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Activistas han protestado en México exigiendo un alto a la tortura.

Militares y policías de México deben desobedecer órdenes para torturar

Militares y policías de México deben desobedecer órdenes para torturar

Senado mexicano aprueba ley que castigaría hasta con 20 años de cárcel a quienes sean culpables de trato cruel, inhumano o degradante.

Activistas han protestado en México exigiendo un alto a la tortura.
Activistas han protestado en México exigiendo un alto a la tortura.

Militares y policías mexicanos que reciban una orden de sus superiores para torturar a un detenido, deberán desobedecerla y denunciarla, establece una iniciativa de ley que fue aprobada la semana pasada por el Senado de México.

Se trata de la Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, la cual fue enviada a la Cámara de Diputados para su decreto.

La nueva legislación se adopta a a dos semanas de que se divulgara un video que exhibe a militares cuando torturan a una mujer y a pocos días de que Hillary Clinton, en una entrevista para Univision Los Ángeles, criticara la violación de derechos humanos en México.

“No creo que violar los derechos humanos de la gente sea la mejor manera para que el país esté en posición de derrotar a los carteles criminales", dijo la aspirante a la Casa Blanca.

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La nueva ley que se estaría adoptado en México impone hasta con 20 años de cárcel a funcionarios, policías o militares que sean encontrados culpables por el delito de tortura

“Un funcionario comete el delito de tortura cuando, a fin de obtener información o una confesión, cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona”, señala el texto de la iniciativa.

La medida no excluye del delito de tortura la obediencia de órdenes de un superior que disponga, autorice o aliente su comisión, y recalca que dichas instrucciones son ilícitas, por lo que deben ser denunciadas.

También señala que el delito de tortura se perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, explicó a travpés de un comunicado que la ley deja muy claro que la tortura es un delito y una violación grave a las garantías, que se debe erradicar y desterrar.

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