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Trabajadores heridos y muertos, víctimas del “Milagro Texano”

Trabajadores heridos y muertos, víctimas del “Milagro Texano”

Conoce los casos de algunos de los miles de trabajadores que terminan heridos o muertos a causa los problemas legales dentro del Milagro Texano.  

¿Qué pueden hacer los trabajadores texanos para protegerse? /San Antonio: KWEX

Heridos trabajando

Conoce algunos de los casos de los cientos de trabajadores que no tienen seguro o que cuentan con planes reducidos y derechos limitados, y quienes, cuando intentan reclamar, se topan con negaciones, disputas que no pueden ganar y con un gobierno que hace muy poco para protegerlos.

Detrás de los empleados muertos en el trabajo existen, además, familias lidiando con la pérdida, y por cada empleado seriamente lastimado con una reclamación rechazada o sin pagar, existe frustración financiera, esperanzas rotas y carreras detenidas.

Lloyd Snyder

En un momento estaba lidiando con un paciente psiquiátrico iracundo y revoltoso en el hospital del centro de Houston donde trabajaba, y al siguiente estaba contra la pared.

Con un dolor agonizante, Snyder fue a la sala de emergencias del hospital St. Joseph, el 9 de octubre del 2002.

Luego de una ronda de pruebas neurológicas, en noviembre, Snyder fue enviado a un cirujano ortopédico, el Dr. Stephen Esses, para que examinara el daño en su cuello y su espina dorsal.

El St. Joseph cubría a sus empleados a través de una compensación para trabajadores estatal, así que Snyder llenó una solicitud. En diciembre del 2002, Esses recomendó una cirugía para reparar el daño, pero la administración de peticiones del hospital se negó, asegurando que eso “no era médicamente necesario”.

Snyder disputó la negativa a través de la División de Compensación para Trabajadores, pero su caso se prolongó por meses.

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En abril del 2004, casi un año y medio después de su accidente, la administración de peticiones del hospital aprobó la cirugía de cuello para Snyder, quien despertó de la operación para recibir malas noticias de su doctor.

“Me dijo ‘Siento tener que decirte esto, pero no puedo arreglarlo. La administración esperó mucho para aprobar la cirugía, y el daño en tu cuello se ha vuelto permanente’”, recuerda Snyder. “Me dijo ‘Tendrás que tomar analgésicos de ahora en adelante’”.

Snyder inició una demanda y llegó a un acuerdo con Christus Health, el dueño del hospital, por una cantidad no revelada. Ninguna de las partes reconoció fallas en el acuerdo. Un jurado le concedió, además, otros cuatro millones de dólares en una demanda contra la administración de solicitudes en 2006, según muestran los registros, pero ese veredicto fue invalidado en una apelación en 2009, con base en que Snyder no había disputado adecuadamente la primera negación de su cirugía.

Snyder, de 70 años, comenta que vive en constante dolor, sufriendo diariamente espasmos e insomnio. Tanto él como su esposa, Florence, tenían grandes planes para el retiro, pero ya quedaron en el olvido.

“Esto arruinó nuestras vidas, la suya y la mía”, comenta Snyder. “Ellos podrían tener todo su dinero de vuelta, si me hubieran curado”.

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Glenn Johnson

Los doctores le dijeron a Glenn Johnson que en teoría él debía haber muerto hace 16 años.

El 24 de agosto de 1998, Johnson abrió la puerta de uno de los hornos de la planta fundidora donde trabajaba, en el área de Amarillo. El horno no había sido limpiado adecuadamente, y los residuos químicos del interior provocaron una explosión tan poderosa que lo tiró de su carretilla elevadora.

El metal caliente cauterizó su piel, causándole quemaduras de segundo y tercer grado en la cara, el cuello, el torso, las piernas y los brazos. Uno de sus brazos fue amputado y el otro quedó destrozado. Soportó cirugía tras cirugía. El accidente, además, le causó coágulos en las arterias de los pulmones, y eventualmente le ocasionó una falla renal crónica.

Johnson, de 55 años, cuya compañía cuenta con seguro de compensación para trabajadores, se daría cuenta en los años siguientes que la lucha por su salud no sería la única batalla que enfrentaría.

Pasó dos años en el HealthSouth Rehabilitation Institute de San Antonio, aprendiendo a funcionar con las partes maltratadas de su cuerpo. Fue dado de alta en 2000, y fue diagnosticado con 11 enfermedades, incluyendo desorden de estrés postraumático y depresión mayor.

