Matanza de Tucson agitó la polémica migratoria

Matanza de Tucson agitó polémica migratoria

AFP

La matanza Tucson ocurrió en la puerta de entrada para aproximadamente la mitad de los indocumentados que entre octubre de 2009 y setiembre de 2010 entraron a Estados Unidos.

Debate sobre la legalización de indocumentados regresó a la agenda

WASHINGTON - El hombre acusado de haber provocado una matanza al disparar contra una congresista demócrata en Arizona volvió con sus disparos a agitar el debate migratorio en ese estado fronterizo con México.


El rastro de declaraciones incoherentes que dejó tras de sí en internet Jared Loughner, de 22 años, apuntan a un joven solitario y atormentado, obsesionado con el poder del gobierno federal.

Pero la ira contra Washington en el estado que recibe más inmigración ilegal desde México fue uno de los carburantes que alimentó la dura campaña política en 2010, tanto en el estado como en todo el país.

Demócrata moderada

La representante Gabrielle Giffords, que se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Tucson, es una demócrata moderada, reelecta en noviembre pasado por margen estrecho, tras hacer campaña en favor de reforzar la seguridad en la frontera, pero también a favor de una reforma migratoria integral.


Giffords había recibido repetidas amenazas de muerte, como sucedió con el juez federal de asuntos migratorios John Roll que falleció a causa de los disparos de Loughner, y que se hallaba entre el público.

Giffords era defensora del derecho a portar armas, contemplado en la Constitución.

Rechazo a la SB1070

Pero esta mujer de 40 años, que medios locales presentan como una esperanza política de su partido en el conservador sur estadounidense, también se había opuesto a la polémica ley SB1070 que Arizona promulgó el 29 de julio de 2010, que declaraba la inmigración como un delito estatal, y que fue parcialmente revocada por un juez.


"Arizona es conocida a partir de ahora en el mundo por haber promulgado una ley de inmigración extremista, en respuesta a la ineficacia del gobierno federal", criticó Giffords en su momento.

"Hemos sido el epicentro de la inmigración ilegal (en Estados Unidos) y la frustración de la gente en este tema ha sido tremenda. No se puede negar eso", declaró este lunes el predecesor de Giffords, el republicano Jim Kolbe.

Medidas de seguridad

El gobierno federal destinó en 2010 la mayor parte de los refuerzos de personal en la frontera, incluida la Guardia Nacional, a este estado árido.


La matanza del sábado se produjo en Tucson, una ciudad en el sur de Arizona cuyo distrito fue puerta de entrada para aproximadamente la mitad de los indocumentados entre octubre de 2009 y setiembre de 2010, unas 230,000 personas, según datos oficiales.

En esa frontera de unos 350 km de largo entró también poco menos de la mitad de marihuana.

El juez John Roll

El juez John Roll, uno de los seis fallecidos en el ataque del sábado, había acudido al acto político de Giffords en Tucson para hablar de la necesidad de obtener más recursos para los magistrados federales, desbordados de trabajo, según el sitio web National Law Journal.


Roll había escrito una carta a una corte de apelación en la que pedía que se declarara a Arizona un estado "en emergencia judicial".

El tema migratorio y el narcotráfico fueron utilizados de forma obsesiva por todos los candidatos en 2010 en liza en Arizona, como el propio senador republicano John McCain, que no dudó en elogiar la barda en la frontera con México.

Clima adverso

El sheriff del condado de Pima donde ocurrió el incidente, Clarence Dupnik, denunció el "clima político" en ese estado y en Estados Unidos como causa del ataque.


Los conservadores no se arredraron ante estos ataques.

"Los que culpan a la retórica de sus adversarios políticos por estos atroces crímenes cuando no existe ninguna evidencia, solo tornan nuestro debate en algo aún más áspero", criticó la Fundación Heritage en Washington, quien acusó al sheriff Dupnik de haberse negado a aplicar la ley SB1070, que criminalizó la estadía indocumentada en Arizona, mientras que en los otros 49 estados sigue siendo una falta de carácter civil no penal.

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