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Inicia juicio ley de Hazleton

Inicia juicio ley de Hazleton

Cinco meses después de aprobada una ordenanza que prohíbe alquilar casas a ilegales, comienza juicio en Pensilvania.

Momento clave

HAZLETON, Pensilvania – Cinco meses después que el Concejo Municipal de Hazleton aprobó una ordenanza que prohíbe a los propietarios alquilar residencias a extranjeros sin papeles, un tribunal comenzará este lunes un juicio para explorar qué tan lejos pueden llegar los gobiernos locales en sus esfuerzos por controlar la inmigración indocumentada en Estados Unidos.

El "acta de alivio contra la inmigración ilegal" fue aprobada el pasado julio por el Concejo de la ciudad y enmendada en septiembre, pero no ha sido puesta en vigor ya que fue bloqueada temporalmente por el juez federal James M. Munley en tanto se ventila en corte.

La ordenanza establece además multas a quienes den empleo a un inmigrante ilegal.

El juicio se inicia en momentos que el Congreso, dominado por los demócratas, se alista a reanudar la discusión por la reforma migratoria.

El debate fue suspendido el pasado 3 de septiembre por el entonces liderazgo republicano, quien argumentó que una versión de reforma amplia aprobada por el Senado y que incluía una vía de legalización no era congruente con las políticas de seguridad nacional.

Argumentos del alcalde

El alcalde republicano de Hazleton, Lou Barletta, quien presionó para la aprobación de la ordenanza, sostuvo antes de la aprobación de la ley que los indocumentados se estaban uniendo a pandillas, además de traficar con drogas, cometer crímenes violentos y destruir la calidad de vida en esta ciudad de 31 mil habitantes.

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"No sólo luchamos por Hazleton, luchamos por las ciudades en todo Estados Unidos", expresó el edil.

En documentos presentados ante los tribunales, Hazleton aseguró que los ilegales han cometido al menos 47 crímenes desde la primavera anterior -incluido el asesinato a tiros de un hombre de 29 años- los cuales consumen gran parte del presupuesto para tiempo adicional de la policía.

Las autoridades añadieron que un tercio de los arrestos relacionados con droga en 2005 fueron de indocumentados, y han provocado el aumento de los costos de atención médica y educación.

Sin embargo, según los abogados no hay evidencia de que los indocumentados sean responsables de la criminalidad.

Inconstitucional, dice ACLU

A pesar de las advertencias y argumentos de Barletta, la Unión de Libertades Civiles (ACLU) de Estados Unidos y organizaciones nacionales pro inmigrantes demandaron en septiembre a la ciudad bajo el argumento que las medidas determinadas por el Concejo eran racistas y causantes de división, además de afectar la facultad exclusiva del gobierno federal de regular la inmigración.

La apelación permitió que el juez de distrito Munley prohibiera la puesta en marcha de la ordenanza hasta que concluya el juicio.

Pese al fallo, muchos hispanos han abandonado la ciudad, y los negocios que les surten informan de una caída mayúscula en las ventas.

"La ciudad de Hazleton está promoviendo la discriminación", expresó Anthony Romero, director ejecutivo de ACLU.

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Listos para la guerra

La ACLU y otros abogados presentarán este lunes pruebas de que la medida es discriminatoria, anticonstitucional y viola los derechos de sus clientes.

Entre los argumentos contra la ordenanza, la abogada Linda Kaiser reiterará que Hazleton está usurpando el poder del Gobierno federal de regular la inmigración a Estados Unidos.

También de que viola la libertad de expresión ya que cuando la ordenanza fue enmendada en septiembre se estableció el inglés como idioma oficial en la ciudad.

Los abogados presentarán como testigos a residentes legales, entre éstos a comerciantes que ya han sido afectados aunque la medida no ha entrado en vigor y a indocumentados y alegarán que éstos han contribuido a la economía y han hecho de Hazleton una mejor ciudad.

Advierten discriminación

No obstante, los demandantes aclararon que el juicio "no se trata sobre la inmigración ilegal, sino sobre la constitucionalidad de la ordenanza y de lo que ocurre en Hazleton".

César Perales, presidente del Fondo Legal y Educativo Puertorriqueño, comentó que la iniciativa invita a la discriminación y que de ser aprobada hará de los inmigrantes latinos blanco de esa discriminación.

La ciudad de Hazleton fue la primera en el país en adoptar una ordenanza municipal que penaliza con mil dólares diarios a las empresas que contraten a inmigrantes indocumentados o a los dueños de viviendas que les alquilen.

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Las primeras oleadas de inmigrantes hispanos llegaron en los años ochenta, algunos mexicanos que venían a recoger las cosechas en los campos agrícolas y muchos dominicanos que antes vivían en Nueva York.

Pero en los últimos cinco años ha aumentado considerablemente la presencia de inmigrantes latinos, atraídos por los empleos en las procesadoras de carne y en fábricas, posiblemente hasta sumar unos 10 mil, según cifras municipales.

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