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seguridad en escuelas

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Rick Perry ordenó a la Agencia de Educación de Texas que cubra los gastos de las huellas digitales y récord criminal tanto de maestros.

Maestros mostraron su satisfacción

AP. TX. - El gobernador de Texas, Rick Perry, ordenó a la Agencia de Educación de Texas que cubra los gastos de un nuevo servicio que consiste en obtener las huellas digitales y una revisión del pasado criminal tanto de los maestros como de otros profesionales de la educación.

Inicialmente las autoridades estatales prometieron pagar por el programa cuando la legislatura lo convirtió en ley a comienzos de este año, pero grupos de maestros mostraron su preocupación cuando los fondos fueron tomados del presupuesto escolar.

Es por este motivo que Perry conjuntamente con el vice gobernador, David Dewhurst y el vocero de la cámara, Tom Craddick, firmaron una carta a la Agencia de Educación de Texas, informándole que deberá cubrir el costo de 50 dólares por persona y que incluirá a maestros, personal administrativo y de consejería, bibliotecarios y entre otros.

De esta manera se puso fin al problema que se inició este mes cuando la Junta Estatal para Certificación de Educadores aprobó que ya sean los distritos escolares o los maestros lo que paguen por sus huellas digitales, debido a que el estado estaba sin fondos.

El programa costará 10 millones de dólares en los próximos dos años y logrará tomar las huellas digitales de la mitad de los empleados públicos de las escuelas. Los restantes se harán en los siguientes dos años.


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Las reglas adoptadas por la Junta de Certificación de Educación requiere que los profesores presenten sus huellas digitales y revisión de su pasado criminal a la Agencia de Educación de Texas dentro del plazo de 80 días de ser notificados.

Personal de apoyo tales como choferes de autobuses, personal de limpieza y de atención en las cafeterías también tendrán que presentar una revisión de su pasado criminal, pero no sus huellas digitales.

Texas comenzó a pedir este requisito a todos los candidatos para maestros en el 2003, pero la ley no aplicaba a los profesores que ya estaban certificados. Desde que comenzaron estos chequeos, se encontró que casi 200 candidatos tenían ofensas serias en sus récord, incluyendo conducta sexual inapropiada y crímenes en contra de niños.


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