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Los caminis de la reforma

Los caminis de la reforma

Muchos festejan que revivió el debate migratorio, pero otros siguen con el temor que el plan agregue severos castigos a los indocumentados.

No todos piensan lo mismo

El acuerdo alcanzado el jueves 14 de junio por los líderes demócrata y republicano del Senado para revivir el debate de la reforma migratoria, le devolvió la esperanza a millones de indocumentados en Estados Unidos.

Dos días antes, el presidente George W. Bush se adelantó a todos y pronunció una sentencia que muchos comparten, incluyendo a la ultraderecha que se resiste a cualquier vía de legalización: que "el status quo es inaceptable".

Los puntos flacos de la reforma

Pero lo dicho por el mandatario puede tener una o varias interpretaciones, dependiendo del lado en que uno se encuentre.

Unos claman por reanudar de inmediato el debate y aprobar una ley que incluya la ciudadanía, mientras que otros exigen eliminar todo tipo de beneficio migratorio y deportar a los 12 millones de indocumentados. Y antes de subirlos a un avión, meterlos en la cárcel para escarmentar a los que están pensando en cruzar la frontera.

Desde que fue suspendido el debate (el 7 de junio, tras el fracaso de una gestión del líder de la mayoría demócrata del senado, Harry Reid, para detener las enmiendas y acelerar el voto) hasta hoy, senadores de ambos partidos han estado reuniéndose a puertas cerradas para revisar el proyecto y ver de qué manera juntan 60 votos (sobre 100 asientos) para reanudar las discusiones y aprobar una ley de reforma.

Ese acuerdo está en puertas, pero su confirmación se verá cuando el pleno se reúna y vote, en una fecha que podría ser fijada a mediados de la semana entrante. Mientras ese día llega, los escenarios posibles de la reforma serían los siguientes: Que se retome el debate tal como está previsto y se llegue a un final feliz; que la retomen por necesidad -presionados por los empresarios y teniendo en cuenta que se necesitan trabajadores para el campo y las fábricas especialmente-; que la retomen para hacerle drásticos cambios; que se muera la reforma -si es que el Senado no decide hacer nada-; o finalmente que los gobiernos locales, ante la inactividad del Congreso, combatan por sus propios medios la inmigración ilegal.

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Las fechas clave de la reforma

Compromiso de alto nivel

Después de una semana de intensas negociaciones entre demócratas, republicanos y la Casa Blanca, y tras la concesión de Bush de respaldar una enmienda que destina más recursos para la seguridad de las fronteras y vigilancia a empresas para combatir la contratación de indocumentados, algunos republicanos de línea dura cedieron para permitir seguir debatiendo el proyecto tripartita base en poder del pleno.

"Los líderes han convenido en una forma de avanzar", anunció anoche Jim Manley, portavoz de Reid, tras una reunión que éste sostuvo con McConnell.

Manley no ofreció detalles, pero fuentes legislativas indicaron que el debate sobre el proyecto de ley probablemente se reanude la próxima semana.

La enmienda mencionada por Bush fue presentada por el senador republicano Lindsay Graham (Carolina del Sur) y recomienda destinar los dineros recaudados por concepto de multas a indocumentados a mejorar la vigilancia fronteriza y a combatir la contratación de extranjeros ilegales.

Un día antes, los republicanos habían reconocido la existencia de 'reuniones a diario', pero advertían que "todavía" existían acuerdos qué comunicar.

"No hay una agenda predeterminada", aseguró Jésica García, portavoz del Senador Mel Martínez (Florida) y presidente del Comité Nacional Republicano.

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Se reúnen para "buscar maneras" de cómo hacer que el proyecto tripartita regrese al pleno y sea aprobado "cuanto antes", había explicado la portavoz.

El costo de la reforma migratoria

Que siga el debate

Si para la semana próxima demócratas y republicanos sostienen el acuerdo y agregan el debate de la reforma migratoria a la agenda del pleno –una vez concluido el debate sobre energía- habrá un cambio importante exigido por los demócratas desde antes de la suspensión de las pláticas el 7 de junio: limitar las enmiendas.

A mediados de la semana pasada había entre 42 y 44 rectificaciones al plan base y la mayoría limitaba la vía de legalización, dijo Federico de Jesús, uno de los voceros de Reid.

Esta condición, sin embargo, fue aceptada por el liderazgo de ambos partidos y, según se desprende de declaraciones dadas por Martínez, habría un número bajo de enmiendas que serán discutidas a partir, probablemente, de mediados de semana, y que el número de cambios sería de siete.

Martínez agregó que el no haber fijado un número tope de enmiendas el debate se volvería "interminable".

Será el pleno el que determine cuántos días durará el debate, la fecha de votación y el envío del proyecto de ley a la Cámara de Representantes.

Se requieren de 60 votos (sobre 100 curules) para que la reforma migratoria sea aprobada en el Senado. Demócratas y republicanos tienen 49 asientos cada uno, por lo que separados no pueden hacer nada por el proyecto.

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Si se aprueba, la ley es enviada a la Cámara de Representantes, instancia que tiene al menos tres proyectos adicionales que debatir. Este escenario es la mejor alternativa para los 12 millones de indocumentados.

Si aprueba una versión distinta a la del Senado, la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi (demócrata de California), debe convocar al Comité de Conferencia para que armonice ambas versiones, la apruebe y la envíe al presidente Bush para que la promulgue o la vete.

Cuestión de "necesidad"

A pesar que las esperanzas revivieron el jueves, los miedos se mantienen y los rumores se extienden por todos los rincones del país. Y hay consideran que la reforma es una necesidad para Estados Unidos.

