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La criminalización se impone

La criminalización se impone

Los inmigrantes sin papeles son el tercer grupo de prisioneros en las cárceles de EU, reveló grupo de derechos civiles.

Crecen las preocupaciones

WASHINGTON - "El drástico incremento de inmigrantes indocumentados en cárceles de Estados Unidos es una clara indicación de las severas polìticas del gobierno", según denunció el Labor Council for Latin American Advancement (LCLAA) en un comunicado difundido en Washington D.C.

De acuerdo con la entidad, el mayor número de inmigrantes encarcelados ocurre en aquellos estados con gran concentración de población hispana. "Sólo en marzo de 2008 se registró un total de 8,104 ingresos, que representa un 24.4 por ciento de incremento frente al mes anterior", puntualizó, y subrayó que los detenidos indocumentados representan el tercer grupo de prisioneros en cárceles estadounidenses.

Conozca sus derechos en EU

El grupo defensor de los derechos de los inmigrantes dijo además estar extremadamente preocupado por las implicaciones que puede tener el alto índice de encarcelamiento de latinos en el resto de la comunidad, y enfatizó en el dramático incremento de persecusiones policíacas contra hispanos.

La LCLAA citó un reciente informe del FBI en el que se revela que los latinos representan más del 60 por ciento de las vìctimas de crímenes de odio en Estados Unidos.

"Nosotros necesitamos respetar los derechos básicos de los trabajadores, sin importar su estado migratorio. Los trabajadores indocumentados han sido explotados por décadas y la criminalización y encarcelamiento de inmigrantes por su estatus legal no es la respuesta correcta", dijo Gabriela Lemus, directora ejecutiva de la entidad.

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Blanco de ataques

La criminalización de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, como demuestra el creciente número de extranjeros en centros de detención, puede sumar puntos en un año electoral, pero no corrige el problema de la inmigración ilegal, según expertos, reportó recientemente la Agencia Española de Noticias ( Efe).

Por ahora, recordaron abogados consultados por Univision.com, la estadía ilegal o sin papeles en Estados Unidos es una falta de carácter civil.

Las denuncias de que los extranjeros indocumentados se han convertido en el blanco predilecto tanto de las autoridades federales como de grupos antiinmigrantes vienen de todas partes, pero no parecen hacer mella en las acciones policiales emprendidas por el Gobierno federal.

De hecho, dijo Efe, las autoridades del departamento (ministerio) de Seguridad Nacional (DHS) tienen como meta expulsar a todo extranjero indocumentado y detenido en los puertos de entrada al país para 2022, en el marco de un plan estratégico denominado "EndGame" (Juego Final).

Los deportables incluyen a inmigrantes con antecedentes criminales, según explica el DHS en su página de internet.

Deportaciones recientes

En mayo fueron deportados 1,808 por tener antecedentes criminales y ordenes finales de deportación.

Una lista agregada por el DHS a la base de datos del National Crime Information Center (NCIC), a la que tienen acceso todas las agencias federales del gobierno y las policías estatales y municipales, incluye los nombres de unos 560 mil extranjeros, entre indocumentados y residentes permanentes con antecedentes criminales.

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El plan de expulsiones, sin embargo, afronta enormes retos que van desde la cantidad de "expusables" hasta la escasez de recursos y la poca cooperación de gobiernos extranjeros, según DHS.

El dedo en el renglón

Mientras, a falta de una reforma migratoria que permita legalizar a la mayoría de los 12 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, continúa el asedio contra los inmigrantes clandestinos.

Desde las redadas masivas en viviendas y centros laborales, hasta informes de privaciones, maltrato y negligencia médica de los inmigrantes en centros de detención, "está claro que las comunidades inmigrantes están bajo ataque", dijo Efe Douglas Rivlin, portavoz del Foro Nacional de Inmigración (NIF), en Washington D.C.

"Es como si el secretario de Seguridad Nacional, (Michael) Chertoff, le dice al Congreso y al país que, tras el fracaso de la reforma migratoria el año pasado, ahora verán cómo se aplica la mano dura contra los indocumentados", agregó.

