constituye la mayor fuente de ayuda federal para estudiantes de bajos ingresos, sin embargo, en las últimas tres décadas ha perdido más del 50 por ciento de su poder adquisitivo en universidades públicas de cuatro años y en universidades privadas sin fines de lucro.

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A esto se suma que las universidades públicas están redirigiendo sus ayudas financieras de aquellos que la necesitan más hacia aquellos que no la necesitan. Antes solían invertir el doble de estas ayudas en estudiantes de bajos ingresos, pero ahora gastan aproximadamente la misma cantidad en los estudiantes de altos ingresos.

En las universidades privadas de cuatro años, la inversión en los estudiantes más necesitados era equivalente a los gastos realizados en los estudiantes de altos ingresos, pero ahora invierten el doble en estos estudiantes en detrimento de los que provienen de familias de bajos ingresos.

Con los beneficios fiscales y las ayudas económicas dirigiéndose hacia los estudiantes de mayor ingreso, las familias de bajos ingresos y de la clase trabajadora deben tomar prestado y endeudarse hasta el cuello. ¿El resultado? Una deuda en préstamos estudiantiles que asciende a 1 trillón, la fuente más grande en la deuda del consumidor. Es incluso más grande que la deuda en tarjetas de crédito.

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Frente a estos hechos, es difícil entender cómo el Congreso puede permitir que las diferencias partidistas obstaculicen la necesidad de evitar el aumento en los intereses de los préstamos estudiantiles. Sin embargo, es una posibilidad muy real. Los miembros del Congreso tienen que echar a un lado sus diferencias y no permitir que las cosas se pongan de mal en peor para los estudiantes de bajos ingresos que están tratando de aprender y hacer su camino hacia la clase media.

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