“Estos dos diagnósticos durarán probablemente toda la vida”, uno de los doctores escribió. El médico que lo trata lo calificó como 91% incapacitado, casi completamente inválido.

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La administración de quejas de Old Republic Insurance Company, su proveedor del seguro de compensación para trabajadores, no disputó el nivel de incapacidad. Sin embargo, había algunos rubros que no cubrirían, tales como costos de viaje y un traje de quemaduras. Contratando sus propios doctores para revisar el expediente de Johnson, la compañía aseguradora negó su petición para tener cuidado las 24 horas del día, servicios psiquiátricos y equipo protético, según una demanda que Johnson inició contra la compañía.

Old Republic y sus abogados no respondieron a varias de las solicitudes para conocer sus comentarios.

En mayo del 2004, la policía llegó a casa de Johnson, en un área rural de Childress, y lo arrestaron a él y a su esposa, Natalie Johnson.

Ajustadores pagados por Old Republic habían contratado a un investigador para reunir información sobre un potencial fraude de seguros llevado a cabo por los Johnson. Los ajustadores iniciaron una denuncia penal acusándolos por falsificar gastos de viaje para llegar a sus entrenamientos aprobados por el médico en el Gold’s Gym de Amarillo, a dos horas de Childress.

La denuncia alegaba que Johnson no estaba usando las instalaciones, porque los registros electrónicos indicaban que su tarjeta magnética para acceder al gimnasio no había sido escaneada. Bajo esa evidencia, un gran jurado procesó a los Johnson.

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Johnson explicó que las lesiones en su mano restante le impedían sacar la tarjeta magnética de su cartera. Los empleados del gimnasio abrían la puerta para él, comenta.

Los cargos fueron desestimados luego de que los empleados firmaran declaraciones juradas asegurando que Johnson asistía al gimnasio, pero los achaques legales no habían terminado.

Johnson demandó a Old Republic y a sus ajustadores por $31.5 millones, alegando que actuaron de mala fe al continuar negando sus peticiones.

“La compañía de seguros debería ser castigada”, asegura. “Y yo creo que si les pego en el bolsillo, al fin se irán”.

En los documentos legales, Old Republic asegura que Johnson no tiene derecho de perseguir un caso de mala fe; la compañía argumenta que las sentencias de la Suprema Corte de Texas esencialmente eliminaron ese camino para los trabajadores lesionados.

Javier Bautista

Al ser un obrero indocumentado, Javier Bautista generalmente va hacia donde hay trabajo. Así que en el verano del 2012 no dudó cuando un amigo le contó de un trabajo en el que ganaría $200 al día en un sitio de construcción residencial de Houston.

En su primer día, Bautista, de 38 años, pisó un clavo mientras preparaba un cuarto para ser pintado. Algunos días después sufría un terrible dolor: los dedos de sus pies estaban gravemente infectados.

Bautista comenta que, dada su condición, el contratista no quiso que trabajara más tiempo; recuerda que le dijo que a su amigo “él ya no puede hacer nada más, llévalo a casa”.

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Cuando regreso a su casa en Austin, Bautista fue al Hospital Brackenridge, donde los médicos eventualmente le amputaron los cinco dedos del pie izquierdo. Como no pudo pagar los $30,000 de la cuenta del hospital, le dijeron que iba a ser inscrito como cuidado de caridad.

Bautista comenta que el contratista para el que trabajaba no ofrecía prestaciones ni seguro de compensación para trabajadores, y que nunca le pagó los cerca de $600 por el trabajo de pintura que hizo. Ahora, ya no puede trabajar tan eficientemente, y apenas puede cubrir sus gastos.

“Es triste, pero nos trataban como si no valiéramos”, asegura Bautista. “Nos trataban como cucarachas y luego simplemente nos desecharon”.

Para reportar sitios de trabajo riesgosos o condiciones inseguras, o para hacer alguna queja sobre potenciales violaciones a los estándares de seguridad federales, llame a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) al 1-800-321-OSHA (6742), o visite el sitio en español de la OSHA: https://www.osha.gov/as/opa/spanish/.

Para reportar condiciones inseguras, también puede llamar a la línea de emergencia de seguridad de Texas: 1-800-452-9595, o hacer un reporte en línea aquí.

Para obtener ayuda gratuita de la Oficina de Asesoría Pública para el Empleado Lesionado (OEIC) sobre su queja acerca de la compensación para trabajadores puede llamar al 1-866-393-6432, o visitar el sitio de la OEIC en español: http://www.oiec.texas.gov/resources/espanol.html.

