Senado estudia identificación biométrica para trabajadores

Senado estudia identificación biométrica

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Huellas digitales.

Documento permitiría al gobierno verificar con mayor exactitud quien tiene permiso para trabajar en Estados Unidos

Un grupo de senadores elabora un proyecto de ley que, de ser aprobado por el Congreso, pondría en vigor una nueva tarjeta de identificación biométrica que dejaría sin oportunidades a los indocumentados para conseguir empleo en Estados Unidos.


The Wall Street Journal (WSJ) reportó el jueves que la nueva tarjeta de identificación sería obligatoria para los trabajadores, incluyendo a ciudadanos, y que contendría datos biométricos de alta tecnología sobre la identidad del portador, huellas dactilares y otros datos personales que probarán el estado migratorio y si es elegible para trabajar.

El diario no especificó si el proyecto estará incluido en el plan de reforma migratoria que redacta un grupo bipartidista integrado por cuatro senadores demócratas y cuatro republicanos, quienes el pasado 28 de enero entregaron los principios de un proyecto que incluye una dura vía hacia la ciudadanía para indocumentados que, entre otros requisitos, paguen impuestos, cancelen una multa y carezcan de antecedentes criminales.

La nueva tarjeta de identidad permitiría a las autoridades rastrear a individuos "incluyendo a estadounidenses- en aeropuertos, hospitales y través de cualquier faceta durante su vida.

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Clima de reserva

Algunos legisladores no se han comprometido con el proyecto por temor a que cauce divisiones en la instancia partidista que prepara una ley de reforma migratoria. El grupo de los ocho está integrado por los republicanos John McCain (Arizona), Marco Rubio (Florida), Lindsey Graham (Carolina del Sur) y Jeff Flake (Arizona), y los demócratas Charles Schumer (Nueva York), Dick Durbin (Illinois), Robert Menéndez (Nueva Jersey) y Michael Bennet (Colorado)

El WSJ dijo que cinco de los ocho senadores han respaldado tarjetas biométricas de identificación en el pasado, y que al menos tres de ellos (Graham, McCain y Schumer) apoyan las tarjetas biométricas en la nueva ley que redactan, pero que están abiertos a otras opciones.

El periódico escribió que el objetivo de la nueva tarjeta de identificación es garantizar que los empleadores pueden conocer el estado legal de los nuevos trabajadores contratados, acelerar el proceso de verificación y disuadir que inmigrantes indocumentados entren al país o consigan un empleo.


En la actualidad el gobierno tiene implementado un sistema conocido como E-Verify "administrada por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS)-, que permite a los empleadores verificar la identidad de trabajadores nuevos en una base de datos interconectada entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Administración del Seguro Social (SSA) y el FBI.

Opiniones contrarias

El grupo de los ocho ha dicho que quiere un nuevo programa, mientras que la Casa Blanca sugiere mejorar el sistema ya existente.

El senado estima que el E-Verify, implementado bajo la administración republicana de George W. Bush (2001-2009) no garantiza detener el fraude con el uso de papeles falsos de identificación o tarjetas de seguro social robadas.


Dos de los ocho senadores del grupo, Schumer y Durbin, dijeron a través de voceros que la ey de reforma migratoria que redactan no necesariamente incluirá la nueva tarjeta de identificación biométrica.

El plan de reforma migratoria que elabora la Casa Blanca, filtrado el sábado a los medios, incluye mejoras al sistema de verificación de empleos actual, pero no menciona una nueva tarjeta de identidad.

Uso limitado

The Wall Street Journal reportó además que, según colaboradores de varios senadores que integran el grupo de los ocho, la tarjeta biométrica sólo servirá para la verificación de empleo y no sustituirá otras tarjetas de identificación, como la licencia de manejar. Pero defensores de los derechos civiles temen que con el tiempo empresas y entidades de gobierno obliguen a los ciudadanos a utilizar la tarjeta biométrica como forma de identificación.


