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Radiografía informe de La Raza

Radiografía informe de La Raza

Radiografía del estudio 'Pagando el Precio: El Impacto de las Redadas de Inmigración Sobre los Niños en EU'.

Los más vulnerables

Tras varios meses de estudio en tres comunidades donde el departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) llevó a cabo redadas masivas en centros de trabajo (Greenley, Colorado; Grand Island, Nebraska; y New Bredford, Massachussets), el Consejo de La Raza (NCLR) y The Urban Institute elaboraron un amplio informe que muestra el daño causado a cientos de niños estadounidenses y el riesgo que corren otros 3 millones, hijos de inmigrantes indocumentados.

El objetivo principal del estudio ´ Pagando el Precio: El Impacto de las Redadas de Inmigración Sobre los Niños en Estados Unidos´ es mostrar el drama humano detrás de cada detención y evaluar el impacto real de las redadas, sobre todo en los niños con padres indocumentados.

El estudio se centra en los menores porque la sociedad debe velar por ellos, especialmente cuando son ciudadanos estadounidenses y Estados Unidos es su hogar.

Ellos, los niños afectados por las detenciones (la pobreza después de una redada y el golpe sorpresivo de un allanamiento), merecen toda la atención de la sociedad, sobre todo su estabilidad emocional, financiera y afectiva, dice el documento.

Número de afectados

En promedio, el número de niños afectados en las tres redadas del estudio (Greenley, Grand Island y New Bedford) es de alrededor de la mitad el número de adultos detenidos.

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Los adultos detenidos y considerados en el estudio fueron 900. Los niños afectados, 500.

La mayoría de los niños afectados son ciudadanos de Estados Unidos (más de 300), y son los más vulnerables de nuestra sociedad, los niños pequeños, algunos incluso recién nacidos.

En dos de los sitios donde se realizaron redadas, el 79 por ciento y el 88 por ciento de los niños afectados tienen 10 años de edad o menos. Y en un sitio, más de la mitad de los niños eran de edades de cinco años o menos.

Daños inmediatos

Los procedimientos que utilizó el ICE en las redadas masivas hicieron difícil organizar el cuidado de los niños cuando sus padres fueron detenidos.

Muchos detenidos firmaron documentos de salida voluntaria y abandonaron el país antes de que pudieran ponerse en contacto con abogados de inmigración, con sus familias o con los consulados de sus países de origen.

En los lugares de detención había un acceso muy limitado a teléfonos para que los arrestados pudieran comunicarse con sus familias y muchos fueron trasladados a remotos centros de detención fuera de los estados en los que fueron arrestados.

Algunos padres solteros y otros que estaban cuidando niños fueron puestos en libertad el mismo día de la redada, pero otros permanecieron varias noches y días encarcelados.

Muchos de los padres detenidos tuvieron miedo de revelar sus nombres y creyeron que el ICE tomaría y les arrebatara la custodia.

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Las primeras respuestas

En los días y semanas posteriores a las redadas, familiares y redes de la comunidad asumieron importantes responsabilidades en el cuidado de los niños y demás personas a cargo de los inmigrantes arrestados por el ICE.

Las familias enfrentaron importantes dificultades como la inestabilidad económica debido al corte de los ingresos de los padres que trabajaban, por lo general el principal y único sostén de la familia.

Las más necesidades más inmediatas fueron alimentos, fórmula para bebé, pañales, ropa y otros artículos.

Las familias afectadas fueron en general reacios a acudir a oficinas públicas a buscar asistencia porque tenían miedo de ser arrestados y deportados.

Muchas familias se escondieron en sus casas, en algunos casos en los sótanos o retretes por días y semanas, y no abrieron la muerta a nadie, aunque en muchos casos se trató de activistas que les llevaban  alimentos y dinero.

Abandonados en escuelas

El día de las redadas las escuelas reaccionaron bien y evitaron que los niños salieran de clases y quedaran a la deriva porque sus padres estaban arrestados.

