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Ley antiinmigrante en Arkansas

Ley antiinmigrante en Arkansas

La situación de los indocumentados es compleja debido a leyes antiinmigrantes y la falta de recursos.

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La de mayor crecimiento

La situación de los indocumentados en el noroeste de Arkansas es compleja debido a las medidas antiinmigrantes y la falta de recursos para defenderlos, afirman diplomáticos, activistas y miembros de la comunidad.

La población hispana en Arkansas es una de las de mayor crecimiento en el país.

De acuerdo con el Instituto Urbano (The Urban Institute), que agrupa a docentes de varias universidades de Estados Unidos, el aumento poblacional de esa minoría étnica en Arkansas, entre los años 2000 y 2005, fue de 48 por ciento.

Así, en 2005 había 2.7 millones de personas en Arkansas, cuatro por ciento de origen inmigrante. De ese número, más de la mitad (51 por ciento) no tenía documentos legales para vivir y trabajar en Estados Unidos.

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El número de mexicanos

De acuerdo con Andrés Chao, Cónsul General de México en Little Rock (Arkansas), alrededor de 150 mil mexicanos viven en el estado, de los cuales la gran mayoría enfrenta situaciones y condiciones desfavorables por su estatus migratorio.

"Por eso se abrió esta sede consular hace poco más de un año y desde entonces hemos visto problemas de todo tipo como sucede en todo el país, pero es en el noroeste de Arkansas donde se reciben mayores quejas de toda índole", afirmó Chao a Efe en entrevista telefónica.

"Muchos viven situaciones complicadas principalmente porque las autoridades locales han implementado algunas leyes en donde los policías hacen funciones que antes únicamente les competía a los agentes de Inmigración", agregó Chao.

Policía cazainmigrante

El titular del Consulado General de México en Little Rock se refiere al Programa 287(g), que permite a los agentes de la policía local averiguar el estado migratorio de extranjeros detenidos en las cárceles.

En el noroeste de Arkansas han implementado el 287(g) los condados de Benton y Washington, así también como las ciudades de Rogers y Springdale.

Para Jim Miranda, activista comunitario, algunos líderes y policías buscan utilizar programas con el 287(g) con fines estrictamente políticos y usan el miedo de una comunidad para lograr sus objetivos.

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"Lo que debe ocurrir inmediatamente para revertir este pensamiento es educar a la mayoría de la población para que entiendan que los inmigrantes no son responsables de los crímenes y delitos que suceden en nuestras comunidades", asegura Miranda.

Redadas y deportaciones

En los últimos meses se han llevado a cabo un sinnúmero de redadas en el noroeste de Arkansas, especialmente en el condado Benton donde se han detenido a cientos de inmigrantes.

También, según activistas, en este condado hasta los inmigrantes legales han sido cuestionados por la policía local.

Un caso que acaparó la atención nacional fue el de Adriana Torres, una mexicana indocumentada que se presentó a corte en el condado Washington y permaneció en una celda cuatro días sin agua, comida ni servicios básicos.

El arresto de Torres

Torres, de 38 años, se presentó a comienzos de mes a la corte del condado Washington para testificar en un caso donde se le acusa de vender música de forma ilegal en un mercado ubicado en Springdale.

Originaria de Zacatecas, esta mexicana fue detenida hace tres meses junto a otros implicados, pero se declaró inocente de los cargos imputados y fue llamada a comparecer ante un tribunal.

Pero el juez en el caso revocó su libertad condicional y ordenó su detención sin derecho a fianza por ser indocumentada e inmediatamente fue trasladada a una celda de espera para luego ser trasladada a una cárcel del condado.

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El guardia que la dejó en la celda fue suspendido sin goce de sueldo por un mes y sólo dijo que "se olvidó de ella" porque ese día el mal tiempo en la región y la amenaza de una nevada obligó al cierre de todas las oficinas públicas del condado.

Ayuda a minorías étnicas

Hace unos meses, Miranda y un grupo de activistas crearon una organización para ayudar a las minorías étnicas, especialmente en los abusos cometidos por las fuerzas del orden.

Para este activista, esta iniciativa es la mejor alternativa para responder a los maltratos con el mismo peso de la ley a través de denuncias penales para que el sistema judicial "tome cartas en el asunto y decida si la policía local debe seguir haciendo una tarea por la cual no han recibido entrenamiento necesario".

Pero como asegura Miranda, la educación es quizás la mejor herramienta que tiene una sociedad para usarla a favor y así salir adelante, como la hace cada día la Organización de Mujeres Hispanas (HWOA, en inglés), un ente sin ánimo de lucro que promueve la educación de las mujeres latinas y sus familias en esa zona del estado desde 1999.

Unos 10 mil al año

Según Margarita Solórzano, directora ejecutiva de HWOA, la organización ayuda a un promedio de 10 mil personas al año en más de 15 condados no sólo de Arkansas, sino de los vecinos estados de Oklahoma y Misuri.

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"Suponemos que existe un temor entre la población hispana cuando saben que no tienen ciertos requisitos ya sea para conseguir un trabajo o para seguir estudiando. Lo que nosotros hacemos es tratar de que se acoplen a esta sociedad y sepan cómo defenderse con los recursos que existen", aclaró Solórzano.

Para la activista, además de los problemas que encuentran los hispanos en la calle, hay otras barreras que deben enfrentar entre ellos mismos, la mayoría de tipo cultural.

"Muchas familias hispanas no creen en mandar a sus hijos a la escuela y por eso hay deserción escolar y no terminan la preparatoria. Los padres no saben cómo funciona el sistema escolar y también hay un alto índice de embarazos entre las jóvenes", añadió Solórzano.

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