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Ley antiinmigrante en Virginia

Ley antiinmigrante en Virginia

Quienes soliciten servicios al condado y quienes sean detenidos por la policía, deberán demostrar que viven legalmente en EU.

Miles en la mira

Dos semanas después de que el Senado diera por cancelado el debate de la reforma migratoria, la junta de supervisores del condado de Prince William, estado de Virginia, aprobó una resolución que endurece medidas contra los indocumentados y les niega el acceso a muchos de los servicios comunitarios disponibles.

Una de las ordenanzas exige que todos los funcionarios de agencias gubernamentales y el personal de las distintas dependencias del gobierno del condado verifiquen si los extranjeros que hacen uso de los servicios del condado viven legalmente en Estados Unidos.

También ordena que los agentes de las policías locales investiguen el estatus migratorio de cualquier persona detenida por haber violado una ley estatal o una ordenanza del condado, independientemente del "origen nacional, la etnia o la raza" del individuo.

La nueva ley otorga al personal del condado 90 días para completar un estudio de los servicios que podrían negarse a los indocumentados y cómo podría implementarse tal programa.

Kent Willis, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Virginia, dijo que las consecuencias verdaderas de la medida serían determinadas por los detalles, como la definición de "causa probable".

Plan republicano

La ordenanza fue aprobada por unanimidad el lunes durante una junta de los oficiales del Condado a la que asistieron cientos de personas.

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La iniciativa de ley fue propuesta por el representante republicano John T. Stirrup (de Gainesville), quien recomendó además que las agencias de policía locales lleguen a acuerdos con el departamento (ministerio) de Seguridad Nacional (DHS) lo antes posible para ejecutar la ordenanza.

El acuerdo recomendado por Stirrup permitirá a las autoridades del condado designar a los oficiales que estarán autorizados para reforzar la ley de inmigración en Prince William y entregar a los indocumentados a las autoridades federales.

Ley vieja

Autorizar a los departamentos de policía municipales y estatales para que su personal ejerza funciones como agentes de inmigración es un plan ideado por el departamento de Justicia tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La ley de inmigración de 1996 permite que el servicio de inmigración llegue a acuerdos con autoridades estatales y locales para que la policía realice este tipo de funciones.

El entonces secretario de Justicia, John Ashcroft, explicó en 2003 que el plan formaba parte de la lucha antiterrorista dirigida por el gobierno de Washington.

No todos lo aceptan

Sin embargo y pese a las presiones del gobierno, hasta ahora la mayoría de agencias estatales de policía han advertido que ven en la medida una amenaza que puede echar por tierra el trabajo acumulado durante más de 30 años con comunidades de inmigrantes para combatir el crimen.

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El jefe de la policía del condado Prince William se pronunció contra la iniciativa, diciendo que reduciría la cooperación con las agencias del orden y afectaría negativamente los recursos ya escasos.

El jefe Charlie T. Deane dijo que la restricción al acceso a los servicios de recreación conllevaría al aumento de delitos graves juveniles.

Lluvia de críticas

Los opositores a la resolución, una de las más severas del país contra la inmigración indocumentada, realizaron una manifestación en la puerta de la Junta de Gobierno y prometieron que lucharán contra la nueva medida.

El texto de la medida no especifica cuáles son los servicios que se negarán a los inmigrantes, pero indica que la atención médica de emergencia y otros servicios, como la educación, no pueden negarse al estar protegidos por las leyes federales o estatales.

Asimismo, establece que serán los funcionarios del condado los que decidirán qué servicios deberán proveerse y cuáles no.

La resolución permitirá además que "cualquier persona nacida en Estados Unidos o inmigrante en situación legal" que viva en el condado Prince William obligue a las agencias del gobierno local a que cumplan las disposiciones de la medida.

Las razones de Stirrup

Para Stirrup, la inmigración ilegal tiene la culpa de "las dificultades económicas y del desorden que reina en el condado de Prince William", según reza el preámbulo de su texto.

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El condado, situado a unos 40 kilómetros al suroeste de Washington DC, ha visto como su población aumentaba de 281 mil en 2000 a 347 mil en 2005, de acuerdo con cifras del censo.

La inmigración ha sido la principal causa de este aumento y en concreto la población hispana creció del 9,7 por ciento a un 18 por ciento del total, durante ese mismo período.

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