El distrito escolar de Grand Island, Nebraska, puso en marcha un plan y se puso en contacto con todos los niños cuyos padres trabajaban en la planta de Swift & Co. para determinar que cada niño quedara supervisado por un adulto.

Ningún niño se quedó sólo. El estudio resaltó el apoyo de las familias, de amigos, organizaciones comunitarias, iglesias y otros. Todos los niños afectados recibieron protección y asistencia el mismo día.

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Algunos adolescentes, sin embargo, se quedaron en compañía de otros adolescentes o al cuidado de niños más pequeños, pero cerca de ellos había adultos supervisando.

Efecto a largo plazo

Muchos padres fueron deportados pocos días después de su detención. Las familias hicieron arreglos para intentar que el padre regresara a Estados Unidos.

Otros padres fueron detenidos durante meses y sólo los liberaron después de pagar una fianza (en algunos casos de $10 mil o más). Pero no todos fueron liberados antes de proceder a su deportación.

Durante la época en que estos padres fueron detenidos, sus hijos y otros miembros de la familia reconocieron importantes dificultades, incluida la dificultad para hacer frente a las consecuencias económicas y el estrés psicológico causado por la detención.

Las dificultades han aumentado con el tiempo, ya que las familias de escasos ahorros y fondos, y que vivían del trabajo diario, ya agotaron las reservas.

Daños irreparables

Algunas organizaciones consiguieron fondos para asistir a familias durante uno o dos meses, pero los arrestos generalmente duraban de dos a tres meses, y en algunos casos permanecieron arrestados cinco o seis meses.

Otros fueron puestos en libertad, pero esperaron hasta que el último de los detenidos compareciera ante un juez para liberarlos, tiempo durante el cual no pudieron trabajar.

El aumento de las difíciles condiciones de vida entre las familias se extendieron, se agravaron y las redes familiares necesitaron más recursos, porque adquirieron cada vez más y más responsabilidades para cuidar de los niños de padres detenidos.

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Después de la detención o desaparición de sus padres, los niños han experimentado sentimientos de abandono y mostraron síntomas de traumas emocionales, coacción psicológica y problemas de salud mental.

Familias continúan ocultándose y temen ser detenidos si salen a la calle. El aumento de aislamiento social la crecido a lo largo del tiempo.

Las comunidades de inmigrantes se enfrentan al temor de futuras redadas por ser indocumentados o por ser etiquetados bajo el estigma de ser indocumentados.

La combinación de miedo, aislamiento y las dificultades económicas acarrean problemas de salud mental tales como la depresión, el trastorno de la separación, la ansiedad, el trastorno del estrés post traumático y pensamientos suicidas.

Respuestas comunitarias

Los dirigentes de la comunidad iniciaron intensas y amplias actividades de respuesta para ayudar a las familias de los inmigrantes después de las redadas.

Las instituciones religiosas se convirtieron en el centro de distribución de puntos de socorro, ya que se consideran "seguras" por parte de las familias.

Pero en el largo plazo las ayudas de las iglesias no fueron viables debido a la limitada capacidad de respuesta en infraestructura, personal y recursos financieros.

En Grand Island varias agencias estatales y dirigentes locales contaban con experiencia para ayudar debido a una redada masiva registrada en 1992.

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El departamento de Servicios Sociales de Massachussets (DSS) envió trabajadores a los centros de detención del ICE en Texas para entrevistar a los detenidos. Tuvieron éxito en la liberación de padres de 20 familias y se ganó la confianza de la comunidad.

En Greenley (Colorado), por el contrario, la agencia de servicio social no es un sitio confiable. Una reciente ley estatal que requiere que los inmigrantes proporcionen documentos de identidad cuando piden ayuda. Y si descubren falsas identidades, son reportados al servicio de inmigración.

A pesar de los esfuerzos por difundir los daños causados por las redadas y el hecho de que los afectados directos son niños ciudadanos de Estados Unidos elegibles para una amplia gama de beneficios y servicios públicos, son pocas las familias que solicitaron la asistencia pública en cualquiera de los tres sitios o estados afectados.

