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Un grupo de niños de padres deportados pide al gobierno del Presidente Barack Obama que frene las expulsiones de inmigrantes sin estado de permanencia legal en el país.

Los defensores de la reforma migratoria en la Cámara de Representantes no se rinden

Los defensores de la reforma migratoria en la Cámara de Representantes no se rinden

La regla Hastert puso en jaque la reforma migratoria en la Cámara de Representantes. Se necesitan 118 votos republicanos para llevarla al pleno.

Un grupo de niños de padres deportados pide al gobierno del Presidente B...
Un grupo de niños de padres deportados pide al gobierno del Presidente Barack Obama que frene las expulsiones de inmigrantes sin estado de permanencia legal en el país.

Legisladores, empresarios y religiosos se unen para presionar al ala ultraconservadora del Partido Republicano

La regla Hastert puso en jaque la reforma migratoria en la Cámara de Representantes. Se necesitan 118 votos republicanos para llevarla al pleno y sólo hay 60. Pese a ello, los defensores de la legalización de los 11 millones de indocumentados no se rinden y se preparan para nuevas batallas, esta semana, en el Congreso.

El freno fue puesto a finales de junio por el presidente del Congreso, John Boehner (republicano de Ohio), quien anunció la norma de la “mayoría de la mayoría” para debatir cualquier iniciativa de ley. La decisión cambió el escenario dibujado por el Senado tras la aprobación de un plan que coloca a millones de indocumentados en el camino a la ciudadanía.

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Pero nadie, por ahora, da por perdido nada en el Congreso. La razón es simple: los votos demócratas que apoyan la reforma migratoria junto con los 60 votos republicanos suman más de 218, el número mínimo necesario para que la reforma migratoria se apruebe en la Cámara de Representantes.

El nuevo plan

El diario The New York Times dijo el domingo que demócratas y republicanos están confeccionando un plan para movilizar apoyos en los distritos electorales conservadores y convencer a los republicanos indecisos sobre la necesidad de aprobar la reforma. Y que el tema central de la estrategia es mostrar los beneficios económicos de la legalización.

La Casa Blanca ya dio los primeros pasos en esa dirección. La semana pasada el presidente Barack Obama comenzó a resaltar las bondades destacadas la tercera semana de junio por la Oficina de Presupuestos del Congreso. En un informe, aseguró que la reforma migratoria bipartidista reducirá el déficit en $197 mil millones en los próximos 10 años, y cerca de $700 mil en la siguiente década.

También fortalecerá la solvencia del Seguro Social a largo plazo, fortalecerá la clase media, mejorará la perspectiva fiscal y creará nuevas oportunidades para todos los estadounidenses en todas partes.

A toda máquina

Según el diario, luego de las reuniones la semana pasada entre senadores del Grupo de los Ocho (que redactó el plan S. 744) y empresarios, acordaron aunar esfuerzos para presionar a los republicanos, urgirlos a acelerar el debate y que “tomen acción”.

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La nueva estrategia la respaldan agricultores, productores y empresas de alta tecnología en distritos republicanos, quienes se unirán para hablar de los beneficios que traería la reforma migratoria en la economía local.

En otras palabras, los empresarios, la Cámara de Comercio y los agricultores le hablarán al oído a representantes en sus propios territorios donde fueron electos.

El diario asegura que los representantes escucharán de los agricultores de sus distritos que no tienen trabajadores para cosechar sus campos, y que necesitan la reforma migratoria para contratar campesinos.

Los defensores de la reforma migratoria, agrega, también movilizarán al sector religioso en distritos conservadores para pedirle a la Cámara de Representantes que apruebe una reforma migratoria como el plan del Senado.

El Grupo de los Siete

La estrategia asoma simultáneamente con la filtración de detalles de un plan de reforma migratoria que redacta en secreto un grupo bipartidista integrado por cuatro legisladores demócratas y tres republicanos.

El miércoles de la semana pasada, el diario The Washington Post reportó que la iniciativa del Grupo de los Siete incluye una figura jurídica provisional para indocumentados con derecho a trabajar desde el inicio del camino a la legalización.

El anteproyecto exige que los indocumentados admitan haber violado las leyes (en un sentido civil) y entrar en una fase de probatoria durante el cual tendrían derechos legales similares a las establecidas por el plan del Senado.

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La aceptación de haber violado las leyes coloca a los indocumentados en un estado de libertad condicional hasta que se cumpla un plazo de cinco años para que puedan iniciar el proceso de residencia permanente.

Agrega el plan la puesta en funcionamiento obligatorio del programa federal E-Verify en un plazo de cinco años. De no conseguirlo en este plazo, aquellos inmigrantes bajo el estado de “libertad condicional” perderán esa condición y volverán a ser indocumentados.

Cinco años después de obtenida la residencia permanente (green card), los favorecidos podrán tramitar la ciudadanía.

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