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Vivir con miedo en el país de las libertades

Vivir con miedo en el país de las libertades

Los cuatro récords sucesivos de deportaciones registrados durante la primera administración de Barack Obama sembraron un clima de desconfianza.

La política de deportaciones del gobierno de Obama tiene en ascuas a millones de inmigrantes indocumentados

Por: Jorge Cancino

HOMESTEAD, Florida - Los cuatro récords sucesivos de deportaciones registrados durante la primera Administración de Barack Obama sembraron un clima de desconfianza y miedo en la población indocumentada de Estados Unidos. Tienen pánico de salir a las calles, ir de compras, visitar al médico o tomar un transporte para dirigirse al trabajo. En sus países de origen la mayoría sólo lidiaba con el miedo a la pobreza.

Infografía: Dónde está parado el Senado.

"Mi mayor miedo, de verdad, es cuando salgo a dejar mis hijos a la escuela", cuenta a Univision.com Benita Ayala, una campesina que desde 1999 vive en Homestead, comunidad agrícola ubicada unas 40 millas al sur de Miami, Florida. "No sé si voy a regresar o pienso mucho a la hora de salir. Dejo mis hijos a la escuela y me voy pa(ra) el trabajo. ¿Y qué tal si regreso o me voy pa(ra) allá (México) y me agarró el migración?", se pregunta.

El miedo asoma sin que nada ni nadie lo detenga. La posibilidad de ser arrestados está ahí, a la vuelta de la esquina. Las estadísticas lo confirman. Durante el año fiscal 2012 (del 1 de octubre de 2011 al 30 de septiembre del año pasado) el US Immigration and Customs Enforcement (Ofina de Aduanas y Control Fronterizo -ICE-) deportó a 409,849 indocumentados y de ellos el 55% tenía antecedentes criminales, según el Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional -DHS-).

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La cifra es rechazada por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, entre ellos el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), America’s Voice, el National Immigration Forum (NIF) y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA), quienes argumentan que entre seis a siete de cada 10 expulsados no tenía antecedentes penales que pusieran en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.

Durante el año fiscal 2011 el gobierno de Obama deportó a 396,906 indocumentados, en el 2010 a 392,862 y en el 2009 a 389,834, cifras más altas que las registradas en cualquiera de los ocho años de la Administración de George W, Bush (republicano que gobernó entre el 20 de enero de 2001 y el 20 de enero de 2009). De los deportados en el último año fiscal, ICE asegura que 90% estaban en una de sus "categorías prioritarias", y que en los últimos tres años "esta estrategia ha producido resultados sin precedente", estableciendo "un nivel récord de operativos de control". Y que la tendencia continúa.

"No quiero que mis hijos se queden a sufrir aquí", dice Ayala. Tiembla ante la posibilidad de verse envuelta en una redada, un operativo relámpago de agentes de ICE, arrestada, llevada a una cárcel y ser puesta en proceso de deportación por no tener un estatus legal de permanencia en el país. "Tanto yo y tanto otras madres que dejan sus hijos aquí y se van (deportadas), es mi deseo que no llegue a suceder eso. Voy con miedo, salgo con miedo a dejar mis hijos, con miedo al regreso, porque no se qué puede pasar. Pero tengo que hacerlo, pues no me queda de otro. Tengo que hacerlo por mis hijos. Ese es el mayor miedo que tengo".


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Sueños truncados

Los inmigrantes que cruzan la frontera en busca del sueño americano ignoran que las pesadillas son reales. Muchos las descubren cuando dan el primer paso en el desierto de Sonora. "Pues de verdad el viaje que yo hice para llegar acá fue muy duro", recuerda Ayala. "Tuve que caminar cuatro días y cuatro noches. Tuvimos que cruzar el desierto; había espinas, había víboras. Veníamos muriendo de sed. Se nos acabó el agua, se nos acabó todo. Y lo que teníamos que hacer era caminar mucho".

Al final del quinto día hallaron agua en un potrero, pero no era potable. "Pues no había otra solución, era la única agua que había en ese camino donde nosotros cruzamos. Tuvimos que tomar todo eso porque, pues ya no había otra solución. Lo que queríamos era vivir, no quedar(nos) ahí tirados en el desierto. Tuvimos que consumir todo eso. Pero gracias a Dios, pues cruzamos".

