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La reforma migratoria dejaría afuera a los inmigrantes que tienen delito...

La reforma migratoria dejaría afuera a los inmigrantes que tienen delitos

La reforma migratoria dejaría afuera a los inmigrantes que tienen delitos

Algunos actores de la reforma analizan si los indocumentados con récord criminal tendrán derecho a la Green Card.

La reforma migratoria dejaría afuera a los inmigrantes que tienen delito...

Pensando en voz alta

El debate de la reforma migratoria arrancó el 25 de junio, luego de dos prórrogas obligadas por la incompatibilidad de las agendas del Presidente Barack Obama y representantes de ambos partidos en el Congreso. No hay fecha para un nuevo encuentro, ni una lista de posibles invitados; sólo se sabe que algunos actores analizan si los indocumentados con récord criminal -graves y menos graves- tendrán derecho a legalizar su permanencia en Estados Unidos.

La oficina del líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid (Nevada), reconoció que después de la reunión con el Presidente en la Casa Blanca "se está hablando de ideas" en torno a cómo debería ser el perfil del proyecto de reforma migratoria que, de acuerdo con los planes de la Administración, debería estar listo para mediados de otoño.

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Los detalles sobre que tipo de crimenes impedirían calificar para la reforma, todavía no se ha llegado a ese tipo de conversaciones, dijo una fuente.

"Pero no hay ningún tipo de negociaciones  respecto", aseguró a Univision.com José Parra, vocero hispano de Reid. "No hay definiciones todavía", agregó, pero apuntó que la actual ley de inmigración indica que los inmigrantes que postulan a cualquier clase de beneficio migratorio no deben tener antecedentes criminales.

Durante la reunión del 25 de junio, Obama anunció la creación de un grupo de trabajo -liderado por la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Janet Napolitano y los líderes del Congreso- que se encargará de encontrar una vía para reconocer y legalizar a millones de indocumentados.

Amplia, pero severa

Desde la campaña, en 2008, Obama ha reiterado que está dispuesto a firmar una reforma migratoria que permita la legalización, pero ha advertido que ésta debe contener "estrictas" condiciones, como por ejemplo en las fronteras y los lugares de trabajo.

Esto quiere decir, de acuerdo con la Casa Blanca, que el plan migratorio se basaría en una mejora en los sistemas de seguridad fronterizos, la reunificación familiar, severos castigos a la contrata de trabajadores no autorizados y una vía de legalización para indocumentados que carezcan de antecedentes criminales, sepan inglés y paguen una multa, entre otras regulaciones.

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En la víspera del inicio del debate, el Senador Chuck Shumer (demócrata de Nueva York y quien preside el Subcomité de Inmigración del Poder Judicial), una pieza clave en las discusiones, dijo que la modificación de las leyes de inmigración estadounidenses se puede lograr siempre y cuando su partido y los defensores de los inmigrantes adopten una posición "más estricta", por ejemplo, contra los ingresos ilegales. Y también sobre el tema de aquellos que han cometido faltas.

"Es muy injusto meter a todos los que han tenido un roce con la policía en el mismo cajón", reflexionó el abogado José Pertierra, coordinador de la Sala de Chat de Univisión.com. "Hay personas que han sido detenidas por crímenes leves y otras por delitos serios. No deberían serr todos juzgados de la misma manera".

¿Debería permitir el Congreso que los 12 millones de indocumentados tengan las mismas posibilidades de legalizar su permanencia en Estados Unidos? Comente aquí.

Un tema recurrente

El debate de la reforma migratoria ha sido suspendido en al menos dos ocasiones en los últimos tres años, y uno de los principales y conflictivos puntos de debate y enojos ha sido la legalización de aquellos indocumentados que tienen algún tipo de falta.

Para los republicanos del ala ultraconservadora, legalización es sinónimo de amnistía y no están dispuestos a apoyar ningún proyecto de ley que insinúe la legalización de aquellos extranjeros que tienen faltas, no importa si sean leves o graves.

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Quizás si estén dispuestos a ceder en otro tipo de temas, como por ejemplo las cuotas de visas de trabajo temporal -como recomienda el senador John McCain (republicano de Arizona), los recursos que se destinen para el combate al narcotráfico y la inmigración indocumentada en la frontera o el otorgamiento de poderes extraordinarios para que las policías estatales y municipales ejerzan funciones como agentes de inmigración. Pero sobre esto no hay nada escrito.