Conclusiones y recomendaciones

Los niños son los miembros más vulnerables de la sociedad; por lo tanto, Estados Unidos, al igual que la mayoría de las demás naciones, ha desarrollado sistemas para protegerlos.

Estos sistemas están diseñados para satisfacer las necesidades básicas de los niños tales como alimentación, vivienda y la atención de la salud, y que sean protegidos de todo tipo de daño físicos y psicológicos. Sin embargo, estos sistemas no pueden reemplazar a los padres cuando ellos son separados de sus hijos.

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Actual política de inmigración de Estados Unidos facilita la emisión de órdenes de detención de padres indocumentados y, por extensión, constituye la principal causa de separación de los padres de sus hijos.

El gobierno de Estados Unidos ha guardado silencio acerca de los efectos de estas incursiones en los niños (las redadas) y la ICE aún no ha reconocido plenamente que

las redadas y las largas detenciones son perjudiciales con severas consecuencias para las familias.

De hecho, el ICE no ha emitido directrices públicas o reglamentos sobre el trato a los padres durante su detención, encarcelamiento y deportación.

Más allá de la amplia preocupación por la falta de protección para los niños después de las redadas, la investigación también planteó muchas preocupaciones específicas acerca de la realización de allanamientos en lugares de trabajo y la respuesta de la comunidad a las redadas.

La siguiente es una breve lista de recomendaciones extraídas del estudio.

  • El Congreso debe supervisar la ejecución de la ley de inmigración y las actividades destinadas a garantizar que los niños estén protegidos durante la redada y otras operaciones.
  • El ICE debe asumir que siempre habrá niños, en general, niños de muy corta edad afectados por los adultos cuando son arrestados durante redadas en lugares de trabajo y debería elaborar un política para liberar a padres que tienen a su cargo niños.
  • Los padres solteros y aquellos que tienen bajo su cargo el cuidado de niños deben ser puestos en libertad con suficiente antelación a fin de evitar que sus hijos sufran interrupciones en su atención.
  • El ICE debe proporcionar los detenidos acceso a información escrita sobre cómo buscar asistencia.
  • Los detenidos tienen derecho a consultar sus derechos, a consultar y pedir asistencia al Consulado de su país.
  • Los detenidos deberían tener acceso a teléfonos, y la confidencialidad de sus conversaciones telefónicas debe garantizarse.
  • Las escuelas deben desarrollar sistemas para ayudar a asegurar que los niños tengan un lugar seguro para ir en caso de una redada, y para reducir el riesgo de que los niños se quedan sin la supervisión de un adulto cuando la jornada escolar termina.
  • Las oficinas de asistencia social y otros organismos públicos deberían preparar planes para responder a las redadas de inmigración y desarrollar estrategias de difusión para asegurar los padres y otros cuidadores de que es seguro para ellos buscar asistencia de emergencia y beneficios para los niños cuyos padres sean detenidos por el gobierno.
  • Las Iglesias y otras instituciones religiosas deben ser consideradas puntos centrales de la comunicación, la distribución de la asistencia y como una extensión de las agencias de ayuda a las familias afectadas por las operaciones ejecutadas por las autoridades de inmigración.
  • Los servicios sociales y la asistencia económica deben ser prestados a través de un prolongado período de tiempo, a menudo varios meses, hasta que el servicio de inmigración libere a los padres y sus casos se resuelven.
  • Consejería a largo plazo para los niños y sus padres para mitigar impacto psicológico puede ser también necesario.
  • Familiares, amigos, líderes comunitarios y proveedores de servicios deben elaborar planes para las familias de los inmigrantes en el caso de un solo de los padres o cuidador primario este a cargo del cuidado de un hijo y que estén dispuestos a proporcionar al ICE la documentación necesaria para que las autoridades liberen al detenido en una redada.
  • Abogados de inmigración, defensores de lo derechos de los inmigrantes, líderes comunitarios y otros deberían ser honestos con los inmigrantes detenidos acerca de sus posibilidades de permanecer en Estados Unidos y poder entonces diseñar un buen plan estratégico para ganar un caso.
  • En las redadas se detuvo a inmigrantes que no podían pagar grandes honorarios a abogados en casos, además que no tenían grandes probabilidades de éxito, especialmente cuando ya están haciendo frente a importantes dificultades económicas.
  • Un centro de intercambio de información acerca de cómo responder a las redadas debe ser desarrollado a nivel nacional. Dicho centro podría ser un repositorio de historias acerca de las redadas, una vía para el intercambio de información, y un centro para el desarrollo de mejores prácticas en la prestación de servicios (sociales y de ayuda legal a los inmigrantes detenidos).
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Décadas de experiencia

