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Revisaran redadas en EU

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció audiencias para analizar las redadas en Estados Unidos.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que tiene previsto celebrar audiencias para analizar la situación de los derechos humanos de los trabajadores inmigrantes indocumentados detenidos en Estados Unidos.

Las audiencias son parte de un periodo ordinario de sesiones, el cuarto del año, que se realizará entre el 8 y 19 de octubre, reportó The Associated Press.

La audiencia sobre inmigrantes, que no es la primera que realiza la CIDH sobre el tema, permitirá a la comisión "ir conociendo más" la realidad que los inmigrantes enfrentan en centros de detención en Estados Unidos, dijo Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la comisión.

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA.

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La audiencia, que se desarrollará tentativamente el 12 de octubre, fue pedida por dos grupos estadounidenses de los derechos humanos, el Rights Working Group y Women's Commission of Refugees.

El gobierno federal estadounidense ha asegurado su participación, dijo AP.

Cantón agregó que el objetivo de la CIDH era obtener una autorización del gobierno estadounidense para una visita a los centros de detención, especialmente el de Huton, Texas, donde "la información que recibimos indica que existen problemas" de derechos humanos.

Redadas en tela de juicio

En julio, la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) publicó en Washington un informe en el que denunció que la política migratoria de Estados Unidos -en particular las deportaciones- ha producido una grave división familiar en el país.

Señaló que la deportación obligatoria de inmigrantes sentenciados por un crimen, incluso un delito menor, ha separado a 1.6 millones de niños de sus padres.

También ha afectado a personas adultas, incluyendo ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales, de sus familiares no ciudadanos, declaró la entidad.

El informe de 88 páginas, titulado "Forced Apart: Families Separated and Immigrants Harmed by US Deportation Laws" (Separación forzosa: Familias separadas e inmigrantes dañados por las leyes sobre deportación de Estados Unidos), es la primera revisión exhaustiva de la deportación de personas no ciudadanas convictas por crímenes y del impacto que ello tiene sobre las familias y comunidades en Estados Unidos.

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Protestas en aumento

El documento fue difundido después de que varias asociaciones de defensa de derechos de los inmigrantes en Estados Unidos realizaran una marcha en Washington para pedir a la Casa Blanca y al Congreso que frene la deportación de padres indocumentados de niños ciudadanos de Estados Unidos.

Según detalló Human Rights Watch, las autoridades inmigratorias "han deportado a 672,593 inmigrantes debido a sentencias penales desde 1997, luego de que el Congreso aprobara legislación que convierte la deportación en un castigo obligatorio para una larga lista de crímenes, incluso delitos menores no violentos cometidos años antes de que las leyes entraran en vigor".

Agregó que "muchos de los deportados llegaron a Estados Unidos en su infancia y eran residentes permanentes legales que habían vivido legalmente en el país durante décadas".

El trato antes de 1997

Human Righs Watch explicó que previo a 1997, a inmigrantes que habían cometido un crimen se les permitía comparecer ante un juez de inmigración, quien podía ejercer su discrecionalidad en la imposición de penas.

Sin embargo, la legislación aprobada por el Congreso en 1996 impidió a los jueces de inmigración considerar si la deportación sería excesivamente dura tomando en cuenta las relaciones familiares de los inmigrantes, sus vínculos comunitarios, su trayectoria en el servicio militar estadounidense o la posibilidad de sufrir persecución si se le retornaba a su país de origen.

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La deportación ocurre después de que la persona no ciudadana ha cumplido el plazo de la sentencia impuesta para el crimen, acotó.

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