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Más víctimas del Milagro Texano

Ricky López

El 13 de octubre del 2010, Ricky López, oficial de policía de El Paso, y su compañero estaban en camino para atender una llamada cuando un conductor ebrio se estrelló contra su vehículo. El accidente mató al compañero de López y a éste "quien ahora tiene 45 años y es padre de cuatro" lo dejó con lesiones en el cerebro, los brazos, los ojos, la pelvis y la espalda. Casi cuatro años después, padece tanto dolor que no puede conducir. Trabajar es impensable.

Luego de años de tratamiento médico, la compañía que provee el seguro de compensación para trabajadores suspendió los pagos de repente, comenta López. Ahora, el antiguo policía está librando una batalla contra la compañía Claims Administrative Services, la cual afirma que sus males son condiciones pre-existentes, de acuerdo con López.

Claims Administrative Services no respondió a las múltiples peticiones para hacer comentarios sobre esta historia.

Uno de los doctores de López, el Dr. Quazi Haque, lo diagnosticó con dolor crónico exacerbado por estrés postraumático y depresión.

“Me cuesta mucho trabajo concentrarme”, asegura López. “Mi memoria no es la misma, y cuando hablo, es como si las palabras se me escaparan”.

La esposa de López comenta que su marido quedó convertido en un hombre diferente después del accidente.

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“Ha sido muy duro adaptarse al nuevo Ricky. Cuando sufre dolor, ni siquiera le gusta que le hablemos o lo toquemos”, explica Rosa López.

Durante dos años luego del accidente, Claims Administrative Services pagó todas las cuentas médicas de Ricky López. En 2012, aunque había visto a más de una docena de doctores, la compañía le ordenó que se hiciera examinar una vez más.

Ricky López explica que la visita al médico designado por la compensación al trabajador estatal, el Dr. Andrew Brylowski, duró menos de una hora. Brylowski determinó que Ricky no necesitaba ocho de sus nueve medicamentos, de acuerdo con el reporte médico. Asimismo, lo diagnosticó con “desorden bipolar pre-existente o posibles problemas de alcoholismo”.

Las conclusiones de este médico impactaron a los López.

“A Ricky ni siquiera se le permitía beber: estaba tomando narcóticos”, señala Rosa López.

Basándose en el reporte del médico, poco después la aseguradora empezó a negar las peticiones de cobertura de López.

Eventualmente, luego de que Rosa López perdiera su trabajo, Medicare empezó a cubrir la mayoría de las cuentas de su esposo. Mientras que la aseguradora ha continuado pagando a Ricky López beneficios de ingresos suplementarios, la compañía se ha negado a reembolsarle las cuentas médicas posteriores al último reporte médico, explica.

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Con la ayuda de un abogado, los López están peleando la negativa de la aseguradora ante la Division de Compensación para Trabajadores de Texas, un proceso que Rosa López ha calificado como “muy estresante y muy confuso”.

Ángel Hurtado

Victorina Hurtado estaba empapada de la sangre de su esposo cuando la policía la halló a un lado de la calle, hace 10 años.

Ese día, el 11 de julio del 2004, dice, fue el “día más feo” de su vida.

Hurtado y su esposo, Ángel, un migrante indocumentado de 44 años proveniente de Cuernavaca, México, se encontraban esa mañana en un sitio de construcción al oeste de Austin. Siguiendo las indicaciones de un contratista a quien conocían sólo como “Mike”, ellos trabajaban sin supervisión construyendo un techo para un almacén. Cerca de una década luego de su muerte, la familia no ha podido encontrar al contratista que cree que es responsable del accidente, y la agencia federal encargada de supervisar la seguridad en los sitios de trabajo no tiene ningún reporte de la tragedia que destruyó sus vidas.

Mientras trabajaban ese día, Ángel Hurtado, encaramado a 21 pies de altura sobre la estructura del edificio, se quedó de pronto en silencio. Su esposa, cuando lo encontró en el suelo minutos después, pensó que se trataba de una de las bromas que frecuentemente se jugaban.

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“Yo le dije ‘estás jugando, por favor háblame’”, recuerda Victorina Hurtado, de 54 años, y cuando puso las manos sobre el pecho de su esposo, empezó a salir sangre de sus orejas, nariz y boca.

Estaba muerto para el momento en que llegaron los alguaciles de la oficina del sheriff del Condado Travis.  

