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Legislador demócrata de Illinois prometió entregar plan de reforma migratoria

Legislador demócrata de Illinois prometió entregar plan de reforma migratoria

Un congresista demócrata prometió en breve presentar a la Cámara de Representantes un proyecto de reforma migratoria.

Fiesta del ilegal

Un congresista demócrata prometió el jueves presentar a la Cámara de Representantes un proyecto de reforma migratoria que, entre otras recomendaciones, incluirá una vía de legalización para indocumentados.

El legislador Luis Gutiérrez (Illinois) se comprometió a entregar la iniciativa durante "La fiesta del ilegal", evento organizado por activistas de Chicago en momentos que arrecia en Washington DC la batalla entre quienes respaldan y rechazan a los "sin papeles".

Convocada por la Coalición de Illinois por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) y el locutor mexicano Javier Salas, del programa "Un Nuevo Día" de la emisora La Tremenda, perteneciente a la cadena Univision, actividad congregó a cientos de inmigrantes que pidieron a Gutiérrez tomar el liderazgo de un debate que en los últimos tres años ha sufrido dos fracasos por falta de apoyo bipartidista.

Tras el compromiso, Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Ángeles (CHIRLA), dijo que aplaudía la promesa de Gutiérrez "para avanzar en las próximas semanas un proyecto de ley de reforma migratoria en la Cámara de Representantes".

Momento de actuar

Salas apuntó que "hemos tenido años de discusión de por qué la reforma migratoria es buena para Estados Unidos y estamos encantados de que (Gutiérrez) reconoce que el momento de actuar ha llegado".

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Encuestas publicadas en los últimos dos años por medios de comunicación estadounidenses revelan que una mayoría respalda la aprobación de un cambio ordenado de las leyes migratorias que permitan a ciertos indocumentados salir de las sombras y regularizar sus estadías.

Si bien la activista mostró preocupación por el retraso en el debate migratorio, estimó que el paso de Gutiérrez puede  "poner en marcha el proceso para que muy pronto un proyecto de ley pueda ser acordado por todos y se presente al Presidente para su firma".

¿Qué beneficios y prohibiciones debería incluir la reforma migratoria?

Reforma en crisis

Para que la reforma migratoria sea aprobada por el Congreso se requieren 218 votos en la Cámara de Representantes y 60 en el Senado, cifra que a la fecha no se ha logrado porque no existe un plan bipartidista que lo garantice.

A principios de septiembre Univision.com reveló que el debate se encuentra en crisis porque los republicanos no se han comprometido con otorgar respaldo público a una iniciativa demócrata liderada el senador Charles Schumer (Nueva York), quien prepara un documento base para ser discutido entre finales de 2009 y principios de 2010.

Al mismo tiempo, más de 600 organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes revisan una estrategia de envío de mensajes al legislativo para que diputados y senadores inicien el debate y se inclinen por un proyecto de ley generoso que permita a millones de extranjeros -que no han cometido delitos y pagan impuestos- solicitar la tarjeta verde o green card.

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La derrota de 2007

Una campaña parecida se llevó a cabo en el primer trimestre de 2007 cuando el legislativo debatió un proyecto de reforma con legalización incluida. Pero en esa ocasión fueron más los mensajes de grupos antiinmigrantes que los apoyos a la reforma amplia, situación que obligó al entonces liderazgo republicano dar por concluido el debate.

Millones de inmigrantes en Estados Unidos "sufrimos una gran derrota", comentó a Univision.com Jorge Mario Cabrera, director de Comunicaciones de la Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles (CHIRLA).

Fuentes del Congreso reconocieron que las plantas telefónicas de la Cámara de Representantes y del Senado "colapsaron" a finales de mayo de 2007 cuando los legisladores se disponían a votar el proyecto de reforma "comprensible". Indicaron que los operarios telefónicos y las oficinas de los legisladores recibieron miles de mensajes, y que la mayoría de ellos provino "de personas y grupos que se oponen a la legalización de los indocumentados".

Números bajos

Hasta finales de agosto, el esfuerzo de las organizaciones agrupadas en la campaña Pro-América no había dado los resultados esperados.

Según Laura Vásquez, Analista de Legislación de Inmigración del Consejo Nacional de La Raza (el grupo hispano más importante de Estados Unidos), la campaña sólo logró 148 mil mensajes, correos electrónicos y  llamadas a la Casa Blanca, y poco más de 257 mil mensajes al Congreso.

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Una fuente de la Oficina del senador Harry Reid (Nevada), líder de la mayoría demócrata, aseguró que el nivel de llamadas y mensajes recibidos a la fecha es inferior a la cantidad de mensajes y llamados recibidos en 2007.

Aplauden la promesa

Por este motivo la promesa de Gutiérrez llega en buen momento, porque podría, aseguran activistas, dar un nuevo impulso a la campaña que arrancó en abril.

Según la directora ejecutiva de CHIRLA, "el momento de actuar (para el cambio de las leyes de inmigración) es ahora y la promesa de Gutiérrez llega en buen momento".

