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Hace un año revivió la reforma

Hace un año revivió la reforma

Hace un año el Senado de Estados Unidos reanudó el debate de la reforma migratoria que había sido cancelado el 3 de junio de 2006.

Bajo siete llaves

Hace un año, el 21 de mayo de 2007, el Senado de Estados Unidos reanudó el debate de la reforma migratoria que había sido cancelado el 3 de junio de 2006 por el entonces liderazgo republicano, que detuvo la convocatoria del Comité de Conferencia aduciendo razones de "seguridad nacional".

Entre marzo y abril, un plan tripartita elaborado en secreto por una comisión integrada por negociadores demócratas, republicanos y de la Casa Blanca recomendó fortalecer las medidas de seguridad fronterizas e incluir una vía de legalización para millones de indocumentados, quienes deberían pagar multas y salir del país.

El proyecto, rechazado desde un comienzo por el sector ultraconservador republicano y organizaciones en contra de la inmigración, favorecía a todos los indocumentados que entraron a Estados Unidos antes del 1 de enero de 2007.

Incluía la creación de nuevas visas de trabajo temporal para trabajadores extranjeros indocumentados, quienes a su vez podrían gestionar visas para sus familiares inmediatos (cónyuges e hijos menores de edad solteros).

Pero desde que fue anunciado en Washington fue blanco de críticas porque, entre otros temas, no garantizó la residencia para todos los indocumentados y prohibió a aquellos que alcanzaran la tarjeta verde reclamar a sus familiares.

Los años de espera

De haber sido aprobado, los beneficiarios tenían que esperar un plazo de entre 8 y 13 años para recibir un cupo de visa disponible dentro de un sistema que otorgaría 440 mil visas por año.

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Una vez notificado del cupo, el indocumentado debía salir del país y solicitar la residencia en la embajada de Estados Unidos.

El plan tripartita incluyó además un polémico sistema de puntos para medir a los indocumentados que calificaran para ser legalizados.

Las categorías y el puntaje recomendados en el proyecto de ley que se debatió en el Senado incluían  ocupación y empleo y exigían máximos para poder ser considerados, como por ejemplo dependiendo del puesto que el inmigrante desempeñara, salario, experiencia, estudios y edad del trabajador.

En otras áreas el sistema valoraba los estudios del aspirante a la legalización y el conocimiento del idioma inglés, y también ponía nota a la familia del inmigrