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Revés para ley antiinmigrante

Revés para ley antiinmigrante

Un juez federal dictaminó que la ley antiinmigrante de la ciudad de Hazleton, Pensilvania, viola la Constitución de EU.

Precedente favorable

Millones de indocumentados en Estados Unidos respiraron un poco más tranquilos el jueves tras el fallo de un juez federal que declaró inconstitucional una ley aprobada por el Concejo Municipal de Hazleton, Pensilvania, que entre otras medidas prohibía a propietarios alquilar residencias a extranjeros sin papeles de estadía en el país.

Expertos citados por agencias de prensa dijeron que el fallo sentó un precedente en los esfuerzos de los estados contra la población indocumentada.

En un dictamen de 206 páginas emitido en la localidad de Scranton (Pensilvania), el juez James Munley prohibió de forma "permanente" que la ciudad de Hazleton ponga en marcha una ley aprobada en 2006, que además sanciona a quienes den empleo a inmigrantes sin papeles, y declara el inglés como idioma oficial.

En resumen, el magistrado determinó que la tarea de regular la inmigración en Estados Unidos recae sobre el Gobierno federal, y que la ley de Hazleton atropella los derechos constitucionales de sus habitantes, así como los reglamentos estatales y federales sobre acceso a vivienda.

En el nombre de los hispanos

El juez emitió la decisión en el caso "Lozano v. Hazleton", tras una demanda entablada por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) en nombre de grupos hispanos, cívicos y empresariales, además de cuatro indocumentados anónimos, para frenar la llamada "Ley de Alivio por la Inmigración Ilegal".

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Munley explicó que pese a las modificaciones realizadas, la ley viola la Constitución estadounidense, que ampara incluso a los extranjeros.

"En su afán por controlar la presencia de un grupo al que considera indeseable, Hazleton violó los derechos de estas personas y de otras en la comunidad", enfatizó el juez.

La ley de Barletta

La ordenanza municipal de Hazleton fue aprobada el verano anterior en respuesta, según sus autores -entre ellos el alcalde Lou Barletta- al crecimiento en el nivel de crímenes violentos, en algunos de los cuales estuvieron involucrados inmigrantes indocumentados.

Kris Kobach, el fiscal del ayuntamiento y profesor de leyes en la Universidad de Misurí, había indicado que "estas ordenanzas fueron redactadas con mucho detalle", y agregó que "las violaciones a la constitución son imaginarias".

Pero Witold J. Walczak, director legal de la ACLU de Pensilvania, mencionó en uno de sus argumentos ante las cortes del estado que Hazleton había volteado los hechos para poder "satanizar a los indocumentados y convertirlos en sus chivos expiatorios injustamente".

Puntualizó que la satinización de los indocumentados se hizo con el fin se "culparlos por el crimen, escuelas sobresaturadas y otros problemas" que afectan a la ciudad.

"Tratar de achacar los problemas a los inmigrantes indocumentados es injusto", expresó.

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Batalla en la corte

Tras la aprobación de la ley, en julio de 2006, la ACLU y un grupo defensor de los derechos de hispanos, el Fondo para Defensa Legal y Educación de Puerto Rico, demandaron a Hazleton para revertir dichas leyes, alegando que usurpaban la facultad del gobierno federal de regular la inmigración y que privaban a los residentes de sus derechos constitucionales a protección en igualdad de condiciones y a un proceso justo.

Kobach calificó los argumentos legales de los demandantes de "tontos" y "absurdos", y en particular se burló del testimonio de un experto, quien dijo que sólo un juez en materia de inmigración podía determinar el estatus migratorio de alguien.

"Si uno cruza la frontera clandestinamente, se convierte en indocumentado en el momento en que pisa suelo estadounidense, no cuando dos años más tarde un juez dice, 'vamos a deportarte'", expresó.

El primer escollo

A principios de noviembre del año pasado el juez Munley prohibió la puesta en vigor de las medidas en Hazleton hasta que se resolviera el asunto en la corte, el primer caso en Estado Unidos en analizar los esfuerzos locales para reducir la inmigración ilegal.

Al igual que Hazleton, docenas de ciudades grandes y pequeñas alrededor del país han seguido los pasos emprendidos por Barletta.

Cuatro meses más tarde, en marzo, Munley declaró que estaban en juego conceptos legales "muy complejos" y dio como plazo el mes de mayo para que cada parte presente argumentos adicionales en relación al caso, el cual gira en torno a si los gobiernos locales pueden actuar por su cuenta para frenar la inmigración indocumentada en Estados Unidos.

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Tras la presentación de los argumentos, la corte dijo que el fallo final demoraría mientras analiza las pruebas Entregadas tanto por la ciudad como por los demandantes.

Balde de agua fría

La decisión de Munley dada a conocer hoy jueves representa un balde de agua fría para los grupos conservadores en todo Estados Unidos que, hartos de la "carga pública" que según ellos suponen los indocumentados, exigen mano dura contra ellos.

