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Temor por ley antiinmigrante

Temor por ley antiinmigrante

Republicanos ejecutan maniobra para que la Cámara de Representantes vote, sin debate, una ley antiinmigrante en breve.

Con respaldo bipartidista

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes están empujando a afiliados para que tomen el teléfono y llamen a sus congresistas con un solo objetivo: que no apoyen una maniobra legislativa conocida como "discharge petition" (petición de descargo) y sometan a votación una ley patrocinada por un demócrata y que se conoce como SAVE Act.

Entre otras medidas, la legislación, por ahora en manos del Comité de Inmigración de la Cámara de Representantes, obliga a los patronos a verificar el empleo del cien por ciento de sus trabajadores -a través de una cuestionada base de datos- y criminaliza la estadía indocumentada -por ahora una falta de carácter civil-.

La iniciativa de ley que se conoce como 'Secure America with Immigration and Enforcement' (SAVE Act, H.R. 4088), es patrocinada, entre otros, por los representantes Heath Shuler (demócrata de Carolina del Norte), Brian Bilbray (republicano de California) y Tom Tancredo (republicano de Colorado).

La segunda semana de marzo, líderes republicanos lanzaron el  "discharge petition" para forzar a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (demócrata de California), a que traiga al pleno la legislación SAVE Act, una propuesta de reforma migratoria que se enfoca "sólo en el castigo y severidad de las leyes migratorias", dijo a Univision  Online Eliseo Medina, vicepresidente del Service Employees International Union (SEIU).

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El sindicalista agregó que una veintena de organizaciones pro inmigrantes se opone a la "maniobra" liderada por los republicanos y "rechaza" la iniciativa de ley bipartidista que, además de criminalizar la estadía indocumentada, "acelera la deportación de inmigrantes indocumentados".

Estrategia en curso

"Lo que en estos momentos estamos haciendo es contactar a todos nuestros aliados para conseguir tres puntos clave: evitar que otros demócratas firmen la 'discharge petition' para que la ley sea traída al pleno, evitar que los republicanos consigan suficientes firmas, y evitar que la Presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, respalde esta moción".

A su vez, Medina dijo que "por si las moscas, estamos trabajando con el senado para asegurar que, en el caso de que la Cámara de Representantes vote a favor y apruebe la ley -que Dios quiera eso no ocurra- el Senado haga lo mismo".

Vanessa Cárdenas, Directora de Medios del Center for American Progress, explicó que las organizaciones que rechazan la maniobra legislativa y el proyecto de ley "estamos pidiéndole a la gente que contacte a sus congresistas y les digan que no firmen la moción que están circulando los republicanos".

Agregó que, por el momento, "nos preocupa que haya demócratas conservadores que no entienden la importancia de este tema y que sigan apoyando iniciativas que no resuelven el tema migratorio, sino que lo vuelven más complejo y delicado".

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Detalles del proyecto

"La Ley (SAVE) no hace nada por solucionar la problemática (de los 12 millones de indocumentados) y pone a ciudadanos y residentes en peligro, porque sus identidades serán verificadas en una base de datos federal tiene errores", apuntó Cárdenas.

El proyecto se enfoca en destinar más recursos a la frontera y obligar a que los empleadores verifiquen el estatus legal de todos sus trabajadores, extranjeros, residentes y ciudadanos estadounidenses.

Medina explicó que obligaría a más de seis millones de empleadores a verificar el estatus de empleo de más de 130 millones de trabajadores "usando una base de datos federal la cual se sabe de antemano que tiene un alto nivel de error".

También autoriza la contratación de 8 mil nuevos agentes para la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) y la infraestructura tecnológica que necesitan, e incrementa los recursos para hacer cumplir las leyes migratorias al interior del país.

Agrega recursos para las agencias locales y estatales encargadas de vigilar la aplicación de las leyes migratorias y de las sanciones a quienes violan esas normas.

Las empresas que participan en el programa, en el que se cotejan los datos de los empleados con bases de datos del Seguro Social y del Departamento de Seguridad Nacional, reciben protección de acciones judiciales si han contratado a un indocumentado por culpa de un error en el sistema.

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Shuler apuntó que SAVE Act. está dirigido a "reducir drásticamente la inmigración ilegal", estimada en 12 millones, la mayoría originarios de América Latina, principalmente México.

Cuestión de números

Si bien por ahora la petición de descargo cuenta con 181 firmas (172 republicanas y 9 demócratas antes del receso de Semana Santa) de las 218 necesarias para que Pelosy envíe el proyecto a debate en la Cámara de Representantes, el Consejo Nacional de La Raza, el principal grupo hispano de Estados Unidos, cruza los dedos para que los apoyos no sigan la próxima semana.

"Pero el principal problema no son los apoyos, sino que traigan al pleno el proyecto y se apruebe sin debate, sin analizar los pro y contra del SAVE Act, sin deliberar sobre el impacto que tiene para nuestro país este tipo de leyes", dijo Clarissa Martínez, Directora de Campañas Nacionales e Inmigración de La Raza.

Martínez mencionó que en el pasado, cuando el Congreso ha debatido este tipo de legislaciones, la discriminación hacia los latinos ha aumentado "y también nuestras preocupaciones".

También mencionó que en el caso de la verificación de empleo "La Raza considera que la base de datos recomendada por el proyecto contiene una serie de errores que pondría en peligro tanto a ciudadanos como a residentes permanentes", y advirtió que mientras eso no se solucione "muchos trabajadores legales podrían perder sus empleos en Estados Unidos".