Chris Calabrese, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo al diario que le preocupaba que el nuevo documento fuera ser “necesario para abordar aviones, votar o tal vez comprar una arma de fuego”.

Alex Nowrasteh, un experto en inmigración del Instituto Cato, dijo que el documento podría convertirse en “una grave violación de la intimidad individual”.

El Real ID

La nueva tarjeta de identificación que analiza el Senado es similar a una ley aprobada el 10 de abril de 2005 pero que su implementación ha sido postergada por el rechazo de los estados y las dudas sobre un reglamento que pueda ser implementado a nivel nacional.


El 2009 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) postergó la entrada en vigor del reglamento de la ley. A esa fecha 46 estados y territorios no habían cumplido los parámetros de la ley nacional de identificación (Real ID), que requiere que los permisos de conducir tengan mejoras de seguridad y sean entregados a personas que pueden demostrar que están legalmente en Estados Unidos.

El Real ID fue aprobado dentro de la ley de gastos militares para las guerras de Afganistán e Irak como parte de las medidas de seguridad adoptadas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

ABC del Real ID

La Ley de Identificación Verdadera o Real ID contiene normas que establecen que todos los nacidos después del 1 de diciembre de 1964 estarán obligados a obtener el nuevo documento de identificación, considerado por muchos como el primer paso para la puesta en vigor del carné nacional de identidad.


Durante el gobierno de Bush (2001-2009) el DHS apuntó que la nueva licencia será un documento de identidad más seguro, a prueba de falsificaciones y planeada para que los terroristas no puedan adquirirlo.

"Estas nuevas licencias darán a la policía y personal de seguridad una poderosa ventaja contra los documentos falsificados y un alivio a la ciudadanía que desea proteger su identidad de robo por un criminal o un extranjero con permanencia ilegal", explicó a finales de 2008 el entonces secretario del DHS, Michael Chertoff.

Largas demoras

El gobierno federal dilató dos años y 10 meses en redactar unas normativas que puedan ser puestas en vigor en los 50 estados de Estados Unidos y que iban a entrar en vigor el 31 de diciembre de 2009.


En un principio la ley iba a ser activada en 2008, pero fue postergada con la esperanza de granjearse la aprobación de las autoridades estatales, muchas de ellas escépticas.

Incluso, con más tiempo, más ayuda federal y avances tecnológicos, el REAL ID enfrentó una dura oposición de parte de grupos defensores de las libertades civiles y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.

Detalles del Real ID

La Ley de Identificación Verdadera establece que la licencia de manejar sólo será otorgada a extranjeros con estadía legal en Estados Unidos.


Agrega que los peticionarios del documento deberán aportar pruebas emitidas por el servicio de inmigración al momento de gestionar un permiso, cuya validez será similar al tiempo de estadía permitido por el gobierno.

También incluye otra serie de restricciones, entre ellas:

   - Autoriza a caza recompensas a perseguir y arrestar a inmigrantes en cualquier parte de Estados Unidos.

   - Permite la deportación de inmigrantes antes de que concluyan los procesos de Apelación.


   - Elimina el derecho de utilizar la ley de Hábeas Corpus, vigente desde la guerra civil.

   - Elimina la suspensión discrecional. Personas que llevan muchos años en Estados Unidos, cometieron un delito y prueban que se han rehabilitado, podrán ser deportadas.

   - Establecimiento de procedimientos de expulsión acelerada.

   - Los funcionarios del servicio de inmigración podrán actuar como jueces y expulsar a extranjeros buscan ser admitidas en Estados Unidos.


   - Las decisiones de los agentes, y de los jueces, no podrán ser apeladas.

   - Restringe el recurso de Habeas Corpus y elimina las suspensiones temporales.

   - Limita por primera vez, desde la Guerra Civil, toda revisión judicial. La medida afectará a muchas personas con recursos legítimos de sus órdenes de detención o deportación.

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