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La falta de una reforma migratoria sigue dejando al borde de la deportación a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos de origen latinoamericano.

Un largo y accidentado camino para la acción ejecutiva

Un largo y accidentado camino para la acción ejecutiva

La medida migratoria del presidente es resultado de una larga batalla que costó miles de deportaciones.

La falta de una reforma migratoria sigue dejando al borde de la deportac...
La falta de una reforma migratoria sigue dejando al borde de la deportación a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos de origen latinoamericano.


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Por Alan Rivera Prieto (*)

Pasados los días y tras el anuncio de la acción ejecutiva del Presidente Barack Obama sobre inmigración, es necesario hacer un recuento de lo andado, desde que hace cerca de 10 años se inició la dura -y por momentos frustrante- batalla por conseguir una reforma migratoria que adecúe las leyes y normas migratorias del país a las necesidades reales de su mercado laboral en constante crecimiento.

No se trataba de una amnistía para millones de indocumentados, se trataba -y se trata- de formular una reforma amplia y justa que permita que el país satisfaga su demanda de trabajadores manuales e intelectuales para seguir creciendo y desarrollándose, y a la misma vez seguir siendo la nación de inmigrantes en la que millones de personas dentro y fuera del país podían tejer sus deseos de una vida mejor bajo el manto, casi redentor, de una nación que popularizó en todo el orbe el slogan del "Sueño Americano".

Estados Unidos siempre fue visto como el país de la igualdad de oportunidades y la libertad que permitía que todos sus habitantes logren sus objetivos en la vida únicamente con esfuerzo y determinación. Por eso desde siempre, millones de personas han querido -y aún quieren venir- a echar raíces y materializar sus sueños.

 

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¿Por qué era necesario tomar acción en inmigración?

Durante su existencia como nación, el sistema migratorio de Estados Unidos ha sido modificado en varias oportunidades a fin de adecuarlo a las necesidades del momento. La última gran reforma la promulgó Ronald Reagan en 1986 y gracias a ella casi 3 millones de inmigrantes indocumentados lograron iniciar y culminar un camino a La legalización.

No obstante, también es necesario subrayar que la de Reagan no fue precisamente una reforma que solucionara el problema desde su raíz. Según Doris Meissner (quien fuera directora del ya desaparecido  Servicio de Inmigración y Naturalización "INS- durante el gobierno del Bill Clinton), se trató de una medida puntual, que se enfocó en los indocumentados sin una política clara ya sea para controlar o para procesar la inmigración futura.

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Debido a esa carencia en la reforma del republicano Reagan, no se previó el crecimiento y la bonanza económica que experimentaría el país durante la época de Bill Clinton, lo que atrajo una ola de inmigrantes ya no sólo de México, sino de casi todo Centroamérica y Sudamérica, rebasando toda proyección del sistema y generándose en sólo una década una nueva ola migratoria que de inmediato fue absorbida por el mercado laboral.

La oleada de inmigrantes en los años posteriores rebasó largamente el nuevo marco legal que acababa de promulgar el mandatario republicano, generándose nuevamente la necesidad de adecuar las leyes a la realidad.

 

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El inicio de la batalla

Como se plantea desde el título de éste análisis, la acción ejecutiva del presidente Obama no nace de un deseo voluntario del mandatario y de su partido por regularizar un sistema que devino en obsoleto, o de su alta sensibilidad frente a la injusta situación de casi 12 millones de inmigrantes indocumentados y otros tantos millones más, cuyos procesos legales pasaban por el callejón oscuro y largo de una maraña de dilatados procesos que duraban (y aún duran) incluso más de una década para alcanzar la residencia permanente o la ciudadanía.

En 2006, millones de personas se congregaron en protestas por una reforma integral contra las leyes de inmigración en vigencia. Las manifestaciones germinaron en respuesta a un proyecto legislativo conocido como H.R. 4437, que aumentaría las penalidades para la inmigración indocumentada, y clasificaría a los extranjeros indocumentados y a cualquier otra persona que los ayudase a entrar o permanecer en los Estados Unidos como criminales.

