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Pronostican un mal año 2008

Pronostican un mal año 2008

Severas medidas antiinmigrantes marcaron el 2007 en Arizona y Texas. Pronostican que el 2008 será más difícil.

Cada día más difícil

Las redadas de la policía local y las rigurosas legislaciones municipales contra los inmigrantes indocumentados marcaron el año 2007 en Texas para la comunidad hispana.

Mientras, en el vecino Arizona activistas mostraron su preocupación ante la noticia de que el alguacil del condado Pima solicitó a la Junta de Supervisores permitir que agentes de la Patrulla Fronteriza puedan fungir como alguaciles en este condado.

Inmigrantes, con las manos vacías

Junto a las redadas cada vez más frecuentes contra los indocumentados, varios municipios han aprobado medidas para hacer más difícil la presencia de los inmigrantes sin papeles.

Este fue el caso en la ciudad de Farmers Branch (al norte de Dallas), donde el concejo municipal convocó un referéndum sobre la ordenanza que prohibía, entre otras cosas, que los propietarios de viviendas ofrezcan un contrato de arrendamiento a un indocumentado.

También obligaba a los gerentes de inmuebles a verificar el estatus migratorio o ciudadano de sus inquilinos y fijaba una multa de $500 por cada violación.

Freno temporal

El plebiscito se aprobó por amplia mayoría, pero a los pocas semanas, una orden de restricción temporal emitida por un tribunal federal cuestionó si la ordenanza era constitucional.

Desde entonces, se agudizó la batalla legal entre el ayuntamiento de Farmers Branch y los diferentes grupos cívicos y comunitarios.

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De hecho, el alcalde de Farmers Branch, Bob Phelps, exhortó a la población de esa ciudad a no apoyar la medida porque de hacerlo, se enfrentarían a varias demandas judiciales "que le costaría muy caro a los contribuyentes".

Propietarios demandan

A los pocos días del plebiscito, los dueños de viviendas y varios inquilinos presentaron dos demandas judiciales.

Una buscaba compensación monetaria por los efectos negativos que había causado la ordenanza, como la pérdida de inquilinos.

La otra reclamaba que los términos de la ordenanza no eran competencia del gobierno local sino mas bien del gobierno federal.

Medida polémica

En los últimos meses de 2007, la ciudad de Irving fue también criticada por un programa que implementó el año pasado para controlar el flujo de indocumentados.

El denominado Criminal Allien Program (CAP) permite la identificación de los extranjeros que han cometido delitos y que se encuentran bajo custodia local, estatal y federal para asegurarse que completen su condena y su posible deportación.

Además, autoriza a la policía local coordinar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en el caso particular de los indocumentados que hayan cometido un delito.

Más detenciones

Además de estas medidas legales, las redadas se multiplicaron por lo que se generó intranquilidad y temor entre los indocumentados.

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Las autoridades consulares de México del norte de Texas denunciaron las redadas masivas en Irving porque se realizaban "sin una causa justificada".

Enrique Hubbard, titular del Consulado General de México en Dallas, exhortó a la población indocumentada de su país a ser cautelosa al conducir por esta ciudad y acusó a las autoridades policiales de Irving de perseguir a los "sin papeles".

Por faltas simples

Hubbard denunció que la policía de Irving detuvo a muchos hispanos simplemente por una infracción de tránsito para solicitar de inmediato el estatus migratorio del sospechoso.

Desde que se implementó el programa CAP, la policía de Irving ha intervenido en más de 1.600 deportaciones, cuya mayoría comenzó a raíz de una infracción de transito.

Tras varias reuniones entre las autoridades de esa ciudad y grupos cívicos, además de marchas de protesta, el número de deportaciones ha disminuido en Irving.

Alarma en Arizona

Activistas en Arizona mostraron su preocupación el miércoles ante la noticia de que el alguacil del condado Pima solicitó a la Junta de Supervisores permitir que agentes de la Patrulla Fronteriza puedan fungir como alguaciles en este condado.

"Este es una peligrosa propuesta que podría incrementar el acoso en contra de nuestra comunidad", dijo Isabel García, abogada y directora de la Coalición de los Derechos Humanos en Arizona.

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Indicó que si esta medida es aprobada por la junta de Supervisores del condado Pima los agentes de la Patrulla Fronteriza tendrían la autoridad de un alguacil para detener y cuestionar a una persona que cometa una presunta infracción de tráfico.

Paso de contrabando

El condado Pima abarca gran parte de la frontera entre Arizona y Sonora (México), incluye las ciudades fronterizas de Nogales y de Tucson, las cuales se han convertido en el paso de contrabandistas de indocumentados, mejor conocidos como "coyotes" o "polleros".

En una misiva enviada a los Supervisores la semana pasada, el alguacil del condado Pima, Clarence Dupnik, aseguró que esta medida ayudará a combatir la criminalidad relacionada con el tráfico de indocumentados y de drogas.

En opinión del oficial, es importante que los agentes fronterizos tengan estas funciones, particularmente cuando se encuentran investigando un caso, bien en áreas remotas o rurales del condado.

Justos por pecadores

Pero para personas como García, la propuesta podría significar un incremento en los casos de detenciones bajo perfil racial.

Opinión que comparte Kat Rodríguez, activista que trabaja con los inmigrantes deportados en los albergues ubicados en ciudades fronterizas del lado mexicano.

"Aunque los oficiales digan que no existe el perfil racial, sabes que el solo hecho de que una persona de apariencia mexicana maneje una camioneta 4x4, traiga sombrero y venga escuchando música en español, puede ser motivo para que la policía lo pare", dijo Rodríguez.

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Aumentarán los arrestos

Actualmente la presencia de la Patrulla Fronteriza en ciudades como Tucson es mucho menor que en otras ciudades como Nogales.

"Si los agentes fronterizos se convierten en alguaciles, podríamos ver una mayor detención de personas dentro de las ciudades por infracciones menores de tránsito", sostuvo la activista.

El alguacil Dupnik no proveyó información sobre cuántos oficiales fronterizos podrían recibir el nuevo rango.

Actualmente la Patrulla Fronteriza sector Tucson, que abarca parte del condado Pima, tiene asignados más de 2 mil agentes.

Efecto dominó

El alguacil del condado Pima no es la única autoridad en Arizona que busca incrementar su relación con agentes federales de inmigración.

Desde principios de este año, el alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, obtuvo la certificación para que varios de sus agentes pudieran ejercer funciones migratorias y cuestionar a un detenido sobre su estatus en el país.

Actualmente un comité especial nombrado por el alcalde de Phoenix, Phil Gordon, estudia reformar una ordenanza que permita a los policías de esta ciudad contactar a Inmigración cuando detengan a un indocumentado, aunque se trate de una ofensa de tráfico.

"Estamos viendo que otras agencias del orden por lo general están buscando convertir sus oficiales en agentes fronterizos, pero aquí, será al revés, los agentes de la Patrulla Fronteriza se convertirían en alguaciles, y la verdad yo creo que es mucho peor", opinó García.

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Se espera que la Junta de Supervisores del condado Pima discuta la propuesta de Dupnik el próximo 2 de enero.

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