publicidad

Ley antiinmigrante en Texas

Ley antiinmigrante en Texas

Votantes de Farmers Branch, Texas, prohibieron a propietarios arrendar sus propiedades a indocumentados.

Datos no oficiales

Seis meses después de que el Concejo Municipal de Farmers Branch (Texas) aprobara una polémica ordenanza que prohíbe a los propietarios arrendar propiedades a indocumentados, los electores decidieron convertirla en ley el sábado y con ello se convirtieron en los primeros en todo el país en decretar este tipo de reglamento.

Según el conteo preliminar, la medida fue aprobada con el 68% de los votos, mientras que 32% trató de impedir el triunfo de la propuesta.

La legislación local obliga a los caseros de este suburbio de Dallas a confirmar que los inquilinos sean residentes legales o ciudadanos estadounidenses antes de arrendarles casas, apartamentos o negocios.

A mediados de noviembre el Concejo de Farmers Branch aprobó por unanimidad la medida, otra que hacía del inglés el idioma oficial y una tercera que concedía poderes extraordinarios a la policía local para que investigara si sospechosos de delitos se encontraban legalmente en Estados Unidos.

Procedimiento cuestionado

El Consejo sólo aceptó los comentarios del público después de la votación.

La estrategia fue duramente criticada y sirvió como argumento para que grupos pro inmigrantes exigieran en las cortes el retiro de la ordenanza.

Para justificar la medida, el Concejo dijo que el gobierno federal no había logrado frenar la inmigración indocumentada, pese a ser tema de su jurisdicción.

publicidad

Los cambios de enero

El concejo municipal cambió la iniciativa en enero, para incluir las exenciones a menores de edad, adultos mayores y parejas cuyos miembros tienen distinto estatus migratorio.

Tras las modificaciones, sectores que se oponen al reglamento reunieron suficientes firmas como para asegurarse de que el ayuntamiento la sometiera a un referendo.

Pero en la votación del sábado los electores aprobaron la medida.

Detalles de la prohibición

La ley de la ciudad determina que los menores de edad y las personas de 62 años o más no están obligados a demostrar su estatus migratorio o su ciudadanía para obtener un contrato de arrendamiento.

En otra parte, la medida señala que las familias que incluyen ciudadanos y también tienen inmigrantes indocumentados podrían alquilar si cumplen uno de estos tres requisitos: ya son inquilinos; el cabeza de familia o su cónyuge residen legalmente en Estados Unidos; y la familia sólo está integrada por un adulto, sus hijos menores o los padres del cónyuge.

Los grupos que se oponen a la medida pedirán a un juez que impida a las autoridades municipales poner en práctica la ordenanza, o iniciarán una demanda judicial.

Defienden la ley

El concejal Tim O'Hare, que respaldó la ordenanza, sostiene que la economía y la calidad de vida de la ciudad mejorará si los inmigrantes indocumentados no residen en Farmers Branch.

publicidad

Desde que la normativa fue aprobada, Farmers Branch se ha convertido en escenario de protestas y confrontaciones.

"Lo que me llama más la atención es el nivel de emotividad, de frustración en torno a la cuestión migratoria", dijo Cal Jillson, profesor de ciencias políticas de la Universidad Metodista del Sur.

Procesos judiciales

Antes de la votación del referendo del sábado, Farmers Branch enfrentaba cuatro demandas presentadas por grupos de activistas sociales, los habitantes, caseros y empresarios.

Los grupos argumentan que con la ley se pone a los caseros en una situación precaria al hacerlos actuar como funcionarios migratorios y la ordenanza es discriminatoria.

Sus abogados apuntan que la medida intenta regular el flujo migratorio, una función exclusiva del gobierno federal.

Números del proceso

Más de 3 mil de los 14,100 votantes registrados en la localidad participaron en la primera fase de votaciones, que terminó el martes.

Ello representa 2 mil más que el número total de votantes en las dos anteriores elecciones municipales, dijo la Oficina Electoral del Condado de Dallas.

En todo el país, más de 90 municipalidades han propuesto, aprobado o rechazado normas parecidas, así como la imposición de multas a las empresas y negocios que contraten indocumentados o el entrenamiento de sus fuerzas policiales para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

publicidad

El caso de Hazleton

En Hazleton, Pensilvania, una ley similar a la de Farmers Branch se encuentra en manos de una corte.

Un juez federal, que presidió un juicio de nueve días y que acaparó la atención nacional, probablemente dilatará meses en emitir un dictamen para saber si la ordenanza de Hazleton fue una respuesta razonable a un problema sobre los crecientes índices delictivos, o un intento inconstitucional por regular la inmigración, un asunto que sólo le compete al gobierno federal.

El magistrado James Munley dijo a finales de marzo que estaban en juego conceptos legales "muy complejos" y dio como plazo el mes de mayo para que cada parte presente argumentos adicionales en relación al caso, el cual gira en torno a si los gobiernos locales pueden actuar por su cuenta para frenar la inmigración indocumentada en Estados Unidos.

De qué se trata

La ordenanza fue aprobada el verano anterior en respuesta, según sus autores -entre ellos el alcalde- al crecimiento en el nivel de crímenes violentos, en algunos de los cuales estuvieron involucrados inmigrantes indocumentados.

La ley prohíbe a los dueños de viviendas alquilar sus propiedades a inmigrantes ilegales, y a los propietarios de negocios contratar indocumentados.

También determinó que los inquilinos se registren ante el ayuntamiento.

Quienes no cumplan con la ordenanza serán multados por el ayuntamiento.

publicidad

Acusadores vs. Acusados

Kobach, profesor de leyes en la Universidad de Misurí, indicó que "estas ordenanzas fueron redactadas con mucho detalle", y agregó que "las violaciones a la constitución son imaginarias".

Pero Witold Walczak, un abogado de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU por sus siglas en inglés), mencionó en su argumento final que Hazleton había volteado los hechos para poder "satanizar a los indocumentados y convertirlos en sus chivos expiatorios injustamente".

Puntualizó que la satinización de los indocumentados se hizo con el fin se "culparlos por el crimen, escuelas sobresaturadas y otros problemas" que afectan a Hazleton.

"Tratar de achacar los problemas a los inmigrantes indocumentados es injusto", expresó Walczak, director legal de la ACLU de Pensilvania.

La ACLU y otros abogados presentaron pruebas de que la medida es discriminatoria, anticonstitucional y viola los derechos de sus clientes.

La votación de Farmers Branch se registó en momentos que el Senado de alista para reanudar el debate sobre la reforma migratoria.

publicidad
Contenido Patrocinado
En alianza con:
publicidad
publicidad