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Estudiantes de secundaria y de universidad protestan frente al Ayuntamiento de Homestead contra Donald Trump, y están pidiendo que la ciudad sea ciudad santuario y que sus colegios respectivos se conviertan en campus, el 16 de noviembre de 2016.

¿Hasta dónde protege a los indocumentados un campus santuario?

¿Hasta dónde protege a los indocumentados un campus santuario?

Estudiantes de todo el país han pedido a sus universidades que protejan a sus alumnos indocumentados, pero no queda claro qué pueden hacer estas instituciones.

Estudiantes de secundaria y de universidad protestan frente al Ayuntamie...
Estudiantes de secundaria y de universidad protestan frente al Ayuntamiento de Homestead contra Donald Trump, y están pidiendo que la ciudad sea ciudad santuario y que sus colegios respectivos se conviertan en campus, el 16 de noviembre de 2016.

Desde que Donald Trump llegó a la presidencia cada vez más estudiantes indocumentados han pedido a los líderes de sus universidades que se declaren 'campus santuario'.

Universidades como New York University, Columbia y Wesleyan ya han adoptado este título, al igual que lo hicieron esta semana las escuelas de Miami, comprometiéndose a proteger en cierta medida a sus alumnos sin papeles. Pero, ¿qué poder tienen los campus santuario?

Univision Noticias habló con el abogado de inmigración Ezequiel Hernández para aclarar las protecciones que ofrecen estas instituciones.

¿Qué es un campus santuario?

Al igual que ocurre con las ciudades o condados santuario, no hay una definición legal para el término campus santuario, y la que se usa conmunmente es ambigua.

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Las universidades se pueden comprometer, por ejemplo, a no cooperar con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) si estos quieren entrar al campus buscando indocumentados. También algunas establecen fondos para ayudar a inmigrantes con sus gastos legales.

La Universidad Wesleyan, por ejemplo, una de las primeras en declararse santuario, creó dos cláusulas que explican que no ayudaría voluntariamente con los esfuerzos del gobierno de deportar a estudiantes, profesores ni empleados indocumentados.

Pero los límites de esta política son ambiguos, como explica el periódico de la universidad, Wesleyan Argus: “No está claro hasta qué punto se aplicaría la cláusula sobre ‘asistencia voluntaria’ si las autoridades federales llegan al campus, pero sí aparentemente asegura que no se usarán recursos como Seguridad Pública y la Oficina del Secretario de Admisiones para ayudar a una fuerza de deportación potencial”.

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El abogado Hernández aclaró tres puntos claves sobre los límites legales que aplican a los campus santuario:

1. La etiqueta de santuario es como una 'actitud' que toma el campus, pero no significa que los indocumentados en ese campus van a ser inmunes a una deportación.

2. Bajo el programa federal de Comunidades Seguras, las universidades que reciben fondos federales tendrían que cooperar cuando se les pida información sobre la situación migratoria de sus estudiantes. Y aunque las universidades pueden negarse a participar en procesos de deportaciones, sí deben cooperar si se les pide información sobre algún estudiante mediante una orden judicial.

3. Hernández asegura que a los campus santuario se les acaba su último recurso cuando los federales tienen sospechas de que hay terroristas o vendedores de droga en las universidades. Ellos pueden entrar, hacer las capturas y, de paso, pedir documentos a los estudiantes. Los campus santuario pueden comprometerse a no dar información a agencias federales voluntariamente. Pero siempre tendrían que cumplir una citación u orden.

El abogado de inmigración Ezequiel Hernandez.
El abogado de inmigración Ezequiel Hernandez.


¿Qué promete una universidad santuario?

La definición de campus santuario está directamente relacionada a lo que pidan los estudiantes y hasta qué punto las universidades acceden. Algunos alumnos piden a las universidades que declaren públicamente su apoyo a los estudiantes indocumentados, como ocurrió con la Universidad de New York. Otros piden garantías de que la escuela no dará información sobre el estatus migratorio de los estudiantes a falta de una orden judicial y que las fuerzas policiales universitarias no se unirán a los federales para hacer redadas, como es el caso de la Universidad de Columbia.

Esta oleada de apoyo por los campus santuario surge ante el temor de que Trump cumpla su promesa de campaña y elimine la Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), dejando sin protección a decenas de miles de jóvenes indocumentados que están en el programa y que gracias a este han podido continuar con sus estudios.

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El dilema para las universidades al aceptar convertirse en campus santuario es que Trump podría decidir quitarle ayudas federales. Este es el caso en Alabama, donde la Cámara de Representantes votó en febrero a favor de bloquear fondos estatales a universidades que se declaren santuario.

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Estudiantes de la universidad del estado de Washington pidiendo a los directivos que acepten la transición en campus santuario

Los campus vs. el gobierno

Como explica el diario The New York Times, "algunos adminstradores (de universidades) señalan que la información estudiantil, incluyendo su estatus migratorio, está protegida por leyes de privacidad que existen hace muchos años, que requieren que las autoridades muestren una orden de arresto o una orden de la corte antes de que cualquier información sea publicada sin el consentimiento del estudiante".

En ese caso, por ejemplo, las políticas santuario de las universidades que limitan el acceso a la información sobre el estatus migratorio al limitar la recolección o conservación de esa información no necesariamente son invalidadas por la ley federal. Una parte de la ley federal de inmigración, la Sección 1373, prohíbe a las autoridades federales, estatales o locales negarle a cualquier entidad u oficial de gobierno estatal o local mandar o recibir información sobre el estatus migratorio de cualquier persona. Luego dice que no pueden prohibir solicitar, mantener o intercambiar dicha información con el gobierno federal. Sin embargo, la ley no requiere que entidades u oficiales del gobierno estatal o local soliciten ni proporcionen el estatus migratorio de las personas.

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Estados Unidos es una república federal, lo que significa que el poder está repartido entre el gobierno central (en Washington, D.C.) y los estados. En algunas materias, como la educación y el transporte, los estados se gobiernan a sí mismos. Pero en otros asuntos —como el de inmigración— la ley federal prima por encima de las regulaciones estatales y locales.

No se puede demeritar la intención de las universidades por ayudar a sus estudiantes indocumentados. De hecho, los funcionarios universitarios pueden ayudarles mucho, desde las asesorías legales hasta ayuda psicológica, pues el miedo a ser capturado puede hacer daño a la salud mental.

Pero en última instancia, ante la supremacía de la ley federal, las universidades que se enfrentan a las nuevas políticas de Trump tienen pocas opciones, y en ciertos casos no podrán hacer nada más que ceder.

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