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No a las autodeportaciones

No a las autodeportaciones

Dos días después de que el gobierno anunció un programa de autodeportaciones, el rechazo se generaliza a nivel nacional.

"Es pura fantasía"

Dos días después de que la directora de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE), anunció la creación de un programa de autodeportación para indocumentados, el rechazo se generaliza a nivel nacional.

Quienes acepten el trato con el gobierno, advirtió el ICE, quedarán sujetos a la 'Ley del Castigo', una norma que fue aprobada por el Congreso en 1996 y que sanciona con tres años sin poder regresar a Estados Unidos a quienes han permanecido ilegales más de 180 días, o 10 años si la permanencia sin papeles superó el año.

El mismo día del anuncio, Frank Sharry, director ejecutivo del grupo America's Voice, señaló que no es una propuesta seria y que más bien le recuerda un episodio del programa cómico "Saturday Night Live".

"La idea de que millones de personas van a tocar la puerta del gobierno y pedir ser deportados es pura fantasía", denunció. "Esta no es una solución; es una deportación masiva barata, y sencillamente no va a funcionar".

A su vez, miembros del Consejo Hispano del Congreso pidieron por separado al presidente George W. Bush que ponga fin a las redadas del ICE, luego de escuchar historias de niños y familias en Postville, Iowa, donde la agencia realizó una de las redadas más grandes en la historia de Estados Unidos en la planta empacadora de carne Agriprocessors.

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Que frenen las redadas

"Necesitamos terminar con estas redadas... No hacen absolutamente ningún bien", dijo el legislador demócrata Luis Gutiérrez.

"No es tarea del ICE escribir las leyes de inmigración", señaló el legislador demócrata Joe Baca, quien preside el consejo hispano.

Mientras, en Carolina del Norte Organizaciones hispanas expresaron su rechazo al plan y recomiendan cautela a los inmigrantes antes de tomar decisiones.

"Nada beneficioso"

Tony Asión, director ejecutivo de El Pueblo, la organización hispana más grande de Carolina del Norte, catalogó la medida como una "salida del gobierno federal para ahorrase el dinero que cuesta deportar a inmigrantes".

"No es nada beneficioso para nuestra comunidad", apuntó. "La gente que se quiere ir se va y no necesita el permiso de inmigración. Considero que algunos lucharán para quedarse".

Según José Luis Arzola, presidente de Instituto de Mexicanos en el Exterior en Carolina del Norte, en este estado los inmigrantes ya han comenzaron a "autodeportarse" sin avisar a nadie, en parte por la separación familiar generadas por las redadas.

"Inmigración no ofrece ninguna garantía al inmigrante y eso es contraproducente", enfatizó.

"Absurda e irreal"

Otro líder comunitario, Mauricio Castro, de la Coalición Latina de Carolina del Norte en Durham, al norte del estado, la idea de que los inmigrantes se van a ir sin pelear es "absurda e irreal".

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"Es un intento más por sacar a la gente y no enfrentar el problema migratorio que tenemos con algún tipo de reforma", apuntó.

Castro aconseja a los inmigrantes con orden de deportación no apresurarse, buscar asesoría legal antes de tomar cualquier decisión, tener cautela y sobre todo no "atemorizarse".

"Creo que Carolina del Norte fue escogido porque tenemos políticos muy poderosos como la senadora republicana Elizabeth Dole, que han tomado el tema migratorio como plataforma para su reelección", enfatizó.

Poco efectivos

"La realidad es que no han sido muy efectivos ", acotó Ángeles Ortega, directora ejecutiva de la Coalición Latinoamericana en Charlotte.

"El programa es absurdo al suponer que la gente va a presentarse y abandonar su vida aquí. Muestra lo desesperado y delirante que está este gobierno en su manejo de la inmigración ilegal", comentó Angela Kelly, directora del Centro de Política Migratoria de la Fundación Estadounidense de Leyes Migratorias.

Grito en el cielo

Activistas pro-inmigrantes en otros estados pusieron el grito al cielo, en particular porque, según DHS, no se descarta que ciertos indocumentados tengan que portar un dispositivo en el tobillo para vigilar y restringir sus pasos.

Tamar Jacoby, presidenta del grupo ImmigrationWorksUSA, dijo que "la Administración quiere demostrarle al público que habla en serio sobre el cumplimiento de las leyes migratorias, y lo hace para recuperar la confianza del público antes de insistir en alguna reforma".

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"Todos quieren que se restablezca el imperio de la ley pero eso no sucederá de forma realista hasta que tengamos una ley realista que resuelva el problema de la inmigración ilegal", afirmó.

Al igual que otros expertos, Jacoby cree el proyecto está destinado al fracaso porque a los indocumentados "no les da ninguna esperanza de que podrán regresar a Estados Unidos".

