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Ley antiinmigrante en NJ

Ley antiinmigrante en NJ

Senador demócrata alista plan que, de ser aprobado, castigará la contratación de indocumentados en Nueva Jersey.

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Efecto dominó

TRENTON, Nueva Jersey - El líder de la mayoría demócrata en el Senado de Nueva Jersey, Stephen Sweeney, tiene planes de presentar un proyecto de ley que, de ser aprobado, castigará a las empresas y los empresarios que contraten a sabiendas a inmigrantes indocumentados.

Sweeney dijo que su decisión fue adoptada luego de que un juez federal confirmó una ley de Arizona que prohíbe a las empresas contratar a indocumentados, reportó The Associated Press.

La ley de Arizona, que entró en vigor el 1 de enero, también le quita las licencias a las personas y empresas que hacen una contrata ilegal.

"Las empresas que contraten indocumentados a sabiendas están destruyendo oportunidades de trabajo para los trabajadores de Nueva Jersey", dijo Sweeney. "La práctica debe cesar".

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Números oficiales

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) de Estados Unidos estimó en 2003 que Nueva Jersey cuenta con al menos 221 mil inmigrantes sin estatus legal de permanencia en Estados Unidos.

El estado de Nueva Jersey tiene 8.7 millones de habitantes, de los cuales 4.1 millones son trabajadores.

Detalles del plan

Si la medida en planes de Sweeney prospera en el Congreso de Nueva Jersey, las empresas recibirán, en primera instancia, una revocación de sus licencias por espacio de 10 días.

De persistir el problema, habrá una segunda instancia en la cual se les notificará que sus licencias serán revocadas de manera permanente.

"Nueva Jersey debe recibir a inmigrantes legales con los brazos abiertos, pero necesitamos frenar a los indocumentados que socavan los sistemas de apoyo a la familia, a la salud pública y al sistema educativo", dijo Sweeney, quien presentará su propuesta la semana próxima, detalló The Associates Press.

Cunde la alarma

La propuesta ha causado preocupación a los negocios, dijo Jim Leonard, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Nueva Jersey.

"Creemos que el tema de la inmigración debe ser encarado a nivel federal", dijo Leonard.

"Crear una colcha de retazos empatados sobre este tema a través de todo el país dificulta aún más la administración de una empresa", añadió.

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La ley de Arizona

A diferencia del plan de Sweeney, la ley de Arizona es un proyecto patrocinado por republicanos y criticado por demócratas.

Presentada en 2007 por el representante estatal republicano Russell Pearce, la ley de Arizona castiga a las empresas y tiene como principal objetivo es sacar de ese estado a los inmigrantes indocumentados.

"Espero que se deporten por sí mismos", dijo Pearce poco antes de que la ley entrara en vigor. "Ellos transgredieron la ley. Son delincuentes".

Multa y suspensión

La nueva norma sanciona a las compañías que contraten a sabiendas a trabajadores indocumentados con penas que van desde la libertad condicional de los responsables a una suspensión de 10 días de las licencias de sus negocios.

Una segunda violación de la ley podría significarles la revocación permanente de la licencia, tal y como propone Sweeney en Nueva Jersey.

Nancy-Jo Merritt, una abogada de inmigración que representa a algunas empresas de Arizona, dijo a principios de enero que sus clientes ya han comenzado a despedir a los trabajadores que no pueden demostrar que están en el país de manera legal.

"Se están despidiendo trabajadores, obviamente", señaló. "Nadie quiere descubrir tarde que tenía alguien trabajando que no estaba de manera legal".

Malos presagios

Dawn McLaren, investigadora económica de la Universidad Estatal de Arizona especializada en temas de inmigración, manifestó que la desaceleración económica, especialmente en la industria de la construcción, está contribuyendo también con el éxodo.

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Judith Gans, experta en política migratoria de la Universidad de Arizona que ha estudiado el impacto económico de la inmigración ilegal en el estado, dijo que la nueva ley tendrá un efecto preponderante en la economía local.

"Las industrias retrocederán y los precios aumentarán", dijo Gans.

El precio de la hamburguesa, una lechuga, la tarifa semanal de los servicios de jardinería aumentarán mientras la fuerza laboral irá en declive, indicó.

Inquietud en el campo

Empresarios de Arizona ya advierten los efectos de las medidas.

"Claro que va a afectarnos", dijo Jeremiah, propietario de una pequeña empresa de jardinería paisajística en Phoenix que estima que el costo de tener el césped bien podado subirá entre 15 y 20 por ciento como resultado de la ley.

"Vamos a perder a algunas personas calificadas, eso está claro. Voy a mantener mi producto pero se verá afectada la eficiencia. Es una falta de previsión pensar que esto no va a afectar las cosas", agregó Jeremiah, quien se negó a dar su apellido.

"Este no es un buen paso, no creo que la gente haya reflexionado lo suficiente en esto y nadie consultó a las pequeñas empresas sobre cómo se sentían respecto a este tema".

Los más afectados

La agricultura es el sector donde se espera el peor impacto con este tipo de leyes antinnmigrantes.

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La localidad de Yuma, Arizona, requiere 50 mil campesinos para la época de la lechuga, solo la mitad de este número vive en el lado estadounidense de la frontera. Los recolectores ganan entre $12 y $14 la hora (los pagos son cajas llenas) y con la medida pueden a llegar a pagarse 20 por hora, dijo Dawn McLaren, investigador económico de la Universidad del Estado de Arizona.

Cada vez son más las empresas agrícolas que se trasladan al sur de la frontera, México, para evitar los altos costos de producción, la comida puede ser importada gracias a un dólar debilitado dándoles la oportunidad de expandirse.

"Si nosotros no podemos encontrar trabajo aquí a un precio razonable para la empresa, las empresas simplemente mudan su negocio a otra parte", indicó McLaren que como Gans creen todo está por verse pero indudablemente "Arizona se puso al frente".

En Nueva Jersey podría repetirse el peligro, advirtieron agricultores.

Debates inconclusos

La presentación y aprobación de leyes antiinmigrantes en los estados se incrementó tras los fracasos de debate migratorio en el Congreso en junio de 2006 y junio de 2007.

La falta de acuerdo bipartidista no permitió que el legislativo autorizara la legalización de al menos 12 millones de indocumentados, fallo que abrió la puerta a los gobiernos locales para tratar el tema.

El plan de legalización de 2006 otorgaba residencia a indocumentados que llevaban tiempo en Estados Unidos a cambio de multas de hasta $3 mil por persona, entre otros requisitos.

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El proyecto de 2007 beneficiaba a indocumentados que carecieran de antecedentes criminales, pagaran impuestos y hablaran inglés, además del pago de multas hasta por $13,500.

Tras la cancelación del debate el 28 de junio del año pasado el liderazgo de ambos partidos dijo que un nuevo debate podría ocurrir en 2009, después de los comicios presidenciales d3 noviembre, cuando los estadounidenses elijan al sucesor de George W. Bush.

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