La Raza fue fundada 1968 y se trata de una organización privada, sin fines de lucro, no partidaria no lucrativa que riene su sede en Washington, D.C.

The Urban Institute, también fundado en 1968, se dedica a la investigación de las consecuencias sociales, económicas, y los problemas de gobernabilidad que enfrenta Estados Unidos, y evalúa los medios públicos y privados para aliviar problemas que afectan e impactan a la comunidad.

El informe "Pagando el Precio: El Impacto de las Redadas de Inmigración Sobre los Niños en Estados Unidos" revela los horrores que han vivido familias víctimas de leyes antiinmigrantes, donde los más damnificados son los más pequeños de la sociedad.

Se trata del primer informe en su clase que revela detalles hasta ahora desconocidos por el público sobre cómo se llevaron a cabo las redadas y los padecimientos de cientos de familias que fueron arrastradas a la desesperación y la pobreza.

Los autores del informe

Los autores del estudio son los investigadores Randy Capps, Rosa María Castañeda, Ajay Chaudry y Robert Santos, del Instituto Urbano.

Los autores agradecieron a Joe Hammell y Kathleen Moccio de Dorsey & Whitney LLP, en Minneapolis, para la revisión de los borradores del informe y proporcionar sus puntos de vista sobre cuestiones jurídicas.

Personal de NCLR contribuyó a la realización del informe, entre ellos Miriam Calderón, Director Asociado del Centro de Análisis de Políticas; Flavia Jiménez, decano de la inmigración y Análisis Político; Catherine Han Montoya, Coordinadora del Programa de las nuevas comunidades latinas; Michele Waslin, directora de investigación y política migratoria, y Cecilia Muñoz, vicepresidente de La Raza.

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También colaboraron Jennifer Kadis, Director de Control de Calidad; Nancy Wilberg, Editor Asistente; Jackeline Stewart, Copy Editor; Y Ofelia Ardón - Jones, Gerente de Producción y especialista Superior de Diseño de Gráficos y diseño.

La cabeza de una redada

Las redadas en estudio fueron ejecutadas por la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), una de las agencias que integran el departamento de Seguridad Interna (DHS) de Estados Unidos y que tiene bajo su cargo la ejecución de la ley de inmigración.

En los últimos tres años, ICE aumentó el ritmo de trabajo y redadas para detener a inmigrantes indocumentados. El número de inmigrantes indocumentados detenidos en los lugares de trabajo aumentó más de siete veces entre 2002 y 2006, de 500 a 3,600.

Las operaciones incluyen labores de inteligencia (observación y recopilación de evidencias), redadas, arrestos y deportación de inmigrantes que han cometido delitos. También se cuentan operaciones de detención y deportación de puerta en puerta, arresto de inmigrantes con ordenes de deportación y allanamientos a gran escala de presuntos indocumentados en lugares de trabajo.

Tras el colapso del debate migratorio en el Congreso (en junio), el ICE recibió recursos adicionales para sus operaciones y es probable que las redadas masivas aumenten en todo el país.

Nota del editor:

El estudio completo elaborado por The Urban Institute con el patrocinio del Consejo Nacional de La Raza (NCLR) tiene 110 páginas. Esta radiografía sólo constituye un bosquejo. Para comprender la magnitud del documento y asimilar todas las conclusiones y recomendaciones, hay que leer el documento íntegro, un esfuerzo que requirió meses de trabajo de campo, análisis y corroboraciones por parte de los investigadores que participaron en la elaboración del informe.

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