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Rechazaron reforma restrictiva

Rechazaron reforma restrictiva

Una nueva versión republicana de reforma migratoria enfocada en la seguridad fronteriza fue rechazada por el Senado.

Veintiocho días después

Una nueva versión de reforma migratoria, esta vez enfocada en la seguridad fronteriza a un costo de $3 mil millones, fue derrotada el miércoles en el Senado por 52-44.

Para ser aprobado, el plan –patrocinado por los republicanos- requería el voto de al menos 60 de los 100 asientos de la Cámara Alta.

La iniciativa fue presentada 28 días después del fracaso del debate migratorio que, además de considerar un fuerte componente de seguridad nacional, incluía una vía de legalización para la mayoría de los 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.

La nueva y apresurada versión de reforma también incluía otorgar poderes extraordinarios a las policías locales (estatales y municipales) para arrestar indocumentados, una responsabilidad hasta ahora que sólo recae en el gobierno federal estadounidense.

A espaldas de Bush

Los senadores republicanos, entre ellos Lindsey Graham (Carolina del Sur) y Judd Greeg (New Hampshire), solicitaron la aprobación de $3 mil millones para fortalecer la seguridad a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

La medida, a pesar de no contar con el apoyo de la Casa Blanca, iba a ser agregada a un proyecto de ley pendiente para asignar fondos al departamento (ministerio) de Seguridad Nacional (DHS).

Gregg dijo poco antes de la votación que el asegurar las fronteras en Estados Unidos era un tema tan prioritario como combatir al terrorismo y la guerra en Irak.

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Veto anunciado

La Casa Blanca había advertido que el presidente George W. Bush vetaría la ley si ésta era aprobada, argumentando que la iniciativa "rompía" el plan de seguridad que el mandatario propuso al Congreso.

En junio Bush entregó al legislativo una iniciativa de protección fronteriza que contemplaba la inclusión de una reforma migratoria, pero el nuevo plan de seguridad discutido y rechazado el miércoles no lo incluyó.

Al momento de proceder a la votación, los demócratas (que cuentan con 51 votos en el Senado de los 100 asientos) se unieron y frustraron el plan.

Dinero con condiciones

Después de ganar la batalla, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid (Nevada), anunció que la Cámara Alta aprobará el dinero para el control de la frontera, pero tras quitar algunas cláusulas de políticas consideradas como muy duras por los opositores a la administración de Bush.

Una de las cláusulas contempladas en el proyecto republicado refería permitir que agentes de policía local pudieran interrogar a personas sobre su estatus migratorio.

Los agentes también podrían ejecutar procedimientos enérgicos sobre personas que se quedan en el país más tiempo del autorizado en sus visas e imponer sentencias de cárcel obligatoria a los que crucen la frontera ilegalmente.

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Iniciativas similares fueron rechazadas por el Senado el 25 de mayo de 2005 y el 14 de septiembre de 2006 en las denominadas 'Ley HR 4437' y 'Ley del Muro', respectivamente.

Reforma estancada

Los senadores Graham y Kyl advirtieron que los estadounidenses no aceptan el plan para dar a inmigrantes sin papeles en Estados Unidos una forma de obtener la ciudadanía hasta que se refuerce la seguridad en la frontera con México.

El último debate de la reforma migratoria en el Senado se inició el 21 de mayo y finalizó el 28 de junio por falta de apoyo bipartidista.

Una moción presentada por el líder demócrata Harry Reid (Nevada) con el fin de detener una lluvia de enmiendas encaminadas a impedir que los indocumentados legalicen su permanencia y acelerar el voto, fue desestimada y con ello frenado el proceso de discusiones.

Detalles del plan

El más reciente plan de reforma migratoria fue redactado en secreto entre abril y mayo por una comisión negociadora integrada por demócratas, republicanos y la Casa Blanca, entre los meses de abril y mayo.

La versión incluía un fuerte componente de seguridad para aumentar la vigilancia fronteriza, un programa de trabajadores temporales, otro para frenar el tráfico de indocumentados, un tercero para detener el robo de identidad y uno más que permitía la residencia a indocumentados que se encontraban en el país desde el 1 de enero de 2007.

Los elegibles pagarían una multa de $1,000 para recibir una visa temporal de residencia y deberían someterse a un sistema de puntos y verificación de antecedentes criminales.

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Segunda multa

Concluido el proceso -de verificación de identidad y evaluación bajo el sistema de puntos- en un plazo máximo de tres años, los beneficiarios tendrían que pagar una segunda multa de $4 mil.

Luego tendrían que salir del país para gestionar en una embajada estadounidense la visa de residencia (tarjeta verde o green card), un trámite que podría dilatar hasta un año.

El sector conservador republicano rechazó la idea de permitir legalizar a los indocumentados y exigió una reforma migratoria sólo basada en aspectos de seguridad.

También cuestionaron el hecho de que los indocumentados estaban quitando oportunidades y empleos a los trabajadores estadounidenses.

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