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El grueso de las protestas se centraba en pedir una reforma migratoria que tenga dos objetivos: primero, adecuar las leyes a la nueva realidad, haciéndolas más eficientes frente a los eternos retrasos de los servicios de inmigración y, segundo, brindar un camino a la legalización para los millones que ingresaron al país rebasando el obsoleto marco legal de la época de Reagan, el cual cumplía ya 20 años.

Como resultado de esas manifestaciones, millones de personas, la mayoría hispanos, salieron a las calles en un período de casi un mes. La protesta más grande ocurrió el 10 de abril de 2006 en 102 ciudades a través del país. En suma, los manifestantes deseaban mostrar al país -y sobre todo a los anti inmigrantes- que sin su trabajo y esfuerzo el país podía quedar parcialmente paralizado.

El resultado de dichas marchas de protesta fue mixto: llevó encima multitud de críticas debido a que, sobre todo al inicio de las mismas, muchos manifestante portaban banderas mexicanas o centroamericanas, lo que generó el recelo de un importante sector de ciudadanos estadounidenses. La excusa perfecta de los antiinmigrantes para desnaturalizar la raíz del problema y contraatacar con normas y proyectos de ley a nivel local y Estatal que literalmente le hicieron la vida imposible a cientos de miles de inmigrantes indocumentados.

 

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El peso del voto hispano

Aunque la ola antiinmigrante encontró renovadas fuerzas en los sectores más conservadores y recalcitrantes, cuya máxima expresión fue la fundación del "Partido del Té" (para aglutinar a esos sectores dentro del Partido Republicano), los sectores más racionales de ese partido sabían que había una razón de peso para intentar dar solución al asunto: el rápido crecimiento del voto hispano y su influencia en los futuros procesos electorales.

Según Justin Gross, experto en estadística de la Universidad del Sur de California, tras pasar la barrera de los 50 millones, conocido como el punto de "inflexión demográfica" los hispanos se convirtieron no sólo en la primera minoría del país, sino en un apetecible grupo con poder electoral, sobre todo en procesos electorales muy peleados donde cada voto cuenta.

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Así, del aproximadamente 5% del total de votos del pastel electoral del 2001, el voto hispano pasó a ser el 7% en 2008 y 9% en 2012, y se proyecta que alcance el 12% del total de electores para los comicios de 2016.

El debate de la Reforma Inmigratoria: Rizando el rizo

En este contexto es que se dio el debate de la reforma migratoria. Y es en este contexto que se desnaturalizó y fue reducido a un asunto de inmigrantes "legales" e "ilegales", de ideas absurdas en los proyectos planteados, como exigir que los potenciales candidatos a legalizarse sepan inglés, como si no se supiera perfectamente que las dificultades para aprender el idioma de las primeras generaciones de inmigrantes se diluye inmediatamente en la siguiente, convirtiéndose en toda una odisea el intentar que los hijos mantengan el idioma materno (en nuestro caso el español).

Así, mientras se continuaba promoviendo el debate, en 2007 al final de su mandato, el entonces Presidente George W. Bush promovió una reforma migratoria que no logró saltar la valla de su propio partido en el Congreso (tampoco, hay que resaltarlo, la de algunos congresistas demócratas).

En este contexto fue que irrumpió en la escena política el candidato Barack Obama, quien dueño de un olfato electoral muy afinado, supo desde un primer momento que no le sería fácil llegar a la Casa Blanca sin el apoyo del voto hispano. Es por eso que como parte de su campaña, Obama anunció su compromiso de aprobar una reforma a las leyes de inmigración durante los primeros 12 meses de su primer mandato, promesa que como es claro y notorio, no cumplió, pese a contar con mayoría demócrata tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

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Y mientras en su primer gobierno Obama olvidaba consistentemente su promesa de una reforma migratoria, en varios Estados del país los republicanos más conservadores promovían leyes antiinmigrantes como la SB 1070 en Arizona. También se aprobaron proyectos similares en Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Indiana y Utah, entre otros Estados y ciudades bajo control republicano al rededor del país.

