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Los republicanos vuelven hablar de reforma migratoria pero fraccionada y con énfasis en la seguridad fronteriza.

Un grupo conservador rompe filas y propone plan de reforma migratoria con legalización

Un grupo conservador rompe filas y propone plan de reforma migratoria con legalización

Piden debatir un proyecto por partes y legalizar a los indocumentados una vez se aseguren las fronteras.

Los republicanos vuelven hablar de reforma migratoria pero fraccionada y...
Los republicanos vuelven hablar de reforma migratoria pero fraccionada y con énfasis en la seguridad fronteriza.

Un grupo conservador rompió filas y está presionando a los líderes del partido republicano para que reanude el debate de una reforma migratoria antes de la elección presidencial de 2016.

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El martes el grupo American Principales in Action (APIA) anunció un proyecto de cinco puntos que incluye asegurar la frontera con la construcción de un muro doble, exigir que todas las empresas usen el programa E-Verify, poner en marcha un sistema biométrico de rastreo de extranjeros que entran y salen del país, activar un programa de trabajadores huéspedes y, finalmente, legalizar a los indocumentados una vez paguen impuestos atrasados y multas.

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El Partido Republicano está dividido en el tema del futuro de los 11 millones de indocumentados que viven en el país y ha evitado, en los últimos años, concretar un proyecto en el Congreso.

Con excepción de la construcción de un doble muro para blindar la frontera, los otros cuatro puntos fueron incluidos en el proyecto integral bipartidista S. 744 que el Senado aprobó el 27 de junio del 2013. La iniciativa de ley incluía un camino a la ciudadanía para la mayoría de los indocumentados que carecen de antecedentes criminales.

El plan fue rechazado por el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes quienes argumentaron que redactarían un proyecto propio y por partes. Un año después anunciaron que no lo llevarían al pleno. La Casa Blanca respondió con el anuncio de una acción ejecutiva para aliviar la situación de millones de extranjeros sin papeles.

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“Jeb Bush sería un gran presidente sin importar su apellido”: Carlos Gutiérrez /Univision

El 20 de noviembre del año pasado el presidente Barack Obama anunció un beneficio que ampara de la deportación a unos 5 millones de indocumentados. La medida fue demandada por 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos) y el 16 de febrero una corte federal detuvo su entrada en vigor.

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La presentación del plan del grupo conservador coincidió con una “jornada de acción” llevada a cabo por organizaciones pro inmigrantes en varias ciudades y estados en el día en que iba a entrar en vigor DAPA, uno de los dos programas que incluyó la acción ejecutiva del 20 de noviembre y que beneficia a indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes.

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La iniciativa fue lanzada durante el desarrollo del primer foro de APIA que reunió a empresarios y líderes políticos y cívicos del mundo conservador.

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El congresista Raúl Labrador (republicano de Idaho) dijo a periodistas que la mejor vía para aprobar una reforma migratoria en el Congreso era “paso a paso” y no un proyecto integral como insisten los demócratas.

 

Hillary Clinton convierte la reforma migratoria en tema clave para el voto hispano /Univision

La postura es la misma mostrada por el liderazgo republicano en junio de 2013 cuando el Senado aprobó el proyecto S. 744 que fue redactado por el denominado Grupo de los Ocho y que estuvo integrado por cuatro republicanos y cuatro demócratas.

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Según el congresista de Idaho, hay posibilidades de aprobar una reforma migratoria en el 2015, pero que la insistencia del presidente Obama y de los demócratas de un proyecto integral impiden que sea llevado al pleno.

El diario La Opinión de Los Angeles dijo que APIA confía en que, si bien la iniciativa de cinco puntos se topará con resistencia en el Congreso por parte de algunos legisladores republicanos, lo importante era dar un primer paso.

El sitio The Hill dijo que el grupo conservador hizo un llamado a los líderes del Partido Republicano para aprobar reformas graduales, comenzando con medidas de seguridad fronteriza más fuertes, y que ello frenaría los ataques del ala ultraconservadora y mejoraría del partido con los votantes hispanos.

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Jeb Bush no revocaría las acciones migratorias implementadas por el gobierno /Univision

Alfonso Aguilar, quien dirigió la Oficina de Ciudadanía durante el gobierno del presidente George W. Bush, dijo que los republicanos no debían “equivocarse sobre esto” y reconoció la existencia de “una gran crisis”.

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“Y no hay absolutamente ninguna excusa para que los miembros del Congreso se sienten y hagan nada", agregó. "Es hora de que los republicanos dirijan” el debate migratorio, apuntó Aguilar quien encabeza APIA.

"Este Congreso tiene una oportunidad única para demostrar que los republicanos pueden abordar los temas más difíciles de nuestro tiempo", apuntó.

A pesar de no estar debatiéndose el tema en el Congreso, algunos republicanos mantienen la inmigración dentro de sus agendas. Entre ellos el senador Ron Johnson (Wisconsin), quien preside el Comité de Seguridad Nacional.

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Johnson dijo que ese comité ya pasado varios proyectos de ley que abordan el tema y sugirió que muchos republicanos, en particular los que piden la deportación masiva de indocumentados, han dañado la imagen del Partido Republicano entre los hispanos.

"Tenemos que quitarnos las anteojeras legislativas y darnos cuenta de que tenemos que vender nuestras ideas al público estadounidense", dijo Johnson.

Johnson agregó que los republicanos deben reconocer que “tenemos un problema” y que de los 11 o 12 millones de indocumentados que viven en el país, 8.1 millones de ellos están trabajando, reportó The Hill.

El plan de reforma migratoria que aprobó el Senado en 2013 incluyó un refuerzo en las medidas de seguridad en las fronteras, la implementación del E-Verify, un plan de trabajadores huéspedes, incentivos a la inmigración legal, la activación de un programa de seguimiento de ingreso y salida de extranjeros legales y un plan para legalizar a la mayoría de los 11 millones de indocumentados.

El camino de legalización exigía que los indocumentados debían demostrar que estaban en el país desde antes del 31 de diciembre de 2011, carecieran de antecedentes criminales, pagaran impuestos, hablaran inglés y entregaran sus datos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) para ser verificados.

Una vez autorizados por el DHS, entrarían en un estado de residencia provisional por 10 años al término de los cuales podían pedir la residencia permanente y tres años después serían elegibles para tramitar la ciudadanía.

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El proyecto murió en enero de este año cuando asumió la nueva legislatura electa en noviembre del año pasado y que lidera el Partido Republicano en ambas cámaras.

La reforma migratoria es tema clave para el electorado hispano que en los comicios presidenciales de 2008 y 2012 mayoritariamente (más del 68%) se inclinó por los demócratas.

Los republicanos reconocen que para reconquistar la Casa Blanca necesitan un porcentaje similar de votos latinos y que el tema migratorio es determinante.

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