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Inmigrantes esperan sentencia

Inmigrantes esperan sentencia

Juez aceptó declaratoria de culpabilidad y prepara sentencia, que será entregada el próximo 18 de agosto en Arizona.

Juez aceptó acuerdo

TUCSON, Arizona - Once trabajadores indocumentados se declararon culpables el lunes de suplantación de identidad -un delito menor- ante un juez de la Corte Superior del Condado Pima, Tucson.

La liberación de los detenidos ocurrió cinco días después de que una organización de derechos humanos denunciara en Washington la criminalización de los inmigrantes indocumentados como parte de las políticas del gobierno federal estadounidense.

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Los inmigrantes estaban acusados de robo de identidad, un delito mayor, luego de haber sido arrestados el pasado 18 de marzo en el restaurante "Panda Express" donde trabajaban.

Los inmigrantes fueron detenidos por trabajar con documentos falsos de inmigración y números de seguro social que nos les pertenecían.

El juez Frank Dawley aceptó el acuerdo entre los abogados y la fiscalía y autorizó que los inmigrantes, entre ellos 8 hombres y 3 mujeres, a salir de la cárcel luego de pagar una fianza mínima de $100 cada uno mientras esperan su sentencia.

Sin antecedentes criminales

En su decisión, el magistrado tomó en cuenta que ninguno de ellos tenía récord criminal previo, los años que han vivido en los Estados Unidos y los lazos que los unen a la comunidad.

El próximo 18 de agosto serán condenados y dependiendo si son encontrados culpables de un delito mayor o uno menor, los acusados podrían enfrentar una sentencia máxima de entre 4 meses a 2 años de prisión, o en el mejor de los casos salir en libertad bajo palabra.

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Esta sentencia no tendrá ningún impacto en su elegibilidad para arreglar su estatus migratorio en un futuro, aseguró Isabel García, una de las abogadas que lleva el caso.

Evitarán la deportación

Debido a que todos los ex trabajadores se encuentran de manera ilegal en los Estados Unidos, los acusados serán entregados a Inmigración, pero la mayoría de ellos planea evitar su deportación.

García indicó que desde el principio proceso legal en contra de este grupo de trabajadores no fue muy claro por lo que al final lograron tener concretar acuerdo entre ambas partes.

La abogada representa a Marlen Moreno, una inmigrante mexicana de 23 años que llegó a los Estados Unidos cuanto tenía 13 años y tiene dos hijos estadounidense, uno de ellos de menos de un año de nacido.

"Este proceso será muy largo, es algo que ya hemos platicado con las familias", explicó García.

Criminalización de inmigrantes

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han puesto este caso como ejemplo de la manera en que el gobierno trata de "criminalizar" a todas aquellas personas que no cuentan con un estatus legal en este país y trabajan.

La abogada manifestó que el siguiente paso será buscar que Inmigración los deje en libertad mientras un juez decide si tienen derecho o no para permanecer en el país.

"Les explicamos sus derechos y les pedimos que de ninguna manera firmen ningún documento si su abogado no está presente", dijo García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.

"Proceso muy difícil"

Entre las más de 50 personas que acudieron esta mañana al tribunal a dar su apoyo al grupo de trabajadores, se encontraba "Amilcar", esposo de una de las arrestadas.

"Para mí ha sido un proceso muy difícil, tenemos un niño de seis años y ahora que ella ha estado en la cárcel, yo me he tenido que convertir en padre y madre", dijo el joven de 25 años, quien pidió ser identificado solamente por su nombre para proteger a su familia.

"Mi esposa no es ninguna criminal, la tienen en la cárcel junto con personas que han robado, traficado con drogas. Mi esposa cooperaba mucho en la comunidad, en la escuela, su único delito fue el querer trabajar", sostuvo.

Hasta la fecha, ningún proceso legal se ha iniciado en contra del restaurante en el que trabajaban los 11 inmigrantes.

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