Frank Sharry, director ejecutivo y fundador de America's Voice, declaró que "estamos contentos con la declaración del congresista y confiamos en que la iniciativa ayude al presidente (Barack Obama) y a los líderes de ambas cámaras del legislativo a cumplir con su promesa de avanzar una reforma migratoria en este Congreso".

De qué se trata

Por ahora Gutiérrez no ha revelado detalles de su propuesta. Pero a principios de enero Univision.com reportó que el legislador de Illinois afinaba detalles de un plan que sometería a la consideración de la Cámara de Representantes en 2009.

El proyecto es similar a una propuesta que Gutiérrez ventiló en marzo de 2007 junto a otros congresistas. El plan en cuestión propuso una reforma amplia de las leyes migratorias estadounidenses y se basó en tres propósitos: mejorar la seguridad fronteriza, poner fin a la inmigración indocumentada y legalizar a la mayoría de los inmigrantes sin papeles que viven en Estados Unidos.

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La iniciativa de 2007 contó con el respaldo del republicano Jeff Flake (Arizona) y estaba estructurado en siete capítulos, y cada uno de ellos incluyó recomendaciones para garantizar su cumplimiento: seguridad fronteriza, seguridad interna, verificación de empleo, nuevo programa de trabajadores huéspedes o invitados, reforma al sistema de visas, legalización de indocumentados y mejoras adicionales.

Seguridad interna

La legislación estaba enfocada en reducir dramáticamente el número de inmigrantes ilegales en el país sobre la base de tres líneas generales de acción: sellar las fronteras, detener y expulsar a extranjeros que tengan antecedentes criminales y un programa de legalización amplio.

Entre otros aspectos, el plan especificó:

  • Revisar la política de encarcelación y liberación de extranjeros encarcelados.
  • Mejorar el programa de deportación voluntaria.
  • Prohibir la venta de armas de fuego a ciertos extranjeros en Estados Unidos.
  • Crear un reglamento nacional (único) de naturalización (ciudadanía).
  • Contar con un programa de deportaciones aceleradas.
  • Establecer un proceso acelerado de verificación de antecedentes para inmigrantes que solicitan beneficios inmigratorios.
  • Asistir a los estados que manejan extranjeros criminales.
  • Reducir el contrabando humano y la trata de blancas.
  • Obligatorio el registro de dirección de todos los inmigrantes que viven en el país.
  • Aumentar las penas a extranjeros que conduzcan vehículos bajo los efectos del alcohol.
  • Ampliar poderes a las agencias de policía para transferir prisioneros a autoridades federales.
  • Aumentar la capacidad de los centros de detención para indocumentados.
  • Cancelar visas a extranjeros que sean declarados culpables de cometer delitos graves.
  • Mejorar el sistema de pasaportes.
  • Incrementar las penas a quienes violen las leyes de inmigración.
  • Criminalizar el ingreso ilegal a Estados Unidos, pertenecer a una pandilla o el ingreso sin papeles después que una persona haya sido reportada de Estados Unidos.
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Verificación de empleo

Gutiérrez también recomendó en 2007 limpiar el sistema actual que regula a los extranjeros que trabajan en Estados Unidos, con el propósito de combatir el fraude.

El proyecto sugirió ampliar el programa de verificación de identidades (E-Verify) en los sitios de trabajo, mejorar las leyes para evitar la discriminación en los lugares de empleo y contar con una unidad especial para investigar y combatir el fraude de documentos de identidad.

De los trabajos temporales, el proyecto tomó como base un programa de trabajadores huéspedes que el presidente George W. Bush presentó por primera vez en enero de 2004, aunque esta fase se encontraba en  bajo revisión en enero.

El sistema permitiría crear una nueva visa de trabajador no inmigrante que beneficiaría a obreros que ya se encuentran en Estados Unidos o trabajadores que quieran trabajar en Estados Unidos y vivan en el extranjero.

La iniciativa contemplaba beneficios a familiares inmediatos del trabajador (cónyuges e hijos menores de edad solteros), crearía una visa para trabajadores temporales no inmigrantes y admitiría una cuota anual de trabajadores extranjeros con visa temporal de empleo, entre otras regulaciones.

La tarjeta verde

El capítulo 6 del plan Gutiérrez de 2007 incluyó un programa de legalización para indocumentados que viven en Estados, llevan tiempo y carecen de antecedentes penales.

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Según el proyecto, se beneficiarían aquellos indocumentados que estaban en Estados Unidos desde hace dos años y otorgaba una visa temporal de trabajo por seis años a los beneficiarios, al término de los cuales podrían optar por la visa permanente.

Cinco años más tarde de recibida la visa permanente, el inmigrante regularizado podrá postular para la ciudadanía.

Las recomendaciones indicaban además que los extranjeros favorecidos podrían salir y entrar a Estados Unidos, y que quienes calificaran deberían pagar una multa de $2,000 al momento de iniciar el trámite.

Seis años más tarde, al iniciar el proceso para recibir la visa definitiva, el indocumentado debería pagar otra multa de $1,000 al servicio de inmigración.

La propuesta de ley no contó con respaldo bipartidista y fue desechado.

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