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Jefe del Departamento de Policía de Los Angeles pidió reforma migratoria en EU

Jefe del Departamento de Policía de Los Angeles pidió reforma migratoria en EU

El jefe de policía de Los Angeles pidió que su departamento no firme el Plan 287(g) para arrestar a indocumentados.

Camino a la residencia

LOS ANGELES - El jefe de policía de Los Angeles, William Bratton, pidió el martes que su departamento siga manteniéndose al margen de la detención de indocumentados, al tiempo que abogó por una reforma migratoria que legalice a millones de inmigrantes sin papeles en el país.

Los comentarios de Bratton, publicados en la página editorial del diario Los Angeles Times, aparecieron el mismo día que éste publicó un editorial pidiendo que el gobierno apruebe leyes para evitar más muertes de inmigrantes que intentan cruzar el desierto de la frontera entre México y Estados Unidos.

"Debemos aprobar una reforma migratoria y sacar a nuestros vecinos de las sombras para que tengan los servicios policiales que necesitan y merecen", apuntó el jefe policial.

El lunes, Univision.com reportó que entre noviembre del año en curso y enero de 2010 dos planes de reforma migratoria serán entregados en el Congreso, uno en la Cámara de Representantes y el otro en el Senado, y que ambos incluirán una compleja y regulada vía de legalización, además de severos controles fronterizos para evitar el cruce ilegal.

Rechazo al plan 287(g)

El jefe Bratton, quien deja su cargo este sábado, pidió a su sucesor -que todavía no ha sido escogido- no sólo evitar que sus agentes hagan las veces de agentes migratorios, sino que continúe la política municipal de prohibir que los policías detengan a la gente sólo para determinar su estado legal en el país.

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La recomendación fue un claro rechazo a la firma de un convenio con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para activar en Los Angeles el Plan o Programa 287(g), que faculta a los policías locales a actuar como agentes del servicio de inmigración y arrestar a indocumentados.

Pese a los esfuerzos por criminalizar la estadía ilegal en el país, la permanencia sin papeles constituye sólo una falta de carácter civil no penal.

El Plan 287(g) fue aprobado por el Congreso en 1996 pero se mantuvo dormido hasta 2003, cuando el entonces Secretario de Justicia, John Aschcroft, lo activó como parte de las medidas de seguridad adoptadas en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La Orden Especial 40

Una de las tácticas recomendadas por Bratton para evitar que la Policía de Los Angeles firme el Plan 287(g) con el gobierno federal, es mantenerse dentro de la Orden Especial 40, "necesaria para que los inmigrantes tengan confianza en la policía y cooperen con el departamento en su lucha contra el crimen", explicó.

La Orden Especial 40 se encuentra en vigor hace casi 30 años y prohíbe a la policía de Los Ángeles preguntar sobre el estado migratorio de las personas.

"Mis agentes no pueden prevenir o resolver delitos si las víctimas o testigos no están dispuestos a hablarnos por temor a ser deportados", apuntó el jefe policial.

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La policía pudo arrestar a un sospechoso de un asesinato ocurrido en marzo, gracias a que un indocumentado que fue testigo del ataque cooperó con las autoridades, explicó Bratton.

¿Qué opina de la postura asumida por el jefe William Bratton? ¿Deberían imitarlo otros jefes policíacos? Comente aquí.

Presión contra Barack Obama

A finales de agosto la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y más de 520 organizaciones a favor de los derechos de los inmigrantes, enviaron una carta al Presidente Barack Obama para pedirle que cancele el Plan 287(g), herramienta que ha permitido el arresto y deportación de miles de indocumentados desde 2003.

Según ACLU, el programa contiene serios "errores" y está asociado a "graves violaciones" a los derechos civiles y de seguridad pública.

En la carta enviada a la Casa Blanca, la ACLU y dirigentes de las organizaciones le pidieron a Obama que anule el programa porque, sostuvieron, desencadenó toda una serie de actos discriminatorios y violaciones a los derechos civiles de hispanos y gente de minorías étnicas por parte de agentes policíacos.

ACLU también resaltó que la observancia de la ley de inmigración le corresponde al gobierno federal y no a instancias estatales o municipales. "El programa (...) ha resultado en el uso generalizado de paradas en el tráfico preparadas de antemano, cuestionamientos basados en el color de la piel de los sospechosos y registros y cateos inconstitucionales generalmente en comunidades minoritarias", indicó la misiva.

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Los planes de Napolitano

La carta al Presidente fue enviada tres semanas después de que el DHS anunciara un nuevo reglamento nacional para la ejecución del plan 287(g) que, dijo, pretende evitar abusos y obligaría a todas las agencias de policías locales suscritas al programa actuar bajo un mismo procedimiento.

"Los nuevos acuerdos estandarizados 287(g) (...) refuerzan la supervisión del programa por parte de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y hacen más seguras a nuestras comunidades al identificar y deportar a indocumentados delincuentes que son una amenaza para la seguridad pública", dijo en un comunicado Matt Chandler, portavoz del DHS.

La ICE "toma muy en serio las preocupaciones de los signatarios de esta carta", agregó.

El Plan 287(g) fue renovado la semana pasada entre severas críticas de las más de 520 organizaciones que enviaron la carta a Obama.

Programa federal bajo la lupa

ACLU sostiene que desde su creación, la Sección 287(g) ha sido criticada por las autoridades federales, la policía y grupos comunitarios porque ha dado lugar a la discriminación racial ilegal y abusos de los derechos civiles, incluida la detención ilegal y la deportación de ciudadanos de Estados Unidos y residentes permanentes.

Agregó que muchos comisarios y jefes de policía de todo el país desaprueban el programa, porque socava su principal misión de la seguridad pública, exacerba el miedo en las comunidades y crece la desconfiaba en el trabajo de la policía.

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"El programa 287(g) ha demostrado ser un fracaso", dijo Joanne Lin, consejera legislativa de la ACLU. "El DHS debe poner fin al programa".

La Unión añadió que la polémica sección está acosando a las comunidades latinas y reiteró la preocupación por las graves denuncias respecto a los abusos cometidos en el Condado Maricopa, Arizona, por la oficina del Alguacil Joe Arpaio.

Los Angeles al margen

Contrario a las 67 agencias y departamentos policiales y alguaciles que renovaron la semana pasada el controvertido programa, la Policía de Los Angeles no participa en el plan del DHS.

"Los estadounidenses quieren una solución al dilema migratorio, al igual que los agentes del orden de todo el país. Pero la solución no es convertir a cada departamento policial en un brazo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)", comentó Bratton.

Virginia Kice, portavoz del ICE, rehusó hacer declaraciones específicas sobre los comentarios de Bratton, pero notó que varios alguaciles del sur de California están participando en el programa federal de cooperación con las autoridades migratorias, aunque sólo en cárceles.

ACLU reiteró además que el Plan 287(g) puede poner en peligro las libertades fundamentales de los estadounidenses, sobre todo cuando se ejecutan arrestos bajo perfil racial.

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"Los estadounidenses no deben intercambiar sus libertades por remedios rápidos que al final de cuentas no contribuyen en absoluto a mejorar un sistema migratorio descompuesto", precisó la Unión.

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