"El debate no ha muerto, está vivo", dijo Casimiro Álvarez, directivo de la Unión de Trabajadores Campesinos de Santa Rosa, California. "Quedan esperanzas, hay esperanzas, sencillamente porque se trata de una necesidad y no de una caridad", apuntó.

"Mire. Estados Unidos nos necesita, el campo nos necesita, los agricultores necesitan campesinos que siembren, que recojan cosechas y que vuelvan a sembrar. En California la crisis es severa, muy grave, hace falta mucha mano de obra, y si no aprueban la reforma el problema se agravará este año y el que viene".

Álvarez dijo que pese al pesimismo que reina "confiamos" en la palabra del Presidente (Bush). "Él está animando a los senadores a que pongan su parte para llegar a un buen entendido. Y mientras eso sucede, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo. Nada nos detendrá, lucharemos hasta el último día, hasta que se apruebe la legalización. ¿Sabe por qué? Porque Estados Unidos nos necesita", dijo.

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Cambios drásticos

Podría suceder que el Senado, al retomar el debate, decida a última hora agregar enmiendas a la lista pactada el jueves. Esto supondría que el proyecto base sufra profundos cambios, entre ellos limitar al máximo la vía de legalización.

Según se desprende de las reuniones sostenidas el miércoles y jueves en el Senado, un importante grupo ultra conservador se opone a cualquier vía de regularización y exige que el plan se base exclusivamente en medidas para asegurar la frontera, detener el tráfico indocumentado, acelerar las deportaciones y combatir la falsificación de documentos de identidad.

Los republicanos también proponen incrementar el presupuesto para reforzar la seguridad en la frontera y detectar indocumentados en los centros de trabajo, además de aumentar las multas para quienes califiquen para la tarjeta verde, e incluso contemplar penas de prisión para indocumentados que vayan a recibir la residencia.

Los cambios que se debatirán en el Senado y que modificarán el proyecto base de conocerán la semana próxima, cuando ambos partidos se pongan de acuerdo sobre cuáles enmiendas serán debatidas.

No hacer nada

El Consejo Nacional de La Raza, la principal organización hispana de Estados Unidos, dijo estar optimista, pese al miedo y al incierto futuro que depara a los 12 millones de indocumentados y sus familias. Sin embargo, otro de los escenarios es que el Senado decida no hacer nada.

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"Hay mucha presión sobre el Congreso y el Senado para que continúe el debate", dijo la vocera Michelle Waslin. "Es muy importante que se reanuden las conversaciones y sabemos que hay mucha gente sufriendo las consecuencias del sistema roto de inmigración".

Y agregó: "Si el proceso termina ahora, nunca tendremos la oportunidad para mejorar nuestras vidas. Por ese motivo esta legislación debe avanzar, la reforma tiene que aprobarse este año, los senadores deben ponerse de acuerdo para que el debate de la reforma migratoria vuelva al pleno".

Al detenerse un instante en analizar los miedos de La Raza, Waslin contuvo la respiración y dijo: "Si el Congreso de Estados Unidos no hace nada, habrá más redadas, más sufrimiento, los gobiernos locales harán más leyes que dividirán a las familias y morirá más gente en la frontera".

"No hacer nada hará demasiado daño a nuestra comunidad", subrayó.

Si eso ocurre, quedará la vía libre para que el gobierno, a través del departamento de Seguridad Nacional (DHS) siga adelante con los planes de contingencia adoptados tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Dichos planes incluyen aumento de redadas, encarcelamiento de indocumentados, deportaciones aceleradas y castigos a quienes ayuden o den empleo a indocumentados.

Reformas locales

La Raza teme que si el Congreso no hace nada, los consejos municipales y gobiernos estatales promuevan leyes, por ejemplo, que otorguen poderes extraordinarios a las policías locales para perseguir la inmigración indocumentada.

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"Causaría un sufrimiento muy grande a nuestra comunidad", reiteró Waslin. "Dividiría a muchas familias en muchas partes de Estados Unidos".

Algunas ciudades de Texas, Pensilvania y California consejos municipales han aprobado leyes que prohíben a los patronos alquilar sus propiedades a indocumentados, y en algunos casos los obliga a reportar a las autoridades el estatus de sus inquilinos.

Una de ellas es Hazleton, que en septiembre aprobó una polémica ley que acaparó el interés nacional y que en estos momentos se encuentra en manos de un juez federal tras una demanda interpuesta por organizaciones defensoras de los derechos civiles.

Durante el proceso, el juez federal James Munley dijo que estaban en juego conceptos legales "muy complejos" en la demanda contra la ley de Hazleton, pero la ciudad respondió que tiene el derecho de aplicar su ley debido a que el gobierno federal se quedó con los brazos cruzados.

El plan tripartita

El proyecto de reforma migratoria fue redactado entre abril y mayo por un grupo de negociadores demócratas, republicanos y de la Casa Blanca que sesionaron en secreto durante cinco semanas.

Se basa en un fuerte componente de seguridad nacional y agrega una vía de legalización para indocumentados que viven en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2007, quienes para calificar deben carecer de antecedentes criminales, pagar multas y someterse a un complejo sistema de puntos antes de salir del país para tramitar en la embajada estadounidense la codiciada tarjeta verde.

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Para que la reforma migratoria se apruebe en el Senado se requiere del voto de al menos 16 de los 49 senadores republicanos. Esos 16 votos se sumarían a los 51 con los que cuentan los demócratas (incluidos los dos independientes) para lograr la mayoría de dos tercios -67 escaños- necesaria para superar cualquier intento de bloqueo.

Si votan menos de 67, en cualquier momento el debate podría ser bloqueado y el proyecto volvería a quedar en suspenso.

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