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Ley de Alabama asustó a senadores pro reforma migratoria

Ley de Alabama asustó a senadores pro reforma migratoria

Ley HB56 asustó al Congreso y forzó pláticas sobre legalización de indocumentados.

En los pasillos del Congreso se debate el futuro de los 11 millones de indocumentados

La Ley HB 56 de Alabama, catalogada por defensores y detractores como la más dura en su tipo, asustó a varios senadores que están a favor de una reforma migratoria que permita legalizar a la mayoría de los indocumentados que viven en Estados Unidos.

"El prohibir el acceso al agua potable constituye una violación a los derechos humanos", dijo a Univision.com una fuente del legislativo que pidió mantener su nombre en reserva porque no estaba autorizado para emitir declaraciones. "Se trata de una ley que viola la Constitución y no resuelve el problema".

Entre otras medidas, la ley migratoria de Alabama criminalizó la estadía indocumentada (un acto que en el resto del país excepto Arizona sigue siendo una falta de carácter civil no penal), autorizó a las policías locales a detener individuos si tiene duda razonable que se trata de indocumentados, convirtió en delito el que un indocumentado gestione una licencia de manejar o de negocios, castiga a quienes den ayuda a un inmigrante sin papeles y exigió que las escuelas verifiquen el estado migratorio de alumnos nuevos al igual que sus padres.

Frenos temporales

El 18 de septiembre una corte de distrito detuvo partes controversiales de la medida, entre ellas la prohibición de que los extranjeros sin papeles pidan trabajo en la calle, y dar asistencia o transportar en un vehículo a un indocumentado.

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A mediados de octubre un tribunal federal de apelaciones bloqueó la autorización para que las escuelas públicas verifiquen el estado migratorio de sus alumnos nuevos, y dictó que no constituye delito el no portar documentos de identidad.

Pero permitió que la policía local siga arrestando a individuos si sus agentes tienen duda que se tata de extranjeros sin permiso de estadía en Estados Unidos.

"Es una ley severa que no revuelve el problema", dijo la fuente legislativa. "Varios senadores se sorprendieron por el alcance de la medida y están buscando la manera de contrarrestarla. La solución al problema de la inmigración indocumentada pasa por una reforma migratoria comprensiva que incluya una vía regulada de legalización", puntualizó.

Guerra de estrategias

Para los republicanos, la inacción del congreso federal en el tema migratorio motivó el surgimiento y la aprobación de leyes como las de Arizona (SB 1070) y Alabama (HB 56). Y para las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes el avance de este tipo de medidas radica en la falta de liderazgo tanto en el Congreso como en la Casa Blanca.

Durante la campaña presidencial 2008 el entonces candidato presidencial demócrata, Barack Obama, prometió que empujaría una reforma migratoria en el primer año de su mandato, es decir, durante 2009. Pero las guerras en Irak y Afganistán, la crisis económica y el debate de la reforma de salud, entre otros asuntos, postergaron indefinidamente el compromiso.

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En la elección de medio tiempo del primer martes de noviembre de 2010 los demócratas perdieron el control de la Cámara de Representantes y varias sillas en el Senado, resultado que permitió a los republicanos asentar su postura de rechazo a cualquier intento por legalizar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados.

Cuesta arriba

¿Qué futuro tiene entonces la reforma migratoria si en ninguna de las cámaras existen los votos necesarios para ser aprobada? Ninguno. Pero algunos apuestan por la conquista de un liderazgo perdido que abriría las puertas a futuras negociaciones, después de la elección del nuevo presidente de Estados Unidos o la reelección de Obama para un segundo mandato.

"Siempre habrá negociaciones", dijo Vanessa Cárdenas, directora de Progresss 2050, un programa del Center for American Progress (CAP) con sede en Washington DC. “Muchos congresistas tienen una trayectoria a favor de una reforma migratoria integral y no van a abandonar sus compromisos con los electores que les dieron el voto para sentarlos en el Congreso".

