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Redada causó demanda

Redada causó demanda

Detenidos en Connecticut, presentaron una demanda contra las autoridades locales y el servicio de inmigración.

Acciones "discriminatorias"

NUEVA YORK - Nueve inmigrantes procedentes de Ecuador y otros países, detenidos el año pasado en la ciudad estadounidense de Danbury (Connecticut), presentaron una demanda contra las autoridades de la localidad y los agentes del servicio de inmigración, a los que acusan de violar sus derechos civiles.

Los inmigrantes, que tramitaron la reclamación ante un juzgado y están representados por estudiantes de Derecho de la Universidad de Yale, aseguraron que sus arrestos fueron ilegales y forman parte de las acciones "discriminatorias" que lleva a cabo la alcaldía de Danbury para aplicar la ley de inmigración.

El caso se remonta a septiembre de 2006 cuando los demandantes y otros dos trabajadores fueron detenidos durante una operación secreta en el centro de la ciudad, en la que unos agentes de la policía local se hicieron pasar por empleadores, explicaron en un comunicado.

Tras convencerles de que los contratarían para derribar una cerca, los jornaleros abordaron un vehículo que los llevó a un descampado donde fueron detenidos por la policía local, con ayuda de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Tratados como criminales

Los trabajadores fueron acusados de violar las leyes migratorias y llevados a varios centros de detención.

"Me trataron como a un criminal violento y lo único que intentaba hacer es encontrar trabajo. Salgo de la camioneta y de repente estoy rodeado, me empujan contra el vehículo y me ordenan que no me mueva", dijo Juan Barrera, uno de los demandantes de Danbury.

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En la querella se detalla que la policía de esa localidad de Connecticut, un estado al norte de Nueva York, "no tiene autoridad para ejercer arrestos relacionados con la inmigración" y que la ciudad ha hecho de los latinos "su blanco, en una forma de discriminación racial que viola la Constitución".

Alcalde en la mira

La demanda implica al alcalde de Danbury, Mark Boughton, y al jefe de la policía local, Alan Baker, así como a nueve agentes federales de inmigración.

"Estos arrestos van más allá de lo que está permitido que haga la policía en cuestiones de inmigración", dijo Geri Greenspan, una estudiante perteneciente a la Organización de Servicios Legales Jerome N. Frank, de la Universidad de Yale, que representa a los inmigrantes.

Greenspan también agregó que, en los últimos tiempos, varios conductores latinos han sido objeto de detenciones cuando se les para con el pretexto de haber cometido infracciones menores de tráfico, algo que calificó de ilegal.

"Mala polìtica"

"Acosar a trabajadores, elegir como blanco a conductores latinos es más que ilegal, y se trata de una mala labor policial y una mala política", dijo Greenspan.

A la demanda de los nueve jornaleros se sumó el caso del conductor Danilo Brito Vargas, que en febrero pasado fue detenido mientras acompañaba a su esposa a la lavandería y al cabo de un mes fue deportado a Ecuador.

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