Estados antiinmigrantes

Esa mano dura incluye, además de centenares de medidas locales y estatales, policías que hacen las veces de agentes de inmigración, muros en la frontera sur, y la ampliación de cárceles y centros de detención de inmigrantes en la frontera y al interior del país.

Para grupos defensores de los inmigrantes, entre ellos el NIF, Casa de Maryland o America's Voice, sobran las pruebas de la criminalización de los indocumentados y de quienes les ayudan.

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Casa de Maryland, pidió el martes que el FBI investigue las amenazas de bomba y las amenazas de muerte que sus activistas recibieron, por correo o por teléfono, a lo largo del mes pasado, sólo por ayudar a los inmigrantes.

Una nación "irreconocible"

Para el diario The New York Times, las medidas contra la población indocumentada son indicios de que esta nación creada por inmigrantes se está volviendo un país "irreconocible".

En un editorial publicado el martes, el diario criticó con dureza las medidas del Gobierno y destacó la ironía de que a los indocumentados se les explota, pero a la vez se les condena por su "ilegalidad" y se les niega la posibilidad de una vía hacia su legalización.

La lista de quejas no para allí: los condados y localidades con espacio libre en sus cárceles se frotan las manos para conseguir contratos federales para albergar a los indocumentados; hay planes para construir más centros de detención, y la propia policía en muchos sitios ya está exigiendo "papeles" al detener a los extranjeros, dijo Efe.

Sumidos en la oscuridad

La estrategia actual, ideada por grupos que buscan restringir la inmigración en Estados Unidos y apoyada por los republicanos y algunos demócratas, "es condenar a millones al temor y a la pobreza", enfatizó The New York Times.

El mensaje de esos grupos, a fin de cuentas, es que los indocumentados "no merecen ni derechos, ni misericordia ni esperanza", argumentó.

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Aunque las estadísticas oficiales en algunos casos demuestren lo contrario, esos grupos no se cansan de repetir que los indocumentados son una carga pública, no pagan impuestos y no quieren integrarse plenamente a la sociedad.

No es la primera vez

Pero, aparte de aislar y convertir en parias a los nuevos inmigrantes -ya se hizo antes con los chinos, irlandeses, católicos y descendientes de japoneses-, las medidas del siglo XXI sólo suponen un despilfarro de las arcas del Estado, puntualizó The New York Times.

El Congreso ya está tomando cartas sobre el asunto y, en cumplimiento de su función de supervisar las acciones del Ejecutivo, ha convocado audiencias para analizar el panorama actual de la lucha contra la inmigración ilegal.

El miércoles habrá una audiencia para investigar los problemas en los centros de detención donde languidecen miles de indocumentados.

Tema recurrente

El tema de la criminalización de la estadía indocumentada no es nuevo en la historia política reciente de Estados Unidos.

En diciembre de 2005 la Cámara de Representantes aprobó una ley de reforma migratoria restrictiva, presentada por republicanos, que criminalizaba la estadía sin papeles y recomendaba penas de cárcel a los infractores, y a quienes los ayudaran (activistas, religiosos o ciudadanos comunes que les tendieran una mano).

El proyecto, conocido como HR 4437, angustió a 12 millones de indocumentados en Estados Unidos, y también a familiares, amigos, abogados, religiosos y todos aquellos que de una u otra manera brindan ayuda.

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Cárcel para todo el mundo

"Todos podríamos ir a la cárcel", dijo un activista.

La HR 4437 (Border Protection, Antiterrorism, and Illegal Immigration Control Act) propuso construir un nuevo muro en la frontera con México, acelerar las deportaciones "y penalizar la estadía indocumentada" explicó el NFI.

De haber sido aprobado por el senado y ratificado luego por el presidente George W. Bush, "las consecuencias habrían sido terribles", porque también comprometía la seguridad de millones de ciudadanos y residentes, "como aquellos que pagan para que le cuiden un hijo", advirtió el Foro.

