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Alderedor de 300 jurisdicciones se han negado a cooperar con con el DHS en el programa federal Comunidades Seguras, reconoció el jefe de la seguridad de Estados Unidos, Jeh Johnson.

Republicanos tratan de bloquear fondos federales para las “ciudades santuario”

Republicanos tratan de bloquear fondos federales para las “ciudades santuario”

La iniciativa incluye un castigo de 5 años de prisión para los deportados que regresen sin permiso a Estados Unidos.

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Alderedor de 300 jurisdicciones se han negado a cooperar con con el DHS en el programa federal Comunidades Seguras, reconoció el jefe de la seguridad de Estados Unidos, Jeh Johnson.

Los líderes republicanos del Congreso presentaron una iniciativa de ley que, de ser aprobada, bloquearía fondos federales a las “ciudades santuario” que no hacen cumplir las leyes de inmigración vigentes.

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“Los republicanos de la Cámara ayer por la tarde decidieron que votarán en el pleno este jueves o el viernes, un proyecto de ley que cuestiona las decisiones de un policía o un alguacil a través del país”, dijo a Univision Noticias Jorge Aguilar, portavoz de la oficina de Nancy Pelosi, líder de la minoría de la Cámara de Representantes.

La iniciativa republicana, patrocinada por el representante Duncan Hunter (California), pide retener subsidios federales para la policía y los servicios de inmigración en aquellas ciudades que ignoran intencionalmente las leyes de inmigración.

“El proyecto de ley busca exigir al poder ejecutivo que no autorice determinados fondos federales si los estados o las autoridades locales se niegan a cooperar con el gobierno federal en la captura y transferencia de delincuentes extranjeros, y exige que el estado y los gobiernos locales cooperen en el arresto de extranjeros criminales o se arriesgan a perder las subvenciones relacionadas con las fuerzas de orden público que distribuye el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) y el Departamento de Justicia”, explicó a Univision Noticias la oficina de prensa de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes.

También incluye la fijación de una pena de prisión mínima obligatoria de 5 años, además de una posible multa para las personas que entran a Estados Unidos después de haber sido deportados.

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El proyecto de ley republicano costaría a las ciudades santuario decenas de millones de dólares en subsidios destinados principalmente al área de seguridad pública y de vigilancia para el combate del crimen.

 

Cuestionan 'ciudades santuarios' tras muerte de joven a manos de hispano /Univision

Origen del debate

El debate para atarle las manos a las “ciudades santuario” surgió tras la muerte a tiros en San Francisco de la ciudadana estadounidense Kathryn Steinle presuntamente a manos de Juan Francisco López Sánchez, un indocumentado de origen mexicano que había sido deportado en cinco ocasiones de Estados Unidos. Las autoridades de inmigración habían solicitado al jefe de la policía de San Francisco que lo mantuviera bajo custodia después de que un cargo por drogas fuera sobreseído y fuera deportado por sexta vez. La policía de San Francisco respondió que una ley municipal requiere que Sánchez fuera puesto en libertad después que los cargos en su contra fueron sobreseídos.

San Francisco integra la lista de “ciudades santuario” que en la última década han dejado de colaborar con el gobierno en programas federales cuyo objetivo es deportar indocumentados que han cometido crímenes.

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Uno de esos programas es Comunidades Seguras, que reúne y cruza información de personas que han cometido delitos y han sido procesados por diversas causas en prisiones estatales y federales.

 

En riesgo están las ciudades santuario /Univision

La justificación

Las “ciudades santuario” argumentan que sus policías no están facultadas para ejercer como agentes federales del servicio de inmigración. También se han declarado defensores de una reforma migratoria que permita a la mayoría de los indocumentados salir de las sombras y regularizar sus permanencias en el país.

El movimiento que dio origen a las “ciudades santuario” surgió en la década de los años 80 en el sur de Arizona para ayudar a un grupo de inmigrantes centroamericanos que huyó de la guerra en sus países y buscó la protección de Estados Unidos.

