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Plan de reforma migratoria

Plan de reforma migratoria

Cuatro meses después de concluido el debate de la reforma migratoria, aparece un plan basado en seguridad y redadas.

Mirando las elecciones

Cuatro meses después de concluido en el Senado el debate de la reforma migratoria, un grupo bipartidista de la Cámara de Representantes presentó un proyecto de ley que endurece aún más el control de la inmigración indocumentada, aumenta la dotación de agentes de la Patrulla Fronteriza y elimina la posibilidad de legalizar a los 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.

El plan, patrocinado por el representante Heath Shuler (demócrata de Carolina del Norte), cuenta con el respaldo de al menos 81 demócratas y republicanos.

Los responsables del proyecto, bautizado como Secure America with Verification and Enforcement Act. (SAVE, Act.), dijeron que responde a las exigencias de un electorado que reclama soluciones inmediatas al problema de la inmigración ilegal.

"Hoy hemos dejado la política de lado y apoyamos un proyecto con sentido común que será bueno para Estados Unidos", dijo el Shuler en una conferencia de prensa celebrada en la sede del Capitolio, en Washington.

"Los estadounidenses estamos insatisfechos con nuestro gobierno por no hacer nada (con los indocumentados), y tenemos derecho de estarlo", añadió.

The Associated Press dijo que Shuler ganó su escaño por Carolina del Norte hace apenas un año con una fuerte oposición a los indocumentados.

Un hispano en la lista

Entre los legisladores que apoyan el nuevo proyecto restrictivo de reforma migratoria figura el texano de origen hispano Ciro Rodríguez.

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Shuler apuntó que SAVE Act. está dirigido a "reducir drásticamente la inmigración ilegal", estimada en 12 millones, la mayoría originarios de América Latina, principalmente México.

El nuevo plan enfatiza en la seguridad de las fronteras, apoya el programa de verificación de empleo (promovido por el gobierno y suspendido temporalmente por una Corte Federal) y respalda la aplicación de fuertes medidas para contrarrestar la presencia de indocumentados.

Los autores agregan que el proyecto también responde a la frustración del electorado sobre este tema.

Futuro incierto

La Agencia Española de Noticias, Efe, reportó que la medida fue presentada en momentos en que arrecia el debate nacional sobre la población clandestina y la inmigración ilegal se ha convertido en un tema de campaña electoral.

En los últimos dos años más de 1,400 iniciativas antiinmigrantes han sido discutidas en varios estados ante la ausencia de medidas del gobierno federal por atender el problema de la inmigración indocumentada.


Un estudio ventilado en agosto en la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales celebrado en Boston, Massachussets, precisó que desde 2005 se han aprobado unas 180 leyes.


Según Shuler, "los estadounidenses están muy molestos con la inacción de su gobierno y tienen todo el derecho de estarlo".

Detalles del plan

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El SAVE Act autoriza la contratación 8 mil nuevos agentes para la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) y la infraestructura tecnológica que necesitan, e incrementa los recursos para hacer cumplir las leyes migratorias al interior del país.

Además, agrega recursos para las agencias locales y estatales encargadas de vigilar la aplicación de las leyes migratorias y de las sanciones a quienes violan esas normas.

En cuanto a la verificación de empleo, SAVE Act amplía el programa E-Verify, un sistema electrónico gratuito en el que las empresas pueden verificar el estatus migratorio de sus empleados.

Las empresas que participan en el programa, en el que se cotejan los datos de los empleados con bases de datos del Seguro Social y del Departamento de Seguridad Nacional, reciben protección de acciones judiciales si han contratado a un indocumentado por culpa de un error en el sistema.

Historia del debate

En los últimos tres años la reforma migratoria ha sufrido dos importantes derrotas en el Congreso estadounidense.

El primer fracaso ocurrió el 3 de junio de 2006, cuando el entonces liderazgo republicano canceló el nombramiento del Comité de Conferencia que debía armonizar dos leyes aprobadas, una por la Cámara de Representantes -el 16 de diciembre de 2005- y otra por el Senado -el 25 de mayo de 2006-.

El primer proyecto, patrocinado por los republicanos, proponía, entre otras medidas, criminalizar la estadía indocumentada, acelerar las deportaciones y un fuerte componente de seguridad nacional para poner fin a la inmigración indocumentada.

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El segundo proyecto, que contó con respaldo bipartidista, entre otras recomendaciones incluyó una vía de legalización para la mayoría de los 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos y que no tuvieran antecedentes criminales.

Los republicanos argumentaron que este plan no era congruente con la política de seguridad del gobierno federal y optaron por cancelar el debate. Un mes después, ambas cámaras del Congreso aprobaron la ley del muro y dos meses más tarde los republicanos perdieron en control de ambas cámaras del Congreso.

El segundo debate

A mediados de mayo una comisión tripartita integrada por representantes demócratas, republicanos y de la Casa Blanca anunciaron la elaboración de una nueva propuesta de reforma migratoria que incluía, entre otras recomendaciones, una compleja vía de legalización para indocumentados que se encontraban en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2007 y carecieran de antecedentes criminales.

El Senado inició el debate el 21 de mayo, pero el 7 de junio el liderazgo demócrata canceló la iniciativa bajo el argumento que los republicanos no estaban dispuestos a fijar un número limitado de enmiendas y que ninguna de ellas anulara la vía de legalización.

Una semana después, el día 14, los líderes de ambos partidos en la Cámara Alta acordaron reanudar el debate, pero el día 28 la propuesta tripartita sucumbió ante la falta de apoyo de ambos partidos.

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El plan tripartita, basado también en un fuerte componente de seguridad nacional para poner fin al tráfico ilegal por la frontera, recomendaba una vía de legalización a cambio de, primero, una residencia temporal de tres años, verificación de identidad, una multa de $13,500 por persona y un trámite consular en el país de origen para recibir la residencia permanente.

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