Severos castigos

La ley de 2005 castigaba a las personas que ayudaban a los inmigrantes: Los religiosos, los activistas, los voluntarios de buen corazón que asisten a los necesitados podrían ser perseguidos, multados y encarcelados, detalló el NFI.

"La ley afectaría incluso el trabajo de los médicos. Por una atención de emergencia podrían terminar detrás de las rejas", apuntó.

Teodoro Aguiluz, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), en Houston, Texas, opinó que la criminalización de la estadía indocumentada daña a empresarios, contratistas, dueños de negocios, dueños de haciendas, de ranchos, de fabricas, de maquilas, abogados, familias, escuelas e instituciones.

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"Afectaríamos al alma de Estados Unidos. Enviaríamos a millones de seres humanos a vivir en una situación peor que animales", refirió.

Fin de los casos pendientes

Para la Unión de Sindicatos de Trabajadores de Hoteles y Restaurantes de California, la criminalización de los sin papeles afecta incluso a los inmigrantes que tienen casos pendientes en la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

En caso que lo vuelvan ley, "no podrían concluir sus casos, porque los deportarían. Y también bajarían los salarios, aumentaría la explotación, la gente sería más pobre y más infeliz, y millones de trabajadores perderían sus derechos", sostuvo.

Para el abogado José José Pertierra, coordinador del Chat de Inmigración de Univision.com, criminalizar la estadía ilegal en Estados Unidos “es peor que una injusticia; es un error garrafal".

"Pensando en una posibilidad extrema, –agregó- los cónyuges de indocumentados serían como las parejas de ladrones de banco. Si no los denuncian a las autoridades, se volverán cómplices de un criminal. No habría tribunales suficientes ni cárceles para encerrar a tanto criminal".

Ley estantaca en el Congreso

Pero a pesar de las advertencias sobre la criminalización de la estadía indocumentada, la Cámara de Representantes tiene pendiente debatir un plan elaborado por congresistas demócratas y republicanos que recomienda el arresto y deportación de todos los inmigrantes sin estatus legal de permanencia en Estados Unidos.

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La iniciativa, denominada 'Secure America with Immigration and Enforcement' (SAVE Act, H.R. 4088), es patrocinada, entre otros, por los representantes Heath Shuler (demócrata de Carolina del Norte), Brian Bilbray (republicano de California) y Tom Tancredo (republicano de Colorado).

El proyecto se enfoca en destinar más recursos a la frontera y obligar a que los empleadores verifiquen el estatus legal de todos sus trabajadores extranjeros, residentes y ciudadanos estadounidenses.

Miles de nuevos agentes

También autoriza la contratación de 8 mil nuevos agentes para la Patrulla Fronteriza (Border Patrol) y la infraestructura tecnológica que necesitan, e incrementa los recursos para hacer cumplir las leyes migratorias al interior del país.

Agrega recursos para las agencias locales y estatales encargadas de vigilar la aplicación de las leyes migratorias y de las sanciones a quienes violan esas normas.

Shuler apuntó que SAVE Act. está dirigido a "reducir drásticamente la inmigración ilegal", estimada en 12 millones, la mayoría originarios de América Latina, principalmente México.

Otros detalles de SAVE

La polémica ley SAVE recomienda, entre otras medidas:

  • Reforzar las fronteras.
  • Mejorar el cumplimiento de la ley dentro del país y en los centros de trabajo.
  • Simplificar los programas existentes de trabajadores invitados (empleos temporales).
  • Mejorar el actual sistema de inmigración y ayudar a los inmigrantes recientes para que se asimilen lo antes posible a la cultura estadounidense.
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En cuanto a las regulaciones sobre verificación de empleo, exige que los empleadores despidan a aquellas personas que no puedan verificar que tienen los documentos legales para trabajar en Estados Unidos.

El SAVE Act también convierte en delito federal el transportar, dar albergue, ocultar o proteger a un inmigrante indocumentado, una recomendación que se incluyó en el proyecto de ley HR 4437 aprobado el 16 de diciembre de 2005 y cancelado el 3 de junio de 2006.

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