Cárdenas agregó que "había conversaciones" entre algunos senadores para la búsqueda de un "paquete de reforma" y que se esperaba que al final del día asome "un plan que pueda tener probabilidades de avanzar y ser aprobado en ambas cámaras".

"No podemos negar que toda iniciativa que venga del congreso para restablecer orden en este sistema de leyes migratorias quebrantadas es bien vista, siempre y cuando el esfuerzo no sea ficticio", dijo Jorge Mario Cabrera, director de Comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA). "Sin embargo, tantas veces nos hemos alegrado que ahora somos más cautelosos antes de decir sí o no".

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Pago pendiente

"Es importante que los legisladores hagan algo para la comunidad latina", apuntó Cárdenas. "La reforma migratoria tiene que ser prioridad para los congresistas. Y no sólo por una cuestión de votos para una elección, sino porque muchos están obligados a demostrarle a sus electores que están haciendo algo para solucionar el problema de la inmigración".

"Y también para mostrar a los republicanos, para que se sepa donde están, por qué no quieren aprobar una reforma migratoria comprensiva", añadió.

En cuanto a las conversaciones que a puertas cerradas sostienen varios senadores, Cárdenas dijo que en esta instancia las organizaciones pro inmigrantes "no hemos sido invitados, pero sabemos que se llevan a cabo y que están buscando alguna versión que pudiera ser presentada, un plan comprensivo".

"Sabemos que los demócratas no van a poner un plan sin el respaldo republicano porque entonces no contarían con los votos necesarios para ser aprobado", dijo.

Para que la reforma migratoria se apruebe se necesitan 218 votos en la Cámara de Representantes (los demócratas tienen 193 frente a 242 republicanos) y 60 en el Senado (los demócratas tienen 51 frente a 47 republicanos y 2 independientes).

La vanguardia

Algunos nombres citados por Cárdenas corresponden a los senadores (Charles) Schumer (Nueva York), (Robert) Menéndez (Nueva Jersey), (Patrick) Leahy (Vermont) y (Harry) Reid (Nevada), todos ellos demócratas y que han presentado en varias ocasiones una iniciativa de reforma migratoria.

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"Ahora están negociando un plan viable. Será difícil, lo sabemos, porque los republicanos no quieren una reforma migratoria integral", señaló Cárdenas.

El 22 de junio Schumer, Menéndez y Reid, junto al también senador Dick Durbin (demócrata de Illinois) presentaron una propuesta de reforma migratoria que incluía un programa de residencia para millones de inmigrantes indocumentados que carecen de antecedentes criminales y paguen multas.

El plan también propuso incrementar las medidas de seguridad para detener la inmigración indocumentada y recomiendó mejorar la herramienta federal E-Verify, para que las empresas puedan verificar el estado migratorio de sus trabajadores.

Otros detalles

La iniciativa recomendó que los favorecidos sean fichados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ministerio que tomará datos biométricos y datos biográficos a quienes califiquen para regularizar sus permanencias.

Para calificar, los inmigrantes debían pagar una multa de $500 más las tasas que cobra el servicio de inmigración por el proceso de formularios que se utilizan para ajustar la permanencia legal en el territorio estadounidense.

Los favorecidos entrarían en un período de prueba donde recibirían una residencia temporal de cuatro años. El beneficio incluía un permiso de trabajo y autorización de viaje pasa salir y reingresar a Estados Unidos. Los familiares inmediatos del beneficiario "cónyuges e hijos menores de edad solteros- también eran elegibles para el programa.

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El proyecto indicaba que Los autorizados para ajustar el estado migratorio debían esperar por un cupo de visa, el que podría demorar hasta ocho años. También debían pagar impuestos, pagar una segunda multa de $1,000 al momento de recibir la notificación de una visa disponible, aprender inglés y educación cívica de Estados Unidos.

