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Juez de EU falló a favor de ley antiinmigrante que prohíbe contratar a indocumentados

Juez de EU falló a favor de ley antiinmigrante que prohíbe contratar a indocumentados

Tras largo debate judicial, una corte federal de apelaciones ratificó ley que prohíbe la contrata de indocumentados.

Leyes antiinmigrantes similares

SAINT LOUIS - Tras varios meses de debate judicial, una corte federal de apelaciones ratificó el viernes una polémica ley aprobada por el municipio de Valley Park, Missouri, que prohíbe la contratación de inmigrantes indocumentados. The Associated Press adelantó que el dictamen podría tener repercusiones nacionales, ya que varios otros debates legales están pendientes de resolución, entre ellos una demanda entablada contra la municipalidad de Hazleton, en Pensilvania.

Un panel de tres jueces de la corte de apelaciones del Octavo Circuito ratificó por unanimidad el fallo de una corte inferior a favor de la ciudad de Valley Park.

Hay casos similares en todo el país. El año pasado, la corte del Noveno Circuito ratificó una ley de Arizona que prohíbe la contratación de indocumentados.

Demanda de la ACLU

La Corte del Tercer Circuito aún no ha fallado sobre un caso similar en Hazleton, donde además de aprobó una ley que prohíbe a patronos alquilar casas o cualquier tipo de local a extranjeros sin estatus legal de permanencia en Estados Unidos.

"El caso Valley Park es citado en todo el país", dijo Kris Kobach, el abogado que representó a Valley Park y que defiende a la ciudad de Hazleton. "Esta ley tiene consecuencias a nivel nacional".

El juicio de Valley Park, Missouri, fue iniciado por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) en nombre de Jacqueline Gray, quien contrata gente para tareas diversas de limpieza y mantenimiento.

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Gray y la ACLU no respondieron a pedidos de declaraciones de The Associated Press y no está claro si piensan apelar el fallo del viernes.

Municipio pequeño

Valley Park, un municipio de clase trabajadora de 6,500 habitantes, luego de una serie de batallas legales, aprobó una ordenanza en el 2007 que no prohíbe rentar viviendas a los indocumentados, pero sí darles trabajo.

Los que solicitan una licencia para abrir un negocio en la ciudad deben firmar una declaración jurada de que no emplearán conscientemente a trabajadores ilegales.

El nuevo alcalde de Valley Park, Grant Young, se opone a la ordenanza.

Young tampoco respondió a los pedidos de The Associated Press de declaraciones, pero ha dicho que Valley Park, de población 89% blanca de acuerdo con el censo de 2000, "debe volverse multirracial y multiétnica".

La población hispana en Valley Park, según la oficina del Censo, es del 2,3%.

¿Teme que este fallo impacte en otras demandas sobre leyes similares? Comente aquí.

El caso de la ley de Hazleton

En julio de 2006 el Concejo municipal de Hazleton, Pensilvania, determinó que los propietarios no pueden alquilar a indocumentados y los habitantes no pueden darles trabajo a los sin papeles.

La ley, según sus autores (todos republicanos) respondió al crecimiento en el nivel de crímenes violentos, en algunos de los cuales estuvieron involucrados inmigrantes indocumentados.

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La ley, además de prohibir el alquiler y dar empleo a los extranjeros sin documentos, también determinó que los inquilinos se registren ante el ayuntamiento, y advirtió que quienes no cumplan con la ordenanza serán multados.

Fallo favorable

Pero la ley de Hazleton nunca entró en juego. En julio de 2007 y poco antes de entrar en vigor, un juez federal la declaró inconstitucional, fallo que sentó un precedente en los esfuerzos de los estados contra la población indocumentada.

En un dictamen de 206 páginas emitido en Scranton, Pensylvania, el juez James Munley prohibió de forma "permanente" que la ciudad de Hazleton ponga en marcha la ley aprobada en 2006 que prohíbe el alquiler de viviendas y negocios a indocumentados, y también sanciona a quienes den empleo a inmigrantes sin papeles, y declara el inglés como idioma oficial.

En resumen, el magistrado determinó que la tarea de regular la inmigración en Estados Unidos recae sobre el Gobierno federal, y que la ley de Hazleton atropella los derechos constitucionales de sus habitantes, así como los reglamentos estatales y federales sobre acceso a vivienda.

Pero el fallo fue apelado y se espera una decisión en firme para este año.

Detalles del juicio

El juez Munley emitió la decisión en el caso "Lozano v. Hazleton", tras una demanda entablada por la ACLU -al igual que en Valley Park-, en nombre de grupos hispanos, cívicos y empresariales, además de cuatro indocumentados anónimos para frenar la llamada "Ley de Alivio por la Inmigración Ilegal".

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Munley explicó que pese a las modificaciones realizadas, la ley viola la Constitución estadounidense, que ampara incluso a los extranjeros.

"En su afán por controlar la presencia de un grupo al que considera indeseable, Hazleton violó los derechos de estas personas y de otras en la comunidad", enfatizó el juez.

Cientos de leyes

Hazleton fue la primera ciudad en el país en adoptar una ordenanza municipal que penaliza con $1,000 diarios a las empresas que contraten a inmigrantes indocumentados o a los dueños de viviendas que les alquilen.

Una oleada antiinmigrante de desató a mediados de 2006 cuando el Congreso frenó el debate de la reforma migratoria y no permitió que millones de indocumentados salgan de las sombras para iniciar un largo camino hacia la residencia legal.

Según datos de la Asociación Americana de Municipalidades, desde el fracaso del debate más de 1.450 leyes antiinmigrantes se han presentado en al menos 39 estados. Más de 140 han sido aprobadas, entre ellas las leyes de Velley Park y Hazleton.

Las primeras oleadas de inmigrantes hispanos en Hazleton llegaron en los años ochenta, algunos mexicanos que venían a recoger las cosechas en los campos agrícolas y muchos dominicanos que antes vivían en Nueva York.

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