"Que este dictamen sirva de alto a los políticos locales que piensan copiar una ley fallida y anticonstitucional como la de Hazleton", dijo Walczak.

Expertos consultados por la agencia Efe coinciden en que, aunque el dictamen no tendrá un efecto directo fuera de la jurisdicción del tribunal de Scranton, sí servirá de modelo para otros casos pendientes en los tribunales.

Stephen Yale-Loehr, profesor y experto en asuntos de inmigración de Cornell University, sirvió de testigo a favor de los demandantes y elogió el dictamen de Munley.

"Esta es una victoria histórica para los inmigrantes, y el dictamen demuestra que la Constitución de Estados Unidos se aplica a todos por igual en este país, incluyendo a los extranjeros", dijo.

La Raza satisfecha

Michelle Waslin, analista del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), dijo que "ojalá con decisión se envíe un mensaje de que medidas extremas contra los inmigrantes no serán toleradas, y que el Congreso debe aprobar una reforma migratoria para no dar pie a propuestas como la de Hazleton".

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"Los estados y localidades que están gastando mucho dinero de los contribuyentes en la defensa de medidas similares, deberían revaluar sus esfuerzos", agregó Waslin, cuyo grupo no participó en la demanda.

Desde 2000, Hazleton, una ciudad otrora minera de poco más de 30 mil habitantes en el noreste de Pensilvania, ha registrado un incremento de la población extranjera, legal e ilegal y principalmente latina. Muchos políticos, entre ellos el alcalde Lou Barletta, los culpan de todos los males de la ciudad.

Elogian la decisión

La mayoría de los grupos pro-inmigrantes, que presionan al Legislativo para que apruebe una reforma migratoria integral, emitieron sendos comunicados para elogiar la decisión del juez.

"La decisión en contra de Hazleton se suma a las victorias judiciales en Escondido (California), y Valley Park (Misuri)", señaló MALDEF, que logró frenar, por ahora, una ordenanza antiinmigrante en Farmers Branch (Texas).

Por su parte, Clarissa Martínez, de la Coalición para una Reforma Migratoria Integral, señaló que leyes como la de Hazleton son "censurables" porque, además de arremeter contra los inmigrantes con desinformación y estadísticas falsas, no corregirán el maltrecho sistema de inmigración de Estados Unidos.

La ley de Hazleton es una de centenares de medidas presentadas o aprobadas en todo el país para responder a la presencia de los indocumentados, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

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"Victoria", canta la ACLU

La ACLU, la mayor organización pro derechos civiles de Estados Unidos, calificó hoy de "victoria" y "un duro golpe para quien intente promover la discriminación" la sentencia de un tribunal federal contra una ordenanza de la ciudad de Hazleton que perjudicaba a los inmigrantes indocumentados.

El director ejecutivo de la ACLU, Anthony Romero, sostuvo hoy en una teleconferencia que esta disposición "era una violación de los derechos fundamentales".

"Esta decisión lanza un claro mensaje a aquellos alcaldes y funcionarios, así como a aquellas ciudades y condados de todo el país que se plantean medidas antiinmigrantes", agregó.

Decisión histórica

Para Foster Maer, consejero del Fondo Educativo y de Defensa Legal de Puerto Rico, se trata de una decisión histórica "que sienta precedentes en aquellos lugares que se encuentran en una situación similar".

Según afirmó, "resulta difícil involucrar a los inmigrantes en pleitos de este tipo, ante el temor de enfrentarse a una legislación a la que no pueden vencer". Por ello considera esta resolución como "esperanzadora". "Es mejor trabajar juntos y no considerar siempre al hispano como el chivo expiatorio", añadió.

Omar Jadwat, del Proyecto por los Derechos de los Inmigrantes, dijo que si el juez ha considerado esta ley inconstitucional, es porque "ésta es incompatible con la política legislativa federal en materia de inmigración".

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Además, añadió, "este tipo de disposiciones legales supone malgastar el dinero de los contribuyentes, es un anatema a los valores norteamericanos, y una violación de la Constitución".

La primera en EU

Hazleton fue la primera en el país en adoptar una ordenanza municipal que penaliza con mil dólares diarios a las empresas que contraten a inmigrantes indocumentados o a los dueños de viviendas que les alquilen.

Las primeras oleadas de inmigrantes hispanos llegaron en los años ochenta, algunos mexicanos que venían a recoger las cosechas en los campos agrícolas y muchos dominicanos que antes vivían en Nueva York.

Pero en los últimos cinco años ha aumentado considerablemente la presencia de inmigrantes latinos, atraídos por los empleos en las procesadoras de carne y en fábricas, posiblemente hasta sumar unos 10 mil, según cifras municipales.

Las autoridades de Pensilvania dijeron que los acusados del asesinato de Dereck Kichline, los dominicanos Juan Romero y Pedro Cabrera, seguirán en prisión hasta que sean deportados de Estados Unidos.

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