De la seguridad fronteriza el plan demócrata de reforma migratoria añadía un incremento en los sistemas de vigilancia en la frontera para detener el ingreso indocumentado. Y establecía una revisión de los activos y personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incrementarlos en caso de ser necesario.

El proyecto no fue debatido por falta de un acuerdo bipartidista previo que garantizara  su aprobación en ambas cámaras del Congreso.

Bases para un diálogo

Al ver la actual configuración del legislativo "se nos quita el optimismo", dijo Katherine Vargas, secretaria de prensa del Foro Nacional de Inmigración (National Immigration Forum "NIF-). "Pero me parece importante notar que obviamente los demócratas están tratando de diferenciar cuáles son sus propuestas de inmigración" y elaborar un proyecto para ser debatido y que cuente con apoyo republicano.

Vargas, sin embargo, opina que "más allá de propuestas que muchos piensan no van a llegar a ningún lado, lo que se está buscando es liderazgo" para poder entonces sentar las bases de un diálogo bipartidista que de resultados favorables y ponga fin al padecimiento que viven 11 millones de inmigrantes indocumentados.

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Pero el punto que preocupa a Vargas, por el momento, no es la lucha por la conquista del liderazgo perdido en el Congreso para el manejo del tema migratorio, sino la implementación de los recientes cambios anunciados por el gobierno de Obama a la política de deportaciones.

"La administración dio en agosto un anuncio de una mejor política de deportaciones y debería implementarla de mejor manera. Necesitamos ver resultados concretos y urge mejorar la puesta en vigor de estas medidas", subrayó.

Medida discrecional

El 18 de agosto el gobierno federal anunció su intención de aplazar por tiempo indefinido la deportación de ciertos inmigrantes sin autorización para estar en el país, que tengan una orden de deportación vigente y que carezcan de antecedentes penales, quienes podrían tener la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo siempre y cuando cumplan con una serie de otros requisitos.

El gobierno también advirtió que la medida es discrecional, afecta o impacta a aproximadamente 300 mil indocumentados en proceso de deportación y que cada caso será revisado minuciosamente por las Cortes de Inmigración.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigraciòn (AILA) advirtió que no existe una manera "segura" de calificar para ser beneficiario del anuncio hecho por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y que tampoco existe una garantía de que un caso será considerado por las autoridades para ser revisado.

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Añadió que antes de dar un paso, los inmigrantes que crean que pueden acceder al beneficio deben primero consultar con un abogado autorizado con licencia para ejercer la ley de inmigración estadounidense, y que por nada se ponga en contacto con las autoridades de inmigración, porque "puede ser arrestado y puesto en proceso de deportación".

"Sólo un abogado de inmigración con licencia para ejercer puede evaluar su caso y brindarle un consejo legal adecuado, e informarle acerca de sus derechos", subrayó AILA.

Liderazgo debilitado

Vargas dijo la puesta en vigor de las medidas demostraban que el gobierno federal "no tiene liderazgo” y con ello le sigue dando argumentos a los gobiernos estatales “para que se tomen este espacio, como ocurrió en Alabama, donde el Asamblea convirtió a los profesores en agentes del servicio de inmigración".

La fuente del Congreso dijo que la polémica ley HB 56 de Alabama provocó un "enorme impacto interno" en el Senado, "cruzó la línea" y aseguró que las conversaciones que se llevan a cabo tienen el propósito de "revertir la situación".

La Casa Blanca tiene una responsabilidad moral con el electorado latino y la comunidad inmigrante y mientras se prepara el terreno para una discusión a nivel legislativo, pedimos un paro a las deportaciones de nuestras familias. 

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Cabrera dijo que "cualquier iniciativa confrontará oposición feroz de los Republicanos, pero les avisamos que marchen con mucha cautela porque, si bien cuentan con un porcentaje del voto latino, podrían contar con menos, especialmente en elecciones a nivel local y regional".

"También el aviso es para los demócratas y la Casa Blanca que si piensan en presentar alguna propuesta, que den todo por todo y que no jueguen con nuestra comunidad", concluyó.

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