Las muertes en la frontera es un problema no resuelto por los gobiernos de Washington y México. La tercera semana de mayo The New York Times reportó que el fallecimiento de migrantes que tratan de cruzar hacia Estados Unidos continúa en aumento, y que el año fiscal 2012 fue en el que mayor número de decesos se reportaron desde 2005.

El diario agregó que los cruces de mayor riesgo están ubicados en el Valle del Río Grande (Texas) y los que rodean Tucson (Arizona), y que a pesar de haber bajado el número de detenciones en la frontera -por las políticas de seguridad implementadas después de los ataques terroristas de 2001-, las muertes han aumentado porque los inmigrantes cruzan por zonas o tramos cada vez más peligrosos.

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Funcionarios federales reconocen que en los últimos años las nuevas rutas colocaron a los indocumentados a distancias donde la posibilidad de auxilio es prácticamente imposible. Los grupos de defensa de los inmigrantes culpan al gobierno federal de haber obligado a los sin papeles a cruzar por zonas de alto riesgo y cada vez más lejos de un gruto de auxilio, donde ni siquiera los teléfonos celulares funcionan.

Sólo en el área del Valle de Río Grande en el año fiscal 2012 se recuperaron 150 cadáveres, dijo el diario neoyorquino. Agregó que la cifra representa casi la mitad de todos los fallecidos en la frontera durante ese período.

Cifras de tristeza

En el año que Ayala cruzó la frontera murieron 358 indocumentados, según detalla el periodista Jorge Ramos en una columna publicada en su página de internet. En 1998 la cifra alcanzó los 329, en 1997 el número llegó a 147 y en el año fiscal 1996 fueron 87 los cuerpos hallados en el tramo que separa a ambos países.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México señalan, en un reporte publicado en septiembre de 2009, que "las muertes de migrantes durante los cruces fronterizos no autorizados entre México y Estados Unidos son una crisis humanitaria internacional", y demandaron a los gobiernos de ambos países que respondan "con reformas que den prioridad a la vida humana". El llamado tuvo poco eco. A finales de mayo de este año sólo en el sector de Falfurrias, Texas, han sido hallados 130 cuerpos de acuerdo con un reporte del diario Express News. La Fundación Nacional para la Política Americana (NFAP) señala en otro reporte que entre 2011 y 2012 las muertes aumentaron 27%.

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Al igual de The New York Times, la ACLU y la CNDH concluyen que "las muertes en la frontera se han incrementado a pesar de la baja en cruces fronterizos no autorizados a causa de la desaceleración económica", y señalan que la política de seguridad fronteriza, que dictamina la concentración de agentes fronterizos y la construcción de muros y bardas a lo largo de las zonas más pobladas con la intención de obligar a los migrantes a dirigirse a zonas con condiciones ambientales más extremas y la presencia de barreras naturales, aumentó "la incidencia de lesiones y muertes".

"Las políticas vigentes en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos han creado una crisis humanitaria que ha provocado la muerte de más de 5 mil personas" (entre octubre de 1994 -cuando fue inaugurada la Operación Gatekeeper- y septiembre de 2009, fecha del informe), dijo Kevin Keenan, Director Ejecutivo de la ACLU de los condados San Diego e Imperial, California.

Mala suerte

"Veníamos caminando y a mi padre le agarró un dolor de la rodilla. Ya no pudo caminar", cuenta Ayala. "Me dijo que me adelantara para venir con mi tío. Él iba a ayudar a mi otro tío para venir los dos (a Estados Unidos). Lo que pasó fue que, pues ellos ya no nos alcanzaron. Ellos se quedaron perdidos allá en el desierto. Después ellos lograron cruzar. Pero el transporte que los traía a ellos se chocó y se accidentaron".

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Uno de los vehículos en los que el grupo cruzó la frontera se volcó. Un grupo de samaritanos los encontró y les brindó asistencia. Los llevaron a una iglesia y al tío de Ayala lo condujeron a un hospital. "Allí él estuvo internado como cuatro meses más o menos".

El tío de Ayala se fracturó la columna vertebral condenado a vivir en una silla de ruedas. Benita emigró a los campos de Oklahoma. Cuando dieron de alta al tío accidentado fue en su busca, pero al poco tiempo "decidió ir a nuestro país, pues aquí la situación estaba muy dura, ya no podía estar él aquí, extrañaba a su familia. Mejor él regresó. No pudo caminar, se quedó inválido. No puede hacer nada, tiene que tener ayuda de su mujer y de sus hijos, todo por venir a este país".

