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Ley antiinmigrante en Misuri

Ley antiinmigrante en Misuri

Un aspirante demócrata a la gobernatura propuso severos castigos a patronos que contraten inmigrantes indocumentados.

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Castigos y prohibiciones

JEFFERSON CITY, Misurí - El procurador general estatal Jay Nixon, de filiación demócrata, propuso el miércoles castigar a los negocios que contratan trabajadores indocumentados y cerrar permanentemente aquellos que reinciden en esta práctica.

Las iniciativa surgió luego que su rival en las próximas elecciones por la gobernación, el republicano Matt Blunt, promovió una serie de iniciativas para castigar a los inmigrantes indocumentados, y a quienes les den empleo, dijo The Asdsociated Press.

En un comunicado Nixion explicó que busca nuevos poderes que le permita pedir a la Corte que imponga un recurso que no permita que aquellos negocios que emplean inmigrantes indocumentados sigan operando durante cierto período de tiempo.

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El proyecto del aspirante a gobernador también incluye pedir a la corte que prohíba para siempre a los reincidentes seguir operando en Misurí.

"Es el atractivo de un trabajo lo que atrae a los trabajadores indocumentados a nuestro estado", indicó Nixon en su comunicado.

"El ponerse duros con los patronos que emplean trabajadores indocumentados para conseguir ventajas sucias sobre sus competidores que siguen la ley debe ser la más alta prioridad", agregó.

Después del debate

Desde el fracaso en el Senado del debate de la reforma migratoria, el 28 de junio, la inmigración ilegal se convirtió en un asunto clave en la política estadounidense, y estratégica en las campañas políticas, tanto por la disputa de la Casa Blanca como por un puesto en el Congreso y en las gobernaciones.

También dejó la puerta abierta para que los estados, condados y municipales hagan sus propias propuestas para combatir la inmigración indocumentada, a quien culpan de la mayoría de los problemas sociales y económicos que afrontan en los últimos cuatro años.

En los últimos dos años mas de 1,400 leyes han sido debatidas en al menos 29 de los 50 estados. Más de 60 han sido aprobadas y la mayoría de las propuestas han sido patrocinadas por republicanos.

Sin embargo, en los últimos dos meses los demócratas parecen inclinarse del lado de la postura republicana con la idea de conseguir apoyo suficiente para los comicios de noviembre de 2008.

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El analista político Sergio Bendixen exlicó en julio a Univision.com que en estados Unidos hay unos 25 millones de votantes antiinmigrantes y 10 millones de votantes que los favorecen, un argumento que pesa en el comportamiento electoral que cobra fuerza.

En junio, cuando el Senado frenó el debate de la reforma migratoria, “los senadores se inclinaron por el mayor número de votos”, señaló.

 

Iniciativa federal

A finales de noviembre, por ejemplo, un grupo de legisladores encabezados por los senadores demócratas Mark Prior (Arkansas) y Mary Landrieu (Luisiana), y el representante Heath Shuler (Carolina del Norte), propusieron una iniciativa de ley denominada ' Secure America with Immigration and Enforcement' (SAVE Act), que en resumen recomienda aumentar el número de agentes de la patrulla fronteriza, obligar a los empleadores a verificar el estado migratorio de todos sus trabajadores y sancionar a aquellos que contraten indocumentados.

El plan también elimina la posibilidad de legalizar a los 12 millones de indocumentados y deja la puerta abierta para que el departamento de Seguridad Nacional (DHS) incremente las redadas en los centros de trabajo, estrategia que fue investigada y criticada en un completo informe divulgado por el Consejo Nacional de La Raza, el principal grupo hispano de Estados Unidos.

El SAVE Act también amenaza con criminalizar la estadía ilegal en Estadios Unidos, por ahora una falta de carácter civil.

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Dudas del plan de Nixon

De acuerdo con el comunicado de Nixon, no quedó claro si los castigos propuestos recaerán sólo en negocios que contratan trabajadores indocumentados a sabiendas o si también afectaría a los que lo hacen sin saber.

El portavoz de Nixon, Scott Holste, dijo que faltaba negociar los detalles con legisladores.

Pero, "está claro que los negocios que han tomado las medidas apropiadas y razonables no serían blanco de sanciones o acciones de la procuraduría general", añadió.

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