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Redadas de inmigrantes lesionaron derechos de trabajadores en Estados Unidos

Redadas de inmigrantes lesionaron derechos de trabajadores en Estados Unidos

Redadas de inmigrantes interfirieron con investigaciones laborales y permitieron que patronos explotaran a trabajadores.

La ley protege a todos

WASHINGTON - Las redadas de inmigrantes realizadas por el gobierno del ex presidente George W. Bush (2001-2009) en centros de trabajo interfirieron con las investigaciones laborales y permitieron que patronos explotaran a trabajadores que los denunciaban, reveló un reporte firmado por el sindicato AFL-CIO, la organización de Derechos Estadounidenses en el Trabajo (American Rights at Work, ARAW) y el Proyecto Nacional de Leyes Laborales (National Employment Law Project –NELP-) difundido el martes.El informe titulado "ICED Out: How Immigration Enforcement Has Interfered with Workers' Rights" (Cómo la aplicación de las leyes migratorias ha interferido con los derechos de los trabajadores), se basa en un número cada vez mayor de investigaciones en que se establece la disminución en las protecciones del lugar de trabajo en Estados Unidos.

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Las acciones sobre los inmigrantes fueron fortalecidas a costa de la aplicación rigurosa de la protección laboral que debería ofrecerse a todos los trabajadores sin importar su situación inmigratoria, señala el documento.

El alto nivel de arrestos y el uso de agentes federales de inmigración generalmente mal capacitados, menoscabaron considerablemente las iniciativas para proteger los derechos de los trabajadores en detrimento de los obreros tanto inmigrantes como nacidos en el país, agrega el reporte.

"El enfoque enérgico en la aplicación de las leyes de inmigración, sin considerar la violación de las reglas en los centros laborales, permitió que los empleadores con infracciones desenfrenadas en la contratación y el trabajo lucren contratando a trabajadores que tienen terror de quejarse", consideraron los autores del informe.

La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) es el sindicato más grande de Estados Unidos.

Estudio a nivel nacional

Los autores de la investigación precisaron que basados en diversos estudios de casos de todo el país, el informe ofrece un análisis sin precedentes sobre cómo se ha deteriorado la división entre el cumplimiento de las leyes migratorias y las laborales, y cómo pueden proceder el gobierno y los organismos federales para restablecer el equilibrio.

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Los autores, a quienes se sumará un grupo de obreros inmigrantes afectados por esta situación, presentaron sus hallazgos y sugerencias en una conferencia que tuvo lugar en la oficina principal de la AFL-CIO, en Washington DC.

"Es preciso reajustar el equilibrio entre la aplicación de las leyes migratorias y las condiciones laborales en el lugar del trabajo", señaló la Rebecca Smith, coautora del informe y miembro del Centro Nacional de Leyes Laborales (National Employment Law Center).

"La incapacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de sostener el cortafuego entre la aplicación de los leyes migratorias y la aplicación de leyes laborales debilitó las políticas de los dos", apuntó. "Empresarios han sido fomentados a violar los leyes salariales/horarias, requisitos de la OSHA y leyes laborales justas que protejan los derechos a entablar convenios colectivos. Como resultado, todos los trabajadores, tanto inmigrantes como nacidos en el país, están sufriendo condiciones laborales menos favorables"

¿Debería el gobierno de Obama frenar las redadas hasta que el Congreso debata y apruebe una reforma migratoria? Comente aquí.

Datos que inquietan

La AFL-CIO dijo además que basado en estudios de casos efectuados en diversos estados del país -incluyendo California, Texas, Tennessee, Kansas, Iowa, Rhode Island, Florida y Oregon– el informe examina una serie de incidentes inquietantes entre 2005 y 2008, en los cuales el ICE, una de las 23 divisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cometió los siguientes fallos:

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  1. Efectuó operativos coercitivos a petición de los empleadores, sus subrogantes y otros organismos policiales;
  2. Realizó una supervisión centrada en la inmigración durante conflictos laborales;
  3. Efectuó operativos coercitivos con pleno conocimiento de la existencia de un conflicto laboral en curso;
  4. Hizo uso de subterfugios para efectuar operativos coercitivos; y
  5. Interfirió directamente con la administración de justicia al arrestar a obreros en la entrada de juzgados.

Uso de perfil racial

Las tres entidades laborales que firmaron el documento precisaron que la Contraloría General del Gobierno (Government Accounting Office, GAO) recientemente criticó al ICE por una supervisión y capacitación inadecuadas en el programa, y frecuentemente se ha mencionado que contribuye a la discriminación racial.