El voto hispano

Pero esta vez las cosas podrían cambiar, sobre todo después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2008 cuando Obama ganó las Casa Blanca gracias al voto hispano, el principal sector que se beneficiará de una reforma migratoria.

De ello están claros los demócratas, y los republicanos no se quedan atrás: ellos saben que si quieren recuperar el Congreso y la presidencia, tendrán capturar el voto hispano que arrebatado el año pasado por el partido de Obama.

El panorama no es alentador para ninguno de los dos. Por ejemplo Schumer comentó que en los fracasados debates de 2006 y 2007, "las acusaciones de 'amnistía' estaban muy calientes", que "la gente aún no quiere una amnistía", pero "sí una solución".

Nick Shapiro, vocero de la Casa Blanca, comentó también en la víspera del encuentro que los estadounidenses "deberían esperar una discusión honesta de los temas en que podemos encontrar puntos de acuerdo y temas en los que todavía tenemos que trabajar".

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Respuesta obvia

¿Y cuál, entonces, fue el tema discordante que detuvo el debate de la reforma migratoria en los tres últimos años? Sin duda la legalización y cuáles de los 12 millones de indocumentados podría conseguir la codiciada green card y qué harían las autoridades con aquellos que no califiquen.

Los demócratas saben que este tema deberá ser tratado abiertamente, les guste o no. Los republicanos, por su parte, deberán aceptar el reto de tratarlo sin censura, exponer qué quieren y cómo lo quieren. Y los activistas que defienden los derechos de los inmigrantes tendrán que escuchar y luego sugerir recomendaciones para que no se cometan injusticias.

Schumer dijo que su partido deberá buscar "una posición más estricta" sobre el tema de la reforma migratoria. "Les he dicho a los activistas que tenemos que atacar la inmigración ilegal. Digo 'inmigrantes ilegales'. Hace dos años, los demócratas decían 'trabajadores indocumentados', lo que hizo que la gente dijera: 'Mmm, tal vez los demócratas no creen que está mal ser un inmigrante ilegal".

La otra postura

El paso de Schumer es estratégico. Mientras más se acerque a los republicanos más probabilidades habrá de negociar, porque se estrechan las diferencias.

Los republicanos lo saben y lo piensan. Sin el respaldo de ellos, es prácticamente imposible que el debate migratorio prospere, a pesar de la mayoría que los demócratas ostentan en la Cámara de Senadores (58 asientos más el voto de los dos senadores independientes).

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La tercera semana de abril y en respuesta a un anuncio de la Casa Blanca de comenzar el debate de la reforma migratoria en 2009, el Senador Jon Kyl (republicano de Arizona) dijo que era "prematuro" y exigió a la Administración tratar primero el tema de la seguridad en las fronteras antes de redactar y debatir un proyecto. Y dentro de la seguridad se incluye a quienes han cometido faltas o violado la ley.

Todavía está fresco

En 2006 Kyl recomendó aumentar los fondos para la implementación de un programa de deportación expedita y aumentar la autoridad para que los gobiernos municipales y estatales ejecuten leyes federales de inmigración.

La postura levantó fuertes críticas de grupos pro derechos de los inmigrantes, entre ellos La Raza (el principal grupo hispano de Estados Unidos), la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), el Centro de Recursos Centroamericanos (Carecen) y The American Federation of Labor - Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO).

También propuso, en un proyecto rechazado por la mayoría del Senado, otorgar un plazo de cinco años para que los indocumentados salieran de Estados Unidos, y que quienes no lo hicieran dentro de ese tiempo, pagarían una multa de $2 mil por cada año de permanencia ilegal.

El proyecto de Kyl es viejo, pero el senador de Arizona estuvo en la reunión del 25 de junio en la Casa Blanca y tiene mucho que decir en el Senado sobre el tema, y sobre las condiciones o requisitos que debería reunir el inmigrante que califique para salir de las sombras y legalizar su permanencia en Estados Unidos.

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Quiénes sí, quiénes no

Parra reiteró que sólo se está hablando de ideas y conceptos y que no hay ningún tipo de negociación sobre quiénes podrían o no calificar dentro de la reforma migratoria "integral".

La mención, sin embargo, debería ser un aviso para todos aquellos que tengan antecedentes criminales y no tengan permiso de estadía legal en el país, aunque la permanencia indocumentada, por ahora, siga siendo una falta de carácter civil.

