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Policía cazainmigrante en EU

Policía cazainmigrante en EU

Sigue creciendo la lista de lugares antiinmigrantes en EU. Esta semana se sumó el condado Frederick, en Maryland.

Programa aprobado en 1996

WASHINGTON - El condado Frederick, Maryland, se sumó esta semana a la lista de ciudades antiinmigrantes de Estados Unidos. Una polémica ordenanza, activada tras los ataques terroristas de 2001, autoriza a la policía local identificar, arrestar y entregar al servicio de inmigración a inmigrantes indocumentados.

En respuesta, un grupo de ayuda a inmigrantes habilitó un número de teléfono para dar asesoría legal a los detenidos.

Casa Maryland, un grupo que trabaja a favor de los derechos de los inmigrantes, advirtió en un informe del empeoramiento de la situación de los hispanos en Frederick, tras la vigencia del "acuerdo 287(g)" de la ley de inmigración.

El acuerdo, sección o programa 287(g) permite a la policía local identificar y expulsar a inmigrantes ilegales. Fue aprobado por el Congreso en 1996 como parte de las reformas a la actual ley de inmigración.

La sección faculta al servicio de inmigración alcanzar acuerdos con los gobiernos locales para que sus policías determinen el estatus migratorio de un extranjero, entre otras jurisdicciones.

Arrestos con perfil racial

En su informe, Casa Maryland denunció las consecuencias negativas de esta política, que calificó de restrictiva, y alertó de que en el condado Frederick las detenciones de latinos aumentaron 400 por ciento en los últimos cinco años.

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"Están usando el pretexto del combatir la criminalidad para arrestar y deportar a los inmigrantes" indocumentados, dijo a Univision Online Mario Quiroz, de la oficina de prensa de Casa de Maryland.

Gustavio Torres, director de la entidad, indicó que la ejecución del programa 287(g) "es una estrategia regional y nacional del sector antiinmigrante, sin lugar a dudas. Pero estamos reaccionando rápido para que la crisis que se vive en el condado Prince William (Virginia) no suceda en Frederick".

Teléfono de emergencia

Quiróz detalló que Casa Maryland habilitó un número de teléfono para personas que sean arrestadas en el condado Frederick. "Pueden llamar al 1(877) 299-7473 las 24 horas del día".

"En horas de oficina, de 9 a.m. a 5 p.m.. les atenderá una persona de nuestra oficina legal para ayudarlos. Después de las 5 de la tarde, pueden dejar un mensaje en el correo de voz y al otro día nos comunicaremos con los afectados", añadió.

"El número sólo sirve para el condado Frederick", subrayó Quiroz.

El costo de la medida

Según el informe de Casa Maryland, el condado Frederick está invirtiendo dos veces más que el resto de las jurisdicciones cercanas en política migratoria, y asegura que estas medidas están teniendo un impacto negativo entre la población.

Pese al "coste cero" que aseguraron las autoridades del condado que tendrían estas medidas, Casa de Maryland cifra en más de $3 millones al año el coste de la implementación del programa 287(g), en concepto de personal, preparación, acogida y encarcelamiento de los detenidos.

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"No vamos a permitir que ocurra en Frederick o cualquier otro sitio en Maryland lo que pasó en Prince William", dijo Torres. "Ellos están infundiendo miedo, pero nosotros estamos creando una coalición con iglesias y grupos cívicos para impedir este tipo de medidas".

Casa Maryland exige al gobierno de Frederick que derogue la medida y demanda que se investigue el incremento del número de latinos encarcelados en el condado, así como que se ponga en marcha un plan de atención social para las familias que quedan separadas tras la detención o deportación de alguno de sus miembros.

Detalles del programa

La activación del programa 287(g) que autoriza a los departamentos de policía municipales y estatales para que su personal ejerza funciones como agentes de inmigración, fue tratado por el departamento de Justicia tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La ley de inmigración de 1996 permite (programa federal 287g) que el servicio de inmigración llegue a acuerdos con autoridades estatales y locales para que la policía realice este tipo de funciones.

El entonces secretario de Justicia, John Ashcroft, explicó en 2003 que el plan formaba parte de la lucha antiterrorista dirigida por el gobierno de Washington.

No todos estaban de acuerdo

Sin embargo y pese a las presiones del gobierno de Washington, entre 2001 y 2007 la mayoría de agencias estatales de policía advirtieron que veían en la medida una amenaza que podía echar por tierra el trabajo acumulado durante más de 30 años con comunidades de inmigrantes para combatir el crimen.

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Para el Community Policing Consortium, una asociación de organizaciones nacionales de policía, el plan amenazaba con romper la confianza establecida entre la policía y los ciudadanos.

La entidad afirmó que la relación construida con años de esfuerzo permitió combatir el crimen y garantizar la seguridad pública.

El fracaso de la reforma

Pero en el último año el programa 287(g) cobró fuerza, sobre todo después del fracaso del debate de la reforma migratoria en el Senado y ha sido activado en más de 100 ciudades y condados de Estados Unidos.

Un estudio dado a conocer en abril en Washington D.C. resaltó, además, el despliegue sin precedentes de más de 1,100 proyectos de ley antiinmigrantes que han sido debatidos en 44 estados durante el primer trimestre de 2008.

En resumen, las ordenanzas prohíben a los propietarios alquilar casas y negocios a indocumentados y otorgan poderes extraordinarios a policías locales (municipales y estatales) para ejercer funciones como agentes federales de inmigración.

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