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Prince Wiliam postergó ley

Prince Wiliam postergó ley

La comunidad hispana de Prince Wiliam celebró la postergación de la vigencia de una ley antiinmigrante.

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Batalla ganada

WASHINGTON - La comunidad inmigrante del condado de Prince William, ubicada en el estado de Virginia, logró que se pospusiera hasta el 16 de octubre el voto sobre la entrada en vigor de la resolución antiinmigrante aprobada a mediados de julio, dos semanas después de que el Senado diera por finalizado el debate de la reforma migratoria.

La decisión adoptada por la junta de supervisores fue celebrado como una "victoria parcial", mientras continúan los esfuerzos en las cortes y en las calles -con manifestaciones de repudio- para detener la medida.

Inmigrantes no se irán de Prince Wiliam

Los inmigrantes de este condado de los alrededores de Washington, representados por la organización no lucrativa "Mexicanos Sin Fronteras", apuraron el martes sus últimos cartuchos con su participación en la reunión de la Junta de Supervisores de Prince William y ganaron la batalla.

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"Esto es una victoria parcial que nos demuestra que si no hubiéramos hecho nada, si nos hubiéramos movilizado, la resolución ya hubiese entrado en vigor", dijo Ricardo Juárez, portavoz de "Mexicanos sin Fronteras".

"Lo que ha ocurrido es muy valioso y ha sido gracias a los inmigrantes valientes que han luchado contra la injusticia", añadió.

Siguen las movilizaciones

Juárez explicó que hasta el próximo 16 de octubre seguirán con sus movilizaciones semanales establecidas y con el paro laboral convocado en Prince William para el próximo 9 de octubre.

Además de oponerse al contenido del texto, la comunidad inmigrante rechazaba la manera en que se planeaba su puesta en marcha, ya que se pretendía proceder a la votación de la misma una vez terminada la reunión de hoy, en la que se especificarían qué servicios se negarán a los inmigrantes indocumentados.

De ser así, los residentes de Prince William no hubieran tenido la oportunidad de expresar su opinión ante los últimos datos revelados por los informes presentados recientemente a la Junta de Supervisores, en los que se examina el coste para la comunidad de la puesta en marcha de las medidas.

No tienen dinero

Juárez, que apuntó que la Junta de Supervisores planea seguir adelante con la resolución, explicó que la votación a los detalles de su puesta en marcha ha sido pospuesta por la presión de la comunidad inmigrante y porque por el momento, no disponen del presupuesto para su implementación.

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"Habría que subir un 10 por ciento los impuestos y eso es algo intolerable", dijo Juárez.

El activista, que compareció ante la Junta de Supervisores para reiterar su rechazo a un texto legal que según él establece medidas "inconstitucionales y nada prácticas", entregó a la Junta de Supervisores del condado una caja que contiene más de 7,000 cartas en contra del texto.

Difícil probarlo

Al igual que en "Mexicanos Sin Fronteras", otras instituciones del condado han manifestado recientemente su preocupación ante la puesta en práctica de la resolución.

La Comisión de Derechos Humanos de Prince William entregó el pasado viernes un informe a la Junta de Supervisores en el que expresaban su opinión sobre el impacto que la puesta en marcha de la resolución tendría en la comunidad.

"La Comisión de Derechos Humanos ha concluido que es virtualmente imposible que se implemente esta legislación de una manera no discriminatoria a no ser que se requiera que todos los residentes de Prince William prueben que son residentes legales cada vez que utilicen cualquier servicio del condado", dice el informe.

"Causa probable"

Además aludieron al peligro que implica que se pueda decidir a quién se le pide la documentación en base a "causa probable", tal y como establece la resolución porque, "la selección por defecto en esos casos se hará a partir del color de la piel, la raza, el acento y la nación de origen".

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La Comisión consideró además se trataba de una legislación desafiante que "podría llevar al condado a batallas legales asociadas a elevados costes, que correrían a cargo de los impuestos de los contribuyentes", tanto a los estadounidenses como a los extranjeros asentados en el condado.

Bajo la lupa

Junto a ellos el Gobierno Ejecutivo de Prince William, que expuso hoy su visión ante la Junta de Supervisores del condado, examinó la resolución desde el punto del coste que su puesta en marcha supondría para el condado.

Según su informe, el coste que incurriría la negación de ciertos servicios a los indocumentados, podría ser más elevado que proporcionárselos.

El pasado 10 de julio la Junta de Supervisores del condado de Prince William aprobó una resolución que autoriza y exige a "funcionarios, agencias y personal" del condado a verificar el estatus migratorio de cualquier persona sobre la que exista una sospecha razonable de que es un inmigrante indocumentado.

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