Meses después Ayala se reencontró con su padre. "Fue más buenito mi vida", dice con una sonrisa. Los ojos se le llenan de lágrimas. Ambos comenzaron a trabajar juntos en la pisca de fresas. Pero señala que la vida del campesino indocumentado en Estados Unidos es dura. De la fresa se fue a los campos de blueberry y del blueberry al tabaco en Carolina del Norte. "Las cosas que uno no sabe hacer llega uno a aprenderlo todo a hacerlo en este país".

Las plantaciones y cosechas de tabaco le dejaron un mal recuerdo. Cuenta que el olor "era muy duro para nosotros. Teníamos que cortar y teníamos que empacar y todo. Fue muy duro para mí. Después me fui para acá, a la Florida", en Homestead. "Cuando llegue aquí no había trabajo. Estaba escaso. No podíamos trabajar otra vez (porque no tenían papeles y el gobierno federal implementaba severas medidas de control a las empresas para obligarlas a verificar el estado migratorio de sus trabajadores). Y los empleos disponibles no eran fáciles. Los indocumentados suelen realizar los empleos que los estadounidenses rechazan.

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"Me fui a la pisca de limón. Ahí estaba difícil, porque imagínate, había víboras. Tuve que hacerlo, pues no me quedaba de otra, porque no quedaba trabajo. Tuve que hacerlo para poder sostener a mi familia".

El trabajo del campo varía poco. De la pisca de limón Ayala cambió al pepino, luego al frijol y de vuelta a las fresas. Después de largas faenas de 10 y 12 horas bajo el sol "tenía que ponerme a cocinar, a limpiar, a hacer todo, a sostener todo con mi familia otra vez. Levantarme a las 5 de la mañana para alistarme, porque éramos muchos los que vivíamos en un solo departamento. Éramos 12 que vivíamos juntos… Era difícil hasta para ir al baño. Por falta de recursos no podíamos arrendar un departamento más grande para vivir bien. Pero gracias a Dios salimos adelante".

Ayala se casó con un inmigrante guatemalteco sin papeles y su padre regresó a México para reunirse con su esposa. Trabajan juntos en las cosechas de Homestead y tienen cuatro hijos pequeños, tres mujeres y un hombre que no para de dar vueltas entre el cuarto y la sala comedor del pequeño apartamento por el que pagan entre $500 y $600 mensuales, sin contar los gastos por consumo de energía eléctrica y agua potable. En el verano la cuenta de la luz sube al doble por el uso del aire acondicionado; los hijos no van al colegio porque están de vacaciones. Se quedan en casa. El matrimonio gana un promedio de $32 diarios, de lunes a viernes, siempre y cuando la pisca abunde y no llueva.

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Ayala dice que en Estados Unidos aprendió quehaceres que en su país -y en su comunidad, la mixteca- jamás imaginó que llegaría a realizar. "imagínate, pues, eso nunca lo hemos hecho en nuestro país y venimos aquí a aprenderlo a hacerlo, a hacer todo (las faenas de campo, desde la preparación de la tierra hasta la cosecha). A sido duro para mí, pero gracias a Dios, pues e luchado y he salido para adelante con mis hijos. Ahí he estado siempre, siempre".

No hay tiempo para rendirse

Ayala no se rinde a pesar de los miedos, las angustias y la pobreza en la que vive. "Estoy luchando por mis hijos. Quiero aprender más y dar una vida mejor". Pero el temor a ser arrestada, separada de sus hijos y deportada a México no la deja en paz. "No quiero que mis hijos se queden a sufrir aquí. Tantas otras madres que dejan sus hijos aquí y se van" (deportadas).

La Raza y otros grupos que defienden los derechos de los inmigrantes advierten que más de 5 mil niños estadounidenses viven solo con uno o sin sus padres inmigrantes porque fueron deportados por ICE, y que en total más de 5 millones tienen uno o dos padres indocumentados.

De aprobar el Congreso una reforma migratoria que incluya una vía a la ciudadanía, la mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en el país podrán legalizar sus permanencias. Un plan aprobado en mayo por el Comité Judicial del Senado y que debate el pleno, abre una ruta de legalización para que extranjeros sin papeles que carecen de antecedentes penales, pagan impuestos, demuestren que están en el país desde antes del 31 de diciembre de 2011, paguen multas y entreguen sus huellas digitales al DHS, entren en un estado provisional legal (RPI) por 10 años. Al término de ese plazo podrán pedir la residencia y tres años después tendrán derecho a gestionar la naturalización.

