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No quieren ilegales en Oregón

No quieren ilegales en Oregón

Tres días después del fallo de Hazleton, Pensilvania, un contratista de Oregon pidió cerrar puertas a los indocumentados.

No más oportunidades

ST. HELENS, Oregón - Tres días después de que un juez federal declarara inconstitucional la ordenanza municipal de Hazleton, que prohibía el alquiler de propiedades a indocumentados y sancionaba a patronos si los empleaban, un contratista local organiza una campaña para que los negocios del condado de Columbia, Oregón, dejen de contratar trabajadores sin papeles.

También y pidió a los votantes que declaren al condado como una zona "sólo para trabajadores legales".

"Quitémosle su capacidad de conseguir trabajo y el problema terminará", afirmó Wayne Mayo, un contratista de remodelación de St. Helens.

"Es una cuestión de justicia local. La ley local", apuntó.

Mayo quiere que los residentes coloquen anuncios luminosos en todo el condado, de uno por dos metros cada uno, con la leyenda: "Sólo trabajadores legales".

Llamarán a la policía

Las señales incluirían la información para avisar a la policía y los agentes federales de inmigración.

Su plan contempla que las autoridades locales respondan a las quejas inspeccionando sitios de trabajo y multando a quienes violen las leyes federales.

Según el los planes de Mayo, los contratista que sean detectados contratando trabajadores sin papeles de residencia legal deberían pagar una multa de $15 mil por licencia de construcción en casa.

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Severos castigos

La iniciativa busca también que se suspendan las licencias comerciales y de arriendo de quienes contraten a trabajadores indocumentados o les alquilen vivienda, un planteamiento similar al que aprobó la ciudad de Hazleton, Pensilvania, en el verano de 2006.

Mayo llevó su propuesta a la Junta de Comisionados del Condado de Columbia, que le contestó días atrás que el condado no cuenta con los agentes necesarios para hacerla cumplir.

El contratista dijo entonces que planea hacer que los votantes decidan. Aseguró que recolectará las 1,300 firmas válidas necesarias para proponer la medida en las papeletas en las elecciones de noviembre o de marzo.

El caso de Hazleton

El propósito de Mayo es similar a una ordenanza aprobada en julio de 2006 por el Concejo Municipal de Hazleton, Pensilvania, que prohibía el alquiler de propiedades a extranjeros ilegales, sancionaba a los patronos que los contrataran y establecía el inglés como idioma oficial.

Según los autores de la ley, entre ellos el alcalde republicano Lou Barletta, las medidas fueron necesarias debido al crecimiento en el nivel de crímenes violentos, en algunos de los cuales estuvieron involucrados inmigrantes indocumentados.

Los argumentos de Barletta fueron demandados ante las cortes por organizaciones de derechos civiles, entre ellas la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) por ser contraria a la Constitución estadounidense, y porque la ejecución de la ley de inmigración no le corresponde a los gobiernos locales, sino al federal de Washington.

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Larga batalla legal

Tras casi nueve meses de disputa en la Corte, la semana pasada el juez federal James Munley dictaminó que la ordenanza de Hazleton era inconstitucional y prohibió que de forma "permanente" la ciudad de Hazleton ponga en marcha la ley de Barletta.

El magistrado determinó que la tarea de regular la inmigración en Estados Unidos recae sobre el Gobierno federal, y que la ley de Hazleton atropella los derechos constitucionales de sus habitantes, así como los reglamentos estatales y federales sobre acceso a vivienda.

Munley explicó que pese a las modificaciones realizadas por el Concejo de Hazleton en septiembre -para suavizar la medida a causa de las presiones contra la municipalidad-, la ley viola la Constitución estadounidense, que ampara incluso a los extranjeros.

"En su afán por controlar la presencia de un grupo al que considera indeseable, Hazleton violó los derechos de estas personas y de otras en la comunidad", enfatizó el juez.

Desafíos desalentadores

Defensores de los derechos civiles han dicho que las normas aprobadas en Hazleton y otras ciudades estadounidenses, tendientes a combatir la inmigración de indocumentados, muestran que enfrentarán desafíos legales desalentadores.

"Fracasaron en tratar de convencer a las cortes que estas medidas son constitucionales", afirmó Omar Jadwat, abogado del Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

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Quienes lo intenten "están poniéndose, a ellos y sus ciudades, en peligro", aseguró Jadwat.

La primera en EU

Hazleton fue la primera en el país en adoptar una ordenanza municipal que penaliza con mil dólares diarios a las empresas que contraten a inmigrantes indocumentados o a los dueños de viviendas que les alquilen.

Las primeras oleadas de inmigrantes hispanos llegaron en los años ochenta, algunos mexicanos que venían a recoger las cosechas en los campos agrícolas y muchos dominicanos que antes vivían en Nueva York.

Pero en los últimos cinco años ha aumentado considerablemente la presencia de inmigrantes latinos, atraídos por los empleos en las procesadoras de carne y en fábricas, posiblemente hasta sumar unos 10 mil, según cifras municipales.

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