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En 2014 el gobierno detuvo a más de 66 mil niños migrantes en la frontera con Mèxico. Poco menos del 5% de ellos fueron enviados a centros de detención.

Un grupo de 136 demócratas pide al DHS que ponga fin a la detención de familias

Un grupo de 136 demócratas pide al DHS que ponga fin a la detención de familias

Legisladores demócratas le exigen al jefe de la seguridad nacional de EEUU que libere a niños y madres inmigrantes.

En 2014 el gobierno detuvo a más de 66 mil niños migrantes en la fronter...
En 2014 el gobierno detuvo a más de 66 mil niños migrantes en la frontera con Mèxico. Poco menos del 5% de ellos fueron enviados a centros de detención.

Por Jorge Cancino -  @cancino_jorge

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Un grupo de 178 congresistas demócratas le pidió el viernes al jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, que ponga fin al la política de detención de familias inmigrantes.

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En un carta, enviada una semana después que una jueza de distrito dictaminara que el gobierno viola un acuerdo judicial alcanzado hace 18 años, al detener a menores de edad y extender la protección a sus madres, los representantes indicaron que ya “es tiempo para poner fin a la detención familiar”.

Moms+Kids seeking asylum do not belong in family detention @USCCB @LIRSorg #EndFamilyDetention #p2 #latism http://t.co/lYCAp181zQ " Luis V. Gutierrez (@RepGutierrez) julio 30, 2015

También exhortaron a Johnson a que “tome todas las medidas necesarias y apropiadas para asegurar que las prácticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) estén en línea con el acuerdo Flores versus Meese”.

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El viernes de la semana pasada la jueza Dolly Gee, de la Corte Federal de Distrito del Centro de California, dictaminó que la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) viola el citado acuerdo que no permite enviar a centros de detención o cárceles a niños en cualquier parte del país.

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Dolly ratificó de esa manera un fallo preliminar que había dictado en abril en atención a una demanda entablada a finales de 2014 por grupos de derechos civiles y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.

En la carta los congresistas le recordaron a Johnson que en mayo 136 legisladores demócratas le enviaron una nota en la que expresaron su preocupación sobre los centros de detención del DHS donde permanecen detenidas miles de madres y niños. “El propósito de esa carta fue alertarlo a la fuerte evidencia de los efectos severos y negativos sobre niños y madres el permanecer bajo custodia en instalaciones que parecen prisiones”, escribieron.

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La misiva también señala que el grupo le recuerda al gobierno “que esta práctica no refleja los valores de nuestro país” y cita que la “mayoría de las personas detenidas son refugiados que vienen huyendo de sus países de la violencia y la persecución” y que muchos de ellos “tienen necesidades médicas y psicológicas que no han sido adecuadamente examinadas o tratadas mientras estos han permanecido en custodia”.

“Le exhortamos que ponga fin al uso de detención familiar”, reiteraron.

178 House Democrats to DHS: End Family Detention Now http://t.co/oQIVxgO5bx " Rep. Zoe Lofgren (@RepZoeLofgren) julio 31, 2015


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En la misiva los congresistas señalan que “la Jueza Dolly M. Gee encontró que la decisión del DHS de poner a niños en instalaciones de detención, que no están autorizadas por ninguna agencia estatal para cuidar de niños dependientes, viola el acuerdo Flores que ha existido por 18 años.  La corte también rechazó la petición del Departamento de modificar ese acuerdo como manera de remediar las numerosas violaciones”.

Los 178 firmantes exhortaron a Johnson a que “tome todas las medidas necesarias y apropiadas para asegurar que las prácticas del DHS estén en línea con el acuerdo” mencionado por la corte.

La carta es una más de las iniciativas que desde hace varias semanas llevan a cabo congresistas, religiosos, activistas y abogados que defienden los derechos de los inmigrantes que viven en Estados Unidos.

“No puedo especular lo que va a hacer el gobierno”, dijo a Univision Noticias Víctor Nieblas, presidente de la Unión Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés). “Todo apunta a que deben cerrar estos centros. Sin embargo, algunos fiscales en los centros de detención están diciendo que el gobierno apelará la decisión de la jueza Gee”.