El hijo de Ángel Hurtado, Christian, de 31 años, cuenta que siete abogados los rechazaron cuando pidieron ayuda para demandar a “Mike”, el contratista, quien desapareció luego del accidente. Christian añade que se vio forzado a renunciar a sus ahorros para la universidad para poder ayudar a su familia a cubrir los gastos.

El día del accidente, el joven fue a la escena, donde un inspector de la  Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) le hizo preguntas acerca del trabajo de su padre. Querían saber por qué estaba trabajando en domingo y por qué no estaba usando equipo de protección.

La OSHA finalmente determinó que no tenía jurisdicción en ese caso. Ángel Hurtado no estaba en la nómina del empleador, por lo que bajo las leyes federales era considerado como un empleado independiente, explica Casey Perkins, un director de área de la agencia.

Ahora, una década después de la muerte de Ángel, todo registro sobre el caso ha sido destruido, añade Perkins.

La familia es incapaz de confirmar incluso si la muerte de Hurtado se sumó a la cuenta oficial del gobierno sobre muertes de trabajadores, ya que el Buró de Estadísticas Laborales, que compila estos números, opera bajo un “compromiso de confidencialidad”.

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Cuando los Hurtado visitaron el sitio en el que ocurrió la muerte de Ángel para poner una cruz en su memoria, les dijeron que tenían que marcharse porque se trataba de una propiedad privada.

“A donde quiera que miramos buscando respuestas, no podemos encontrar nada”, comenta Karla Hurtado, de 25 años, hija de Ángel. “Es como digamos que no pasó nada, vamos a seguir trabajando”.

Conoce más sobre la historia de Ángel Hurtado aquí.

Peggy Brooks

La enfermera Peggy Brooks asegura que no faltó ni un día a su trabajo en el Vantage Hospice, en Houston.

En cada categoría de su revisión de noviembre del 2012 cumplió o excedió incluso las expectativas: “Peggy es profesional, un miembro confiable de la familia Vantage”, escribió su supervisor. “¡Sigue trabajando así, Peggy!”.

Pero todo cambió cuando inició una petición de compensación para trabajadores, asegura.

El 16 de marzo del 2013, Brooks, de 53 años, estaba conduciendo para visitar a un paciente cuando le chocaron por detrás en un accidente múltiple causado por un conductor que huyó del lugar de los hechos, cerca del centro de Houston. Ella fue llevada de emergencia al Ben Taub Hospital con lesiones en el cuello y la espalda.

Vantage Hospice, quien se negó a hacer comentarios sobre este caso, contaba con seguro de compensación para trabajadores, y la compañía le indicó qué clínica visitar luego del accidente. Ahí, los proveedores de salud impusieron restricciones a causa de sus lesiones, así que Brooks terminó siendo incapaz de retomar sus deberes completamente, lo que incluía trasladar y recoger pacientes durante tres turnos que empezaban el viernes y terminaban la mañana del lunes.

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Ella aceptó la “tare ligera” que le asignaron haciendo papeleo y respondiendo teléfonos. Luego, el 5 de abril del 2013, dice que sus supervisores le dijeron que podía retomar sus actividades normales "aun cuando en la clínica de compensación para trabajadores le habían dicho ese mismo día que permaneciera con tareas ligeras hasta nuevo aviso.

Esa tarde, la llamaron a una junta en Vantage, comenta, y le dijeron que había violado una serie de políticas de la empresa, incluyendo no haber terminado el papeleo de su caso de hospicio el día que la llevaron al hospital. Luego de la junta, le explicó a su jefe que no estaba físicamente capacitada para retomar sus actividades de rutina, y que se sentía enferma y necesitaba irse a casa.

Cuatro días después "tres semanas luego de su lesión", estaba despedida supuestamente por no haberse presentado a trabajar. Aunque ella asegura que le había notificado adecuadamente a su empleador que estaba ausente a causa de enfermedad.

Brooks luego inició una demanda por despido injustificado en virtud de las disposiciones contra represalias de la ley de compensaciones para trabajadores. Vantage Hospice negó esas declaraciones en documentos judiciales. Este año, Vantage pagó una cantidad no revelada como parte de un acuerdo confidencial, y la demanda fue desestimada.

Brooks pronto encontró un nuevo trabajo de enfermera, pero sus males no terminaron ahí.

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Ella seguía recibiendo cuentas médicas, aun cuando generalmente se considera como una violación administrativa que los proveedores de salud carguen a los empleados por los costos cubiertos bajo la compensación para trabajadores. Ella envió sus cuentas a la aseguradora, Texas Mutual, pero nunca recibió una respuesta, comenta.