"Centrarse en arrestos y otros tipos de aplicación de leyes migratorias sin considerar el cumplimiento de leyes labores y de empleo no aborda lo que realmente sustenta la inmigración ilegal, (esto es) la facultad prácticamente ilimitada de los empleadores para explotar económicamente a los trabajadores inmigrantes", dijo Ana Avendaño, de la AFL-CIO y una de las coautoras del informe.

Solicitaron, además, al gobierno del presidente Barack Obama que equilibre la aplicación de las leyes sobre la inmigración y el trabajo y recomendaron volver al tipo de acuerdo alcanzado en 1998 entre el Departamento del Trabajo (DOL) y el ahora desaparecido Servicio de Inmigración y Naturalización (INS).

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El convenio estableció reglas de cooperación, pero prohibía que la aplicación de las leyes de inmigración entorpeciera la utilización de las reglas laborales, de modo que los inmigrantes empleados no tuvieron temor de denunciar problemas con los patronos.

"Se pueden hacer ambas cosas: Se pueden aplicar las leyes de inmigración, y se puede proteger a los trabajadores que son víctimas de empleadores sin escrúpulos", dijo Julie Martínez Ortega, directora de investigación de Derechos Estadounidenses al Trabajo.

El testimonio de Díaz

En la conferencia de este martes en Washington DC, Josué Diaz, un obrero inmigrante quien fue reclutado de un centro de jornaleros en New Orleáns, Louisiana,  a trabajar en Texas en construcción después del paso del huracán Ike, relató su historia personal.

"Nos forzaron vivir en tiendas de campañas en un campamento laboral en una refinería de petróleo aislado. Tuvimos que trabajar bajo condiciones tóxicas sin equipo de seguridad.  Fuimos sometidos a tratamiento racista y deshumanizado…", denunció.

Díaz agregó que "cuando protestamos la discriminación y tratamiento ilegal, nuestro patrón llamó a la policía local y al servicio de inmigración.  Fuimos arrestados inmediatamente. En vez de proteger nuestros derechos laborales en contra de la compañía, la policía e inmigración intentaron volvernos criminales".

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Estrategia de seguridad

En 2003 el INS fue disuelto como parte de una nueva estrategia de seguridad nacional en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. La agencia se dividió en tres nuevas dependencias, una de ellas la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), que se encarga de este tipo de asuntos, entre otras funciones.

Las otras dos dependencias son la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), encargada de redadas, centros de detención de indocumentados y deportaciones, y la Patrulla Fronteriza (US Customs and Border Protection -CBP-).

Las tres dependencias operan bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y no bajo la autoridad del Departamento de Justicia, como era hasta 2003.

El último balance

Durante el año fiscal 2008 (del 1 de octubre de 2007 al 30 de septiembre de 2008), unidades de ICE ejecutaron más de 1,200 redadas en centros de trabajo y arrestaron a más de 6 mil inmigrantes indocumentados.

La cifra aportada por la agencia federal no incluyó redadas en residencias particulares, aeropuertos, puestos de control en carreteras y otros puntos estratégicos.

El informe subrayó que en 2008 el ICE realizó 6,287 arrestos (5,184 administrativos; 1,103 penales) debido a infracciones de inmigración en los lugares de trabajo, y sólo una pequeña fracción de sus arrestos (2.1%) fue a empleadores o a sus agentes.

Simultáneamente, ICE dijo contar con más de 100 grupos especiales que busca a nivel nacional a unos 540 mil inmigrantes cuyos nombres fueron agregados a la base de datos del National Crime Information Center (NCIC) por tener antecedentes criminales o no haber cumplido con una orden de deportación final emitida por una corte de inmigración.

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Redadas electrónicas

Tras la toma de posesión de Obama, el 20 de enero, el DHS modificó parte de la estrategia contra la inmigración indocumentada y cambió las batidas de inmigrantes en centros de trabajo por la ampliación del sistema de verificación de empleo conocido como E-Verify.

El sistema obliga al empleador a enviar al USCIS los datos de identidad de todos sus trabajadores para que la agencia verifique si tienen permiso de estadía legal y autorización de empleo.

En caso de duda o comprobarse que el empleado carece de las autorizaciones migratorias correspondientes, el patrono está obligado a despedirlo.

Abogados, periódicos, organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes, religiosos y activistas a nivel nacional exigen al Congreso que apruebe una reforma migratoria amplia que legalice a la mayoría de los 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, y que mientras dure el debate detenga las redadas para evitar que familias con hijos de niños estadounidenses se vean dañadas por el fenómeno de la deportación.

Univision.com reportó el lunes que entre noviembre y enero el Congreso recibirá dos planes de reforma. Ambos proyectos contemplarán, entre otros, la legalización, el sistema de verificación de empleo, las redadas y el blindaje de las fronteras.

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