I join 177 @HouseDemocrats in telling DHS: family detention hurts women and children & doesn't reflect our values. http://t.co/c23rpxLXAT " Nancy Pelosi (@NancyPelosi) julio 31, 2015


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Nieblas también dijo que el gobierno “establecerá un comité para estudiar el concepto de los centros familiares” y que esto señala que “no los quieren cerrar. Tenemos que seguir revisando las posiciones del gobierno para vr cómo se desarrollan”.

La detención de familias migrantes se incrementó en 2014 a raíz de la crisis reconocida en junio por la Administración Obama tras el arresto por parte de la Patrulla Fronteriza, en lo que iba del año fiscal 2014, de poco más de 46 mil niños cuando intentaban ingresar indocumentados al país.

La cifra aumentó a más de 66 mil en octubre.

Fue entonces cuando el DHS habilitó los centros de detención de Karnes City (con capacidad de 2,400 camas) y Dilley (1,000 camas), en San Antonio Texas, y un tercero en el condado Berks, Pensilvania.

 

Reducirán el tiempo de detención de familias en centros de inmigrantes Univision

A finales del año pasado grupos de derechos civiles y que defienden los derechos de los inmigrantes demandaron los centros bajo el argumento que el encierro de familias y privarlas de su libertad para atemorizar a otros para que no busquen refugio en Estados Unidos “es inhumano e ilegal”, según dijo la subdirectora del departamento para derechos migratorios de ACLU, Judy Rabinovitz.

Los demandantes también señalan que si bien en los centros hay atención, nada cambia el hecho que los niños fueron encerrados bajo la amenaza de ser deportados en cualquier momento.

ICE ha dicho que las instalaciones incluyen atención médica, salas de juegos, trabajadores sociales, servicios educativos y el acceso a asistencia legal.

En abril la jueza Gee emitió un fallo preliminar indicando que la agencia federal estaba violando el abierto Flores versus Messe y fijó un plazo para que el gobierno y los demandantes llegaran a un acuerdo, el que después de varias semanas no alcanzaron.

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En la decisión del 24 de julio Gee ratificó su fallo de abril "que ICE viola la ley al encerrar a niños-, extendió el beneficio a madres migrantes y fijó un plazo para que los abogados del DHS expliquen su política de detenciones, el que vence el lunes 3 de agosto.

Luego de esa fecha los abogados de la parte demandante tendrán dos semanas para responder a los argumentos del gobierno, dijo la abogada Jessica Domínguez a Univision Noticias.

Tras el primer fallo de la jueza Gee, el secretario Johnson, en respuesta a la presión política y a la demanda que amenaza con el cierre de los centros de detención familiares de ICE, anunció que las detenciones serían “a corto plazo” para las familias que piden asilo. También prometió fianzas “razonables y realistas” y la liberación rápida de familias con solicitudes creíbles de asilo.

Luego del anuncio ICE comenzó a liberar mujeres, pero AILA dijo que la discrecionalidad implementada por la agencia “es confusa”.

“Lo que se dice en Washington DC no necesariamente se cumple en el sur de Texas”, dijo Nieblas. “Nuestros voluntarios en los centros han descubierto que antes de salir de los centros familiares, a las mujeres las encierran en un cuarto y las están convenciendo que les coloquen grilletes. No están respetando las fianzas”.

En junio la directora de ICE, Sarah Saldaña, aseguró que la agencia revisaría los casos de familias detenidas durante más de 90 días, aumentaría la supervisión y estudiaría cómo mejorar las condiciones en los centros. "Comprendemos la naturaleza singular y delicada de la detención de familias", indicó.

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La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) dijo tras el fallo de la jueza Gee la semana pasada que la Administración “debe cumplir el dictamen de forma expedita” y que una apelación “solo prolongaría una política errónea e injusta de tratar a esta población vulnerable como criminales”.

La USCCB también dijo esperar que la decisión del tribunal “termine con el sufrimiento y el trauma de estas familias".

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