Durante el primer mandato del presidente Barack Obama, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE, por su sigla en inglés) batió cuatro récords sucesivos de deportaciones con un promedio anual de 400,000 indocumentados.

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El Gobierno asegura que más del 60% por ciento de los deportados tenía antecedentes criminales serios, pero organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes insisten que entre seis a siete de cada 10 deportados no representaban una amenaza para la seguridad nacional, y que uno de los responsables de esta injusticia era el programa Comunidades Seguras.

Las ciudades santuario comparten este argumento.

 

Crece la polémica por las ciudades santuarios /Univision

Rechazo demócrata

“Este proyecto lo puntualizamos como el 'Donald Trump Act' y no resolverá ningún problema”, dijo la oficina de Pelosi. “Es solo un intento extremista republicano que atacaría a la comunidad inmigrante y distribuye el mito de que los inmigrantes son criminales y violadores”.

En junio, durante el lanzamiento de su campaña por la nominación presidencial del Partido Republicano, Trump dijo que “México manda a su gente, pero no manda lo mejor. Está enviando a gente con un montón de problemas. Están trayendo drogas, el crimen, a los violadores. Asumo que hay algunos que son buenos”.

Dijo además que si llegaba a la Casa Blanca construirá un “gran, gran muro” en la frontera sur. “Y haré que México lo pague”, precisando que como magnate inmobiliario, levanta los “mejores muros y muy baratos”.

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“Lo que el Presidente de la Cámara John Boehner y los Republicanos están haciendo es amplificar el mensaje de Donald Trump: pintar a millones de familias inmigrantes y Latinos como criminales y violadores”, dijo Aguilar.

Reacción en el Senado

En el Senado la respuesta demócrata a la iniciativa republican no se hizo esperar. El líder de la minoría demócrata, Harry Reid (Nevada), mencionó los dichos de Trump el fin de semana contra el senador republicano de Arizona, John McCain, de quien el magnate dijo que no era un héroe de Guerra.

“He conocido al senador McCain por más de tres décadas. Aunque tenemos importantes diferencias políticas, es mi amigo. John McCain es un héroe de guerra. Cualquiera que crea lo contrario simplemente no entiende lo que es el heroísmo”, dijo Reid.

Del ataque a los inmigrantes mexicanos, el senador por Nevada indicó que 
“cuando Trump insultó a un senador de su partido, le llovieron críticas por parte de los republicanos. Pero cuando calificó a los inmigrantes de ‘violadores’, solo hubo silencio. Detrás de ese silencio se esconde una cruda verdad; cuándo de política migratoria se trata, no hay gran diferencia entre el Partido Republicano y Donald Trump. Solo consideren los hechos”.

La oficina de Reid dijo que republicanos “se están aprovechando de estas tragedias para impulsar sus políticas antiinmigrantes” y señaló que “muchos departamentos de policía del país han expresado su opinión en contra de legislar en contra de las ciudades santuario”.

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La postura del gobierno

La semana pasada el jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, dijo durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes que el DHS busca la cooperación de las autoridades locales y estatales y, en aras del respeto al debido proceso garantizado por la Constitución, sería contraproducente forzar su participación.

A la fecha más de 300 jurisdicciones se han negado a cooperar con Comunidades Seguras y más de 12,000 órdenes de detención contra indocumentados en las cárceles ( detainers, en inglés) fueron desatendidas, según explicó Johnson.

Johnson reconoce que el incidente en San Francisco ha suscitado “muchas preguntas”, pero defiende las nuevas prioridades de deportación de la Administración Obama y, pese a los ataques republicanos contra los alivios migratorios, dejó en claro que López Sánchez no hubiese calificado para ningún tipo de ayuda.

Las “ciudades santuario” son Baltimore, Chicago, Denver, Detroit, El Paso, Filadelfia, Houston, Jersey City, Los Angeles, Maine, Minneapolis, Miami, New York City, Portland, San Francisco, Santa Ana, San Diego, San José, Oakland, Salt Lake City, Salinas, Seattle y Washington DC.

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes también les llaman “ciudades amigables”.

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