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Más de 520 organizaciones pidieron a Obama cancelar programa antiinmigrante

Más de 520 organizaciones pidieron a Obama cancelar programa antiinmigrante

Defensores de los derechos civiles, religiosos, abogados y activistas pro-inmigrantes exigen detener el programa 287g.

Herencia de Bush

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y más de 520 organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes, enviaron una carta al Presidente Barack Obama para pedirle que cancele un plan activado tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. La herramienta ha permitido el arresto y deportación de miles de indocumentados.

El plan, denominado Sección 287(g) de la ley de inmigración, faculta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a hacer acuerdos con las agencias de policía local (estatal y municipal) para que sus agentes detengan y arresten a inmigrantes indocumentados.

El programa contiene serios "errores" y está asociado a "graves violaciones" a los derechos civiles y de seguridad pública, dijo la ACLU en un comunicado.

No es la primera vez que la ACLU critica a la jefa de la seguridad de Estados Unidos.

El mecanismo 287(g) fue aprobado por el Congreso en 1996 y permaneció dormido seis años, hasta que en 2002 el entonces Secretario de Justicia, John Aschcroft, lo activó como parte de las medidas de seguridad nacional adoptadas por la administración republicana de George W. Bush.

Actos discriminatorios

En la carta enviada a la Casa Blanca, la ACLU y dirigentes de las organizaciones le pidieron a Obama que anule el programa porque, sostienen, ha desencadenado toda una serie de actos discriminatorios y violaciones a los derechos civiles de hispanos y gente de minorías étnicas por parte de agentes policíacos.

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ACLU también resaltó que la observancia de la ley de inmigración le corresponde al gobierno federal y no a instancias estatales o municipales.

"El programa (...) ha resultado en el uso generalizado de paradas en el tráfico preparadas de antemano, cuestionamientos basados en el color de la piel de los sospechosos y registros y cateos inconstitucionales generalmente en comunidades minoritarias", indica la misiva de dos páginas.

¿Cree que las policías locales deben ejercer funciones como agentes federales de inmigración? Comente aquí.

Planes de Napolitano

La petición a Obama fue enviada tres semanas después de que el DHS anunció un nuevo reglamento nacional para la ejecución del plan 287(g), que pretende evitar abusos y obligaría a todas las agencias de policías locales suscritas al programa actuar bajo un mismo procedimiento.

"Los nuevos acuerdos estandarizados 287(g) (...) refuerzan la supervisión del programa por parte de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y hacen más seguras a nuestras comunidades al identificar y deportar a indocumentados delincuentes que son una amenaza para la seguridad pública", dijo en un comunicado Matt Chandler, portavoz del DHS.

La ICE "toma muy en serio las preocupaciones de los signatarios de esta carta", agregó.

Señalan abusos

La carta al presidente citó como ejemplo de abuso el caso de una inmigrante arrestada por manejar sin licencia de conducir que fue esposada a su cama mientras daba a luz en el condado de Davidson, Tennessee.

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También resaltó la deportación de 350 inmigrantes que habían sido detenidos por manejar sin licencia en el condado de Gwinnett, Georgia.

Los inmigrantes fueron deportados en febrero, cuando el condado todavía no había ingresado al programa activado en 2002.

El plan 287(g) "ha sido contraproducente a las metas comunitarias al socavar la confianza y cooperación de las comunidades inmigrantes (...) Los cambios propuestos por Seguridad Nacional no sólo no corrigen estos errores graves sino que crean más aparte de éstos", agrega la carta.

Copias al gabinete

Una copia de la misiva dirigida a Obama fue enviada a la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, el secretario de Justicia, Eric Holder, y varios senadores y congresistas.

La Sección 287(g) "desvía los escasos recursos de la policía y pone la seguridad de todos en riesgo", comentó Omar Jadwat, un abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. "Los estados y la policía local no deberían transformarse en agentes federales de inmigración, especialmente a través de un programa conocido por su escasa supervisión e insuficiente formación" de los agentes que la ejecutan, agregó.

A su vez, Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes Migratorias, con sede en Los Angeles, California, dijo que le preocupa la ampliación del programa, especialmente ahora que se está planeando una reforma migratoria.

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"El hecho que se dé (la ampliación) sin reforma, de que se dé dentro del marco de la espera de la reforma es verdaderamente preocupante", manifestó Hincapié a The Associated Press. "La pregunta es si la administración está implementando esto ahora, ¿qué otros cambios se darán en el marco de la reforma migratoria?"

Crecen rechazos

ACLU agregó que desde su creación, la Sección 287(g) ha sido criticada por las autoridades federales, la policía y grupos comunitarios porque ha dado lugar a la discriminación racial ilegal y abusos de los derechos civiles, incluida la detención ilegal y la deportación de ciudadanos de Estados Unidos y residentes permanentes.

Agregó que muchos comisarios y jefes de policía de todo el país desaprueban el programa porque socava su principal misión de la seguridad pública, exacerba el miedo en las comunidades y crece la desconfiaba en el trabajo de la policía.

"El programa 287(g) ha demostrado ser un fracaso", dijo Joanne Lin, consejera legislativa de la ACLU. "El DHS debe poner fin al programa".

La Unión añadió que la polémica sección está acosando a las comunidades latinas y reiteró la preocupación por las graves denuncias respecto a los abusos cometidos en el Condado Maricopa, Arizona, por la oficina del Alguacil Joe Arpaio.

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Informes lapidarios

En julio la ACLU presentó una demanda colectiva contra Arpaio por discriminación y uso de perfil racial en los arrestos de inmigrantes dentro del plan 287(g).

En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe preliminar sobre los centros de detención de indocumentados donde, dijo, los inmigrantes sin papeles son mantenidos en "condiciones inaceptables" y en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".

La CIDH también mostró preocupación por el centro de detención que mantiene Arpaio en Maricopa, al que los investigadores de la Comisión les fue negado el acceso para hablar con los detenidos.

Un informe emitido en marzo por la Oficina Federal de Contraloría reveló que el programa 287(g) creado durante el gobierno de Bush no estaba bien administrado y que carecía de suficiente supervisión.

El inspector general del DHSse encuentra auditando el programa y el Departamento de Justicia inició una investigación al alguacil Arpaio.

Algunas de las organizaciones signatarias de la carta a Obama son: el Fondo Mexico-Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), el Concilio Nacional de La Raza (NCLR), La Red Nacional Organizadora de Jornaleros, la ACLU, el Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamerica, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), la Iglesia episcopal, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, el Foro Arabe-Americano, el Fondo de la NAACP para la Defensa Legal, la Asociación Nacional de Policías Negros, la Liga Antidifamación y el Centro Asiático-Americano para la Justicia.

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