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Limitan pooderes a Joe Arpaio para arrestar indocumentados en Arizona

Limitan pooderes a Joe Arpaio para arrestar indocumentados en Arizona

Washington retiró poderes al alguacil Arpaío para arrestar en las calles a personas solamente por su estatus migratorio.

Seguirá haciéndolo

PHOENIX - En un giro esperado por la comunidad inmigrante del Condado de Maricopa, Arizona, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) retiró el poder de arrestar en las calles a personas solamente por su estatus migratorio al alguacil Joe Arpaio, denominado por algunos como el sheriff "más duro" de Estados Unidos.

En respuesta a la decisión del gobierno federal, Arpaio aseguró en una conferencia de prensa que el DHS decidió retirar estas atribuciones, pero a pesar de ello "continuará" realizando sus controvertidos operativos anticrimen en las calles de Maricopa, donde se asienta la capital estatal, Phoenix.

"Solamente se trata de política", indicó el policía.

Al igual que otras 62 agencias policíacas, Maricopa firmó durante la administración del ex presidente George W. Bush un acuerdo con el DHS para colaborar con autoridades federales en el arresto de indocumentados.

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el gobierno federal activó la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración que faculta a los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a lograr acuerdos con las agencias de policías locales -estatales y municipales- para ayudar en poner freno a la inmigración ilegal.

Investigación en curso

Arpaio está siendo investigado por el Departamento de Justicia tras una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que lo acusó de excesos en la ejecución del programa 287(g) y abuso de poder.

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Un informe preliminar de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, divulgado en julio, mencionó preocupación de la entidad por la negativa de Arpaio para que miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) visitaran un centro de detención de inmigrantes en Maricopa, hablaran con los reos y tomaran datos sobre quejas y denuncias por malos tratos.

La Comisión determinó que en varios centros carcelarios del DHS los inmigrantes viven en "condiciones inaceptables" y que en algunos casos el derecho al debido proceso "ha sido afectado".

Detalles del plan

La ola de denuncias contra Arpaio y las exigencias para que el gobierno investigue los procedimientos que ejecuta en el marco del plan 287(g), habrían influido en la firma del nuevo contrato, ejecutado el viernes de la semana pasada.

Según el documento, el DHS detalló que sólo 60 agentes bajo el mando de Arpaio tendrán la autoridad de cuestionar el estatus migratorio de personas detenidas en las cárceles del condado.

Arpaio comentó el martes que parte del contrato que le permitiría seguir arrestando personas en las calles por violaciones a las leyes de inmigración no fue firmado y que "un alto oficial" en DHS le aseguró que no aceptarían esa disposición.

La oficina del Alguacil de Maricopa cuenta con 100 agentes que han sido entrenados para realizar tareas de inmigración desde el 2007, año en que esa entidad firmó el contrato con el DHS para activar el programa 287(g).

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¿Qué opina del desafío planteado por el alguacil Arpaio, de no aceptar las nuevas normas impuestas por el gobierno federal de Washington? Comente aquí.

Tono desafiante

"Bajo las leyes estatales de Arizona aún tengo autoridad para detener a inmigrantes indocumentados", aseveró Arpaio.

El sheriff más duro de Estados Unidos se encuentra bajo investigación por el Departamento de Justicia por acusaciones de prácticas de perfil racial en contra de hispanos durante sus operativos anticrimen que han culminado con el arresto de docenas de indocumentados.

Arpaio es la única autoridad en Arizona que arresta inmigrantes indocumentados bajo la ley estatal anticoyote y la ley estatal de sanciones a empleadores.

"Lo más irónico es que nada cambiará", finalizó el policía. "Déjenlos fanfarronear que le quitaron autoridad al alguacil. Déjenlos que hagan todo eso. Eso no me molesta. No tengo ego. Seguiré haciendo lo mismo", agregó.

ICE no habla

Vinnie Picard, un vocero de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), entidad que otorga y supervisa los poderes especiales a las policías bajo la Sección 287(g), no hizo comentarios sobre el recorte a las facultades extraordinarias de Arpaio o sobre si a alguna de las otras 62 agencias participantes en toda la nación también se le negó la renovación.

La ICE tomará una decisión final sobre los acuerdos el 14 de octubre, fecha límite para renovarlos.

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Hasta ahora al menos tres agencias se han separado del polémico programa.

ACLU está molesta

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo que el gobierno no debe prorrogar el acuerdo 287(g) suscrito con el Condado de Maricopa, sino "terminarlo".

En cuanto a la firma de un nuevo acuerdo con algunas restricciones, precisó que el gobierno federal no debe entrar en ningún tipo de trato de concesión con la oficina de Arpaio a causa del historial de violaciones de los derechos civiles de Arpaio, y la intención pública del alguacil de hacer caso omiso de los límites contemplados en el nuevo acuerdo.

"A pesar de sus comentarios, el alguacil Arpaio está obligado a acatar la ley y las limitaciones de cualquier nuevo acuerdo", refirió Omar Jadwat, abogado del programa de Inmigración de la ACLU.

Encarnación de problemas

Jadwat agregó que la oficina del alguacil de Maricopa encarna "todos los problemas" que tiene el plan 287(g), incluidos los arrestos por perfil racial, detenciones contraproducentes, disminución de la seguridad pública y la supervisión federal insuficiente.

"Arpaio es uno de los ejemplos más extremos de un funcionario policial que abusa de su poder y actúa al margen de la Constitución", comentó Alexandra Soler, directora de la ACLU en Arizona.

Agregó que la conducta de Arpaio obliga a poner fin al acuerdo firmado entre el DHS y la oficina del alguacil.

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En agosto, la ACLU y otras 521 organizaciones locales y nacionales que defienden los derechos civiles y de los inmigrantes enviaron una carta al Presidente Barack Obama pidiéndole que ponga fin al Programa 287(g), un plan que, aseguraron, ha dado lugar a la discriminación racial ilegal y abusos de los derechos civiles, incluida la detención ilegal y la deportación de ciudadanos de Estados Unidos y residentes permanentes.

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