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Prince William no tiene dinero

Prince William no tiene dinero

La ejecución de la ley antiinmigrante de Prince William empobreció al condado y ya no queda presupuesto para el año 2008.

Un poco de historia

Dos semanas después de que el Senado canceló el último debate de la reforma migratoria, la junta de supervisores del condado de Prince William, Virginia, aprobó una ley que prohíbe alquilar de viviendas a indocumentados, sanciona la contrata ilegal y autoriza a la policía arrestar a inmigrantes sin papeles.

Pero siete meses después, la junta advirtió que no tiene fondos para ejecutar el reglamento y advirtió que le quedan menos de $3,400 de los poco más de $800 mil del presupuesto para el año 2008.

El 28 de junio de 2006 el Senado falló en el intento por aprobar un proyecto de reforma migratoria amplio que fue redactado en secreto por negociadores demócratas, republicanos y de la Casa Blanca. El proyecto incluía una compleja vía de legalización.

Ante el revés, la junta de supervisores de Prince William votó el 10 de julio a favor de gastar casi todos los fondos de reserva de contingencia del condado para financiar medidas contra los inmigrantes sin residencia legal.

La junta autorizó utilizar los $800 mil del fondo, lo que dejó menos de $3,400 disponibles para el resto del ejercicio económico que acaba en junio.

The Associated Press dijo que el condado ya destinó $325 mil al departamento de policía para implementar las iniciativas.

De qué se trata

La ley de Prince William exige a la policía que verifique el estatus de inmigración de cualquiera que sea detenido si el agente tiene motivos fundados para creer que la persona es un inmigrante sin papeles.

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La medida también incluye rechazar el otorgamiento de ciertos servicios del condado a los inmigrantes sin residencia legal, como la ayuda para alojamiento y las licencias de negocio.

Los opositores a la ley antiinmigrante alegaron en julio del año pasado que el condado se verá obligado a reducir servicios en el presupuesto para recuperar el costo de la iniciativa, y por la esperada caída de los ingresos tributarios por el éxodo de inmigrantes del área en busca de oportunidades en otros estados.

Miles en la mira

La ordenanza de Prince William exige que todos los funcionarios de agencias gubernamentales y el personal de las distintas dependencias del gobierno del condado verifiquen si los extranjeros que hacen uso de los servicios del condado viven legalmente en Estados Unidos.

La ley fue propuesta por el representante republicano John T. Stirrup (de Gainesville), quien recomendó además que las agencias de policía local lleguen a acuerdos con el departamento (ministerio) de Seguridad Nacional (DHS) lo antes posible para ejecutar la ordenanza.

El acuerdo recomendado por Stirrup permite a las autoridades del condado designar a los oficiales de policía para reforzar la ley de inmigración en Prince William, y entregar a los indocumentados a las autoridades federales.

Plan viejo

Autorizar a los departamentos de policía municipales y estatales para que su personal ejerza funciones como agentes de inmigración, es un plan ideado por el departamento de Justicia tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

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La ley de inmigración de 1996 permite que el servicio de inmigración llegue a acuerdos con autoridades estatales y locales para que la policía realice este tipo de funciones.

El entonces secretario de Justicia, John Ashcroft, explicó en 2003 que el plan formaba parte de la lucha antiterrorista dirigida por el gobierno de Washington.

Sin embargo y pese a las presiones del gobierno, hasta ahora la mayoría de agencias estatales de policía han advertido que ven en la medida una amenaza que puede echar por tierra el trabajo acumulado durante más de 30 años con comunidades de inmigrantes para combatir el crimen.

Temores fundados

Antes de que la medida entrara en vigor, el jefe de la policía del condado Prince William se pronunció contra la iniciativa de Stirrup y dijo que ésta reduciría la cooperación con las agencias del orden y afectaría negativamente los recursos ya escasos.

El jefe Charlie T. Deane advirtió que la restricción al acceso a los servicios de recreación conllevaría al aumento de delitos graves juveniles.

La ley de Prince William permite, además, que "cualquier persona nacida en Estados Unidos o inmigrante en situación legal" que viva en el condado obligue a las agencias del gobierno local a que cumplan las disposiciones de la medida.

Las razones de Stirrup

Para Stirrup, el autor de la ley, la inmigración ilegal tiene la culpa de "las dificultades económicas y del desorden que reina en el condado.

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Prince William, situado a unos 40 kilómetros al suroeste de Washington DC, ha visto como su población aumentó de 281 mil en el año 2000 a 347 mil en 2005, de acuerdo con cifras del censo.

La inmigración ha sido la principal causa de este aumento y en concreto la población hispana creció del 9.7 por ciento a un 18 por ciento del total, durante ese mismo período.

El efecto dominó

Pero el sentimiento antiinmigrante no se reduce sólo a Prince William.

Según un informe de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, en los últimos dos años las legislaturas de los estados de Estados Unidos, ante la ausencia de medidas del gobierno federal sobre inmigración, han debatido más de 1,400 medidas y aprobado unas 180 leyes.

El motivo principal de la abundancia de iniciativas antiinmigrantes en las legislaturas estatales -y varias ciudades- ha sido "la incapacidad" del Congreso federal y del gobierno del presidente George W. Bush para reformar la ley de inmigración, según el estudio, presentado en Boston, Massachussets.

"Los estados han salido a 'la cancha' y hacen lo que pueden, porque la falta de acción sería irresponsable", afirmó la senadora demócrata en Texas Leticia Van de Putte, que preside la conferencia.

Cifras en aumento

En 2007 las legislaturas estatales consideraron dos veces y media más iniciativas sobre inmigración que en 2006, y el número de las que se han convertido en ley duplica las 80 nuevas normas promulgadas en 2005, según la Conferencia.

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"El mensaje de nuestros votantes es fuerte y claro, están frustrados porque el gobierno no ha tomado medidas necesarias para asegurar la frontera", resaltó Timothy Bee, republicano que preside el senado de Arizona.

En 19 de los 50 estados de la Unión las nuevas leyes prohíben la contratación de trabajadores indocumentados, en tanto que once estados promulgaron 15 leyes que restringen o niegan los servicios públicos para inmigrantes indocumentados.

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