A la pregunta sobre si todas las faltas serían penalizadas y cualquier tipo de error impediría que un indocumentado legalice su estadía en Estados Unidos, mencionó que "cualquier persona que postule para cualquier tipo de beneficio migratorio no debe tener problemas" (con la justicia), pero puntualizó que "no hay definiciones todavía" sobre el delicado tema.

Agregó que no creía que una infracción de tránsito sea un impedimento o que una detención por manejar bajo la influencia del alcohol sea un problema. "Puede que algunas faltas sean dejadas de lado con el pago de algún tipo de multa", apuntó. "Pero nada de eso se ha escrito. Son ideas nada más que se han ventilado", acotó.

Son menos de 60

Las matemáticas son esquivas para Obama en el Senado. La Casa Blanca sabe que el debate no será fácil y que debe abrir primero un diálogo para identificar las áreas de mutuo acuerdo y las trabas pendientes, y después reunir los votos suficientes en ambas cámaras para aprobar la reforma migratoria.

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En la Cámara del Senado hacen falta 60 votos, y en la Cámara de Representantes 218 para que haya mayoría. Si bien los demócratas tienen asientos suficientes en ambos recintos, no todos están de acuerdo con una reforma amplia que legalice a todos los indocumentados, porque muchos legisladores basan sus triunfos electorales en estados o poblaciones de mayoría antiinmigrante.

Y en noviembre de 2010 habrá elecciones de medio tiempo que, además de evaluar el trabajo de Obama, se renovará un tercio del Senado y parte importante de la Cámara de Representantes.

Ya lo sabían

A principios de abril, Eliseo Medina, vicepresidente del Sindicato Internacional de Empleados y Servicios (SEIU), estimó que entre 10 a 12 senadores demócratas no votarán por un plan amplio de reforma migratoria, lo que obliga al partido del Presidente a buscar al menos 12 votos entre los republicanos.

"Puedo ver el deseo del presidente para concretarla (la reforma migratoria), pero... las matemáticas la hacen más difícil que la discusión", apuntó el portavoz de la Casa Blanca Robert Gibbs, durante una conferencia de prensa en junio.

"Todavía tenemos que avanzar para poder aprobar algo así por la Cámara Baja y el Senado", agregó.

El embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, dijo en una entrevista al diario La Opinión de Los Angeles a finales de junio, que "el pavo no está listo" y que no había "claridad en los planteamientos" del proyecto de ley de reforma migratoria, "ni suficientes votos en el Congreso".

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Obrar con justicia

Pertierra recomienda prudencia y que se obre con "justicia".

Insistió en que no se puede "meter dentro de un mismo saco" a todos los que han cometido faltas, y que "sería injusto dejar afuera todos los indocumentados que han tenido algún tipo de roce con la policía".

"Hay personas que han sido detenidos por un crimen leve. Ellos no deberían tener problema. Otros en cambio han sido detenidos por faltas graves, otros delitos más serios. Por eso los casos no se pueden comparar. Cada caso es único y debería prevalecer esa norma para cuando se apruebe la reforma migratoria", dijo.

Sobre cómo decidir quién sí y quién no, Pertierra dijo que "el Congreso no debería atarle las manos a los oficiales del servicio de inmigración y eliminar la posibilidad del uso de la prudencia para decidir los casos. Si lo eliminan, pues sería un desastre".

"El Congreso no puede ver los casos de carne y hueso. No los mira. Sería más prudente dar discreción a los Jueces de inmigración y a los agentes federales del servicio de inmigración para que resuelvan en cada caso. Claro está, que en aquellos casos muy serios, muy serios, pues no habría salvación", indicó.

Green card cara

Por último, falta considerar el tema del costo de la legalización.

En el fracasado debate de 2007 se habló de multas entre $5 mil y $13,500 por casa indocumentado, más los costos del servicio de inmigración y los honorarios de los abogados que lo ayuden durante el proceso hasta conseguir la Tarjeta Verde.

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A esto habría que agregar las "multas" señaladas por Parra para aquellos delitos que deban ser castigados para poder postular a la residencia permanente.

"Estamos hablando de mucha plata", dijo Pertierra. "Y debemos tener en cuenta que los inmigrantes que se beneficien de la reforma son gente indocumentada que gana poco, gente humilde, pobres. Este país debería ser tan generoso como lo grande que es. Pero muchas veces es generoso y no tan humilde como lo grande que es", concluyó.

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