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Sin solución a la vista

Cristina López, subdirectora del Center for Community Change, comparte las preocupaciones de Medina, Cárdenas y Martínez. "La Ley Save Act está plagada de errores, tales como los mecanismos que verificación que incluye", dijo.

Agregó que las organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes de Estados Unidos "estamos bastante preocupados" por la "maniobra legislativa" y dijo que el número que hace falta para llegar a las 218 firmas no es tan grande como algunos piensan.

"Estamos a unas 20 firmas de que ellos logren traer esto al pleno y lo sometan a voto", subrayó.

Tras una pausa, López dijo: "No creemos que el proyecto de ley pase en el voto general, pero de triunfar la moción de por sí sería bastante preocupante. Nos inquieta que en el Congreso se debata esta ley, que las fuerzas antiinmigrantes tomen la iniciativa, que el tema de los indocumentados se ventile de esta manera y que no se hable, por ejemplo, de darles una vía de legalización justa y humana".

Llamadas telefónicas

López, Cárdenas y Medina coincidieron en que esta semana es clave para el futuro no sólo de la ley Save Act, sino también para los indocumentados de Estados Unidos.

"Que todos nuestros afiliados llamen al Congreso, que marquen el (202) 225-3121, pidan que le conecten con su Congresista y le digan que no apoyen la petición de descargo", dijo Medina.

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López agregó que en el mensaje "pidan a quienes la han formado que desistan y que a cambio exijan un debate amplio de la reforma migratoria que incluya la legalización de los indocumentados".

En junio del año pasado la planta telefónica del Congreso se colapsó de miles de llamados para bloquear el debate de una ley tripartita que había sido redactada en secreto por negociadores demócratas, republicanos y de la Casa Blanca.

"No queremos que esta vez sea igual", dijo López. "Debemos impedir que los antiinmigrantes ganen esta batalla".

Radiografía del SAVE Act

La polémica ley restrictiva de reforma migratoria en manos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes recomienda, entre otras medidas:

  • Reforzar las fronteras.
  • Mejorar el cumplimiento de la ley dentro del país y en los centros de trabajo.
  • Simplificar los programas existentes de trabajadores invitados (empleos temporales).
  • Mejorar el actual sistema de inmigración y ayudar a los inmigrantes recientes para que se asimilen lo antes posible a la cultura estadounidense.


 En cuanto a las regulaciones sobre verificación de empleo, exige que los empleadores despidan a aquellas personas que no puedan verificar que tienen los documentos legales para trabajar en Estados Unidos.

El SAVE Act también convierte en delito federal el transportar, dar albergue, ocultar o proteger a un inmigrante indocumentado, recomendación que ya había sido ventilada a finales de 2005 por la Cámara de Representantes cuando aprobó el proyecto de ley HR 4437, patrocinado por el republicano James Sensenbrenner (Wisconsin), que criminalizaba la estadía ilegal, por ahora una falta de carácter civil.

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Pero la nueva medida incluye una cláusula para proteger a aquellas personas que ayudan a inmigrantes ilegales mientras trabajan en organizaciones religiosas sin fines de lucro.

Pese a ello, la forma en que está redactada la propuesta no parece proteger a trabajadores de otras organizaciones no lucrativas ni a médicos, algo bastante criticado en la medida migratoria HR 4437.

Historia del debate

En los últimos tres años la reforma migratoria ha sufrido dos importantes derrotas en el Congreso estadounidense.

El primer fracaso ocurrió el 3 de junio de 2006, cuando el entonces liderazgo republicano canceló el nombramiento del Comité de Conferencia que debía armonizar dos leyes aprobadas, una por la Cámara de Representantes -el 16 de diciembre de 2005- y otra por el Senado -el 25 de mayo de 2006-.

El primer proyecto, patrocinado por los republicanos, proponía, entre otras medidas, criminalizar la estadía indocumentada, acelerar las deportaciones y un fuerte componente de seguridad nacional para poner fin a la inmigración indocumentada.

El segundo proyecto, que contó con respaldo bipartidista, entre otras recomendaciones incluyó una vía de legalización para la mayoría de los 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos y que no tuvieran antecedentes criminales.

Los republicanos argumentaron que este plan no era congruente con la política de seguridad del gobierno federal y optaron por cancelar el debate. Un mes después, ambas cámaras del Congreso aprobaron la ley del muro y dos meses más tarde los republicanos perdieron en control de ambas cámaras del Congreso.

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El segundo debate

A mediados de mayo una comisión tripartita integrada por representantes demócratas, republicanos y de la Casa Blanca anunciaron la elaboración de una nueva propuesta de reforma migratoria que incluía, entre otras recomendaciones, una compleja vía de legalización para indocumentados que se encontraban en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2007 y carecieran de antecedentes criminales.

El Senado inició el debate el 21 de mayo, pero el 7 de junio el liderazgo demócrata canceló la iniciativa bajo el argumento que los republicanos no estaban dispuestos a fijar un número limitado de enmiendas y que ninguna de ellas anulara la vía de legalización.

Una semana después, el día 14, los líderes de ambos partidos en la Cámara Alta acordaron reanudar el debate, pero el día 28 la propuesta tripartita sucumbió ante la falta de apoyo de ambos partidos.

El plan tripartita, basado también en un fuerte componente de seguridad nacional para poner fin al tráfico ilegal por la frontera, recomendaba una vía de legalización a cambio de, primero, una residencia temporal de tres años, verificación de identidad, una multa de $13,500 por persona y un trámite consular en el país de origen para recibir la residencia permanente.

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