Más vale tarde que nunca: la acción ejecutiva de Obama

Presionado por la necesidad electoral de contar con el voto hispano, la campaña de reelección del presidente Obama incluyó nuevamente la renovada promesa de luchar a brazo partido por una reforma migratoria que pare las deportaciones y saque de las sombras a los cerca de 12 millones de indocumentados que viven en el país. Para ese entonces, la Administración de Obama ya había coronado largamente el tristemente célebre récord de haber deportado a la mayor cantidad de inmigrantes en la historia de esta nación de inmigrantes.

En esta oportunidad y a diferencia de su primer período de gobierno, el reelecto Obama sí abogó claramente por una reforma migratoria promoviendo y apoyando un proyecto bipartidista que logró aprobarse en el Senado, pero que fue tercamente bloqueado por los republicanos en la Cámara de Representantes, encabezados por el inefable John Boehner (Ohio).

No obstante y esto hay que señalarlo, el presidente Obama siempre rechazó la vía de firmar una o varias acciones ejecutivas sobre inmigración, aduciendo que no tenía el poder para tomar medidas de ese tipo y frenar la deportación de inmigrantes. Obama repitió muchas veces que no le era legalmente posible firmar acciones ejecutivas sobre inmigración.

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Llegó entonces su promesa de tomar acción sobre el tema, planteando como fecha límite junio de 2014, fecha en la que anunciaría una acción ejecutiva para detener las deportaciones y permitir permisos de trabajo temporales para millones de inmigrantes indocumentados. No obstante, el cálculo político volvió a primar en la agenda del Partido Demócrata, obligando al mandatario a suspender su promesa para después de las elecciones de medio término, ya que una medida como esa supuestamente perjudicaría a varios de sus candidatos que debían competir por votos conservadores.

Los resultados electorales, catastróficos para los demócratas, demostraron que esa estrategia no les sirvió de nada, así que derrumbado el último obstáculo, el mandatario finalmente anunció el marco de un alivio migratorio que beneficiaría temporalmente a unos 5 millones de inmigrantes indocumentados.

¿Qué se proyecta a futuro?

Sin duda, el anuncio de la acción ejecutiva sobre inmigración dejó en un dilema político difícil de resolver a los republicanos: por un lado -y según su brújula política- deben enfrentarse al presidente Obama acusándolo de haber sobrepasado sus facultades y, por el otro, saben que cada frase en contra del alivio migratorio es una especie de harakiri a pequeña escala, pues ya está probado que la población hispana está ampliamente a favor de darle a los indocumentados una vía a regularizarse en el país: todo un dilema que tendrán que resolver los expertos republicanos en su intento por lograr satisfacer al sector ultra conservador, sin seguir cultivando la mala imagen que tienen frente al electorado hispano, sobre todo ahora que acaban de comprobar que en aproximadamente en un 70% prefiere apoyar a los candidatos del Partido Demócrata.

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Como queda claro, el Presidente Obama no hubiera tomado las medidas que adoptó respecto a la inmigración si no fuera porque la presión por ganar el voto hispano es cada vez mayor a medida que se acerca una elección. Es pues, el poder del voto latino el factor que más ha primado en este primer desenlace.

Falta, sin embargo, mucho pan por rebanar hasta que republicanos y demócratas no tengan otra opción que legislar sobre el tema migratorio basados en las necesidades reales de reemplazar el obsoleto sistema legal inmigratorio del país, actuando sin pensar en las próximas elecciones, sino pensando en las próximas generaciones.

(*) Alan Rivera es periodista y analista político, director de Producción de Media Vista Group. Alanriveraprieto@yahoo.com

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