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De convertirse en ley el proyecto, las deportaciones serán congeladas y quienes califiquen podrán tramitar un permiso de viaje y una autorización de empleo que emite el US Citizenship and Immigration Services (Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos -USCIS-) . Ayala dice que lo primero que hará será tomar a sus hijos e ir a visitar a su familia, en México, abrazar a sus padres y regresar a Estados Unidos para seguir trabajando, pero esta vez sin miedo. "Yo lucharé hasta donde yo pueda, pero yo tengo que llevarme a mis hijos a mi país" legalmente y volver para esperar la residencia permanente y luego la ciudadanía.

"No me quieren con mis hijos aquí, pues regreso con mis hijos a mi país. Pues total en mi país (sus hijos estadounidenses) son bien llegados. Imagínate, propongámosle decir a (al presidente) Barack Obama si él dejara a sus hijas acá y viajara a otro país. No creo que él estuviera contento de dejarlas. Y yo lo mismo, porque soy madre y no quisiera dejar mis hijos aquí".

"No me voy a dar por vencida. Lucharé a ver cómo haré, pero lucharé. No me voy a dar por vencida. Yo soy unas de esas mujeres que quiero seguir luchando, luchando, no voy a darme por vencida", agregó.

Violación al debido proceso

En marzo el diario The New York Times reportó que cientos de inmigrantes indocumentados presos en cárceles de ICE son sometidos a aislamientos prolongados. Agregó que aunque la agencia explicó que la proporción de detenidos en este tipo de régimen carcelario apenas llega al 1% de la población total de extranjeros detenidos, la puesta en vigor de esta clase de castigo escandaliza a grupos y organizaciones de derechos civiles, defensores de los derechos de los inmigrantes y abogados especialistas en la ley de inmigración estadounidense.

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Expertos consideran arbitrarias estas medidas y advierten que su aplicación causa efectos perniciosos para la salud mental y física de los detenidos, y que viola el debido proceso.

En julio de 2010, un informe similar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe denunciando las graves condiciones en las que se encuentran cientos de indocumentados presos en cárceles de ICE regadas por el país.

En septiembre de 2012 el National Inmmigrat Justice Center (NIJC) emitió un informe titulado “Invisible in isolation, The use of Segretation and Solitary Confinement in Immigration Detention”, donde concluye que los indocumentados en centros de detención de ICE “suelen estar recluidos una media de 23 horas diarias […] A muchos se les priva de su derecho a realizar actividades al aire libre, a la lectura o incluso se les impide recibir asesoramiento legal o contactar con sus abogados”.

La mayoría de las celdas donde los indocumentados son puestos bajo régimen solitario miden dos por cuatro metros, y que a muchos detenidos no se les permite hacer llamadas telefónicas para ponerse en contacto con sus representantes legales. La misma denuncia fue reportada por la CIDH en 2010.

El gobierno de Estados Unidos encarcela a inmigrantes que no tienen antecedentes penales o solamente han sido condenados por delitos menores antes de deportarlos, denunció Human Rights Watch (HRW) en un informe hecho público en mayo. Agregó que las autoridades están convirtiendo a los inmigrantes en “delincuentes” al enjuiciarlos en vez de deportarlos.

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El informe recomendó al gobierno que suspenda los enjuiciamientos penales por ingresar y reingresar sin autorización al país, y señaló que la mayoría de los afectados son extranjeros sin antecedentes penales cuyos derechos frecuentemente terminan siendo vulnerados. “Muchos de estos inmigrantes no suponen una amenaza para la seguridad pública y son simplemente personas que intentan estar con sus familias”, dijo Grace Meng, investigadora sobre Estados Unidos de HRW.

El juez de Texas, Félix Recio, dijo a Human Rights Watch que el gobierno estadounidense ha creado una “categoría de delitos graves” destinada a personas que no son ciudadanas. El magistrado, que estimó haber condenado a más de 11 mil personas por reingreso indocumentado a Estados Unidos, dijo que “desde hace 10 años he presidido un proceso que destruye familias en forma diaria, e incluso varias veces por día”, se lee en el reporte.

Ayala dice que, de no aprobarse la reforma migratoria, el fantasma del encarcelamiento y las deportaciones seguirá deambulando por todos los rincones de Estados Unidos, aumentando la oscuridad en la ciudad de las sombras que se esconde en el país de las libertades.

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