Luego de que el Texas Tribune hiciera algunas investigaciones el mes pasado, Texas Mutual se puso en contacto con los proveedores de salud. Harris Health, el anterior hospital de distrito, presentó de nuevo la cuenta de hospital el 2 de junio, y la aseguradora está procesándola, asegún la consejera general de Texas Mutual, Mary Nichols.

Brooks asegura que se siente defraudada por un sistema que parece proteger a todos menos a los trabajadores.

“No parece haber investigaciones ni imparcialidad”, comenta. “Todo está de un solo lado”.

Ronnie Bishop

Después de cuatro años de que hubiera explotado la van en la que estaba trabajando, dejándolo con quemaduras de segundo grado sobre la mayor parte del cuerpo, el veterano de la Fuerza Aérea Ronnie Bishop, de 62 años, tuvo que abandonar los estanques de pesca y las herramientas para trabajar madera que ocupaban su tiempo libre.

El daño que le provocaron las llamas a sus manos hicieron que estas actividades, alguna vez satisfactorias, se volvieran otro recordatorio doloroso de aquél terrible día, y de su continua batalla para obtener las prestaciones de seguridad que cree que le corresponden.

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En octubre del 2010, el jefe de Bishop en Davey Plumbing, Buda, le pidió que intentara revivir una vieja van. Mientras vertía gasolina a través de un embudo en el sistema de inyección, el motor se prendió en llamas y el fuego consumió su cuerpo.

Estuvo hospitalizado por dos semanas, y parte de su oreja izquierda tuvo que ser reconstruida.

Por cerca de tres años, Bishop atravesó por tratamientos láser para sus heridas, y asegura que aún siente dolor y que no puede exponerse al sol sin tener cada pulgada de piel cubierta. Ahora cuenta con un trabajo nocturno, lo que hace que cuidar de su esposa, que también es discapacitada, sea una tarea aún más difícil, comenta.

Afortunadamente para Bishop, la compañía para la que trabajaba cuenta con seguro de compensación para trabajadores. Dos años después del accidente, la División de Compensación para Trabajadores del estado le asignó un médico para calificar la gravedad de sus heridas. Los resultados, basados en una escala de discapacidad, determinarían por cuánto tiempo recibiría los beneficios.

Haciendo referencia a las lesiones de sus manos, el médico elegido por el estado le asignó un 42% de discapacidad. Como suele suceder, la compañía de seguros de compensación para trabajadores: Service Lloyds Insurance Co., contrató a su propio doctor para evaluar a Bishop. Ese médico le asignó un 6% de discapacidad. El médico de la aseguradora escribió que Bishop “no tenía limitaciones para realizar actividades de la vida diaria”, que no necesitaba protección contra la luz del sol y que requería tratamientos mínimos.

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Para arbitrar la disputa, la División de Compensación para Trabajadores del estado asignó a otro médico más para examinarlo. En esta ocasión, Bishop fue calificado con un 27% de discapacidad.

En mayo del 2013, un oficial de audiencia de la división de compensación para trabajadores falló a favor de la compañía aseguradora, calificando a Bishop con un 6% de discapacidad. Meses después, en un panel de apelaciones, la agencia ratificó el fallo.

“Entonces eso era todo y me lanzaron de vuelta al trabajo”, comenta Bishop.

Timothy White, un abogado de Service Lloyds, aseguró que el proceso de compensación para trabajadores es injusto.

“En el caso del Sr. Bishop, sucede que el oficial de audiencia se puso del lado de la empresa aseguradora”, comenta White.

“A los trabajadores heridos y a sus representados les están siendo negados sus derechos, incluso cuando la evidencia los favorece”, apunta.

Para reportar sitios de trabajo riesgosos o condiciones inseguras, o para hacer alguna queja sobre potenciales violaciones a los estándares de seguridad federales, llame a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) al 1-800-321-OSHA (6742), o visite el sitio en español de la OSHA: https://www.osha.gov/as/opa/spanish/.

Para reportar condiciones inseguras, también puede llamar a la línea de emergencia de seguridad de Texas: 1-800-452-9595, o hacer un reporte en línea aquí.

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Para obtener ayuda gratuita de la Oficina de Asesoría Pública para el Empleado Lesionado (OEIC) sobre su queja acerca de la compensación para trabajadores puede llamar al 1-866-393-6432, o visitar el sitio de la OEIC en español: http://www.oiec.texas.gov/resources/espanol.html.

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