"Para los que tienen empleo, familia o negocios, eso no es ningún incentivo para apuntarse a la autodeportación", señaló Jacoby, tras recordar que muchos esperan al menos diez años para una visa legal.

Que actúe el Congreso

Charles Kuck, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), dijo que "el Congreso tiene que cumplir con su labor y resolver el caos migratorio porque, de lo contrario, sin incentivos, nadie se va inscribir en el plan".

El plan es otro ejemplo de cómo se está perdiendo la "racionalidad" en el debate migratorio, según AILA.

Y lejos de ser un acto compasivo, también Douglas Rivlin, portavoz del Foro Nacional de Inmigración, cree que en vez de ese plan, lo que Estados Unidos necesita es que el Congreso apruebe una reforma migratoria.

Atropello a derechos

En las postrimerías del mandato del presidente George W. Bush "aparece una idea descabellada que con seguridad no se planeó cuidadosamente. No vamos a solucionar el caos actual de nuestro sistema migratorio a través de deportaciones", dijo Rivlin.

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Este plan "es un reconocimiento tácito" de ICE de que las redadas en hogares y negocios "están sembrando el terror entre las familias y comunidades inmigrantes", enfatizó Rivlin, al insistir en que la "autodeportación" solo traerá el atropello de los derechos de los inmigrantes.

De qué se trata

El programa, denominado por el gobierno como "Operación Salida Programada" (Operation Scheduled Departure), se implementará a partir del 5 de agosto en Phoenix (Arizona), Santa Ana y San Diego (California), Chicago (Illinois) y Charlotte (Carolina del Norte) y ofrece a inmigrantes con orden de deportación la oportunidad de entregarse a las autoridades de inmigración.

"Lo beneficioso es que tendrán hasta 90 días para arreglar sus asuntos, evitar ser detenidos y, por ende, pasar tiempo en la cárcel", afirmó Bárbara González, portavoz de ICE para la zona sureste de Estados Unidos.

El plan caduca el 22 de agosto, reiteró el ICE.

Por qué lo hicieron

Según González, el proyecto gubernamental surgió como respuesta a sugerencias de organizaciones proinmigrantes para que ICE ofreciera "opciones" a indocumentados de salir voluntariamente y evitar el proceso de deportación.

Un estimado de 550 mil inmigrantes, sin récord criminal, pero con órdenes de abandonar el país, podrían tomar ventaja de este programa, de acuerdo con Jim Hayes, director de la Oficina de Detención y Expulsión de ICE.

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"Trabajaremos con ellos con el tiempo de salida y en algunos casos, ayudaremos con gastos de viaje, pero un oficial de ICE debe estar al tanto que el inmigrante salió", explicó Hayes en conferencia telefónica el miércoles.

La portavoz agregó que el programa promocionado en la comunidad hispana, organizaciones comunitarias y religiosas, y que pronto se dará a conocer un número telefónico gratuito para información y dudas.

Números oficiales

El combate contra la presencia y contratación de indocumentados es uno de los principales desafíos del Gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad interna.

Según estadísticas de ICE, en el año fiscal 2007 fueron deportados más de 275 mil indocumentados, entre ellos alrededor de 40 mil que lo hicieron de forma voluntaria.

Con grilletes

Los indocumentados que acepten voluntariamente salir del país por medio del programa experimental deberán usar dispositivos de rastreo o presentarse a determinadas oficinas hasta su partida, anunció el jueves el ICE.

Entre el 5 y el 22 de agosto, las personas que hayan ignorado órdenes de deportación y no hayan cometido delitos pueden presentarse en esa oficina y arreglar su partida del país.

Los voluntarios tendrán hasta 90 días para arreglar sus asuntos personales antes de irse.

Durante ese tiempo, podría requerírseles que usen un detector electrónico en un tobillo, con lo cual quedarían confinados a determinadas áreas.

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Presos durante apelaciones

En algunos casos, quienes quieran apelar una orden de deportación podrían quedar detenidos durante el proceso, según las circunstancias de cada caso, dijo el ICE.

Los voluntarios podrían recibir ayuda para los pasajes en avión o autobús si carecen de los medios.

Pero se mantiene la ley que prohíbe a quienes han estado aquí ilegalmente regresar en un período de entre cinco y 20 años, agregó.

La ley que sanciona la estadía ilegal es la ley del castigo, que el Congreso aprobó en las reformas de 1996 a la actual Ley de Inmigración.

Al irse voluntariamente, los inmigrantes podrán demostrar una fecha de partida cuando soliciten su ingreso legalmente años más tarde.

El cumplirse el castigo, el inmigrante deberá iniciar un proceso consular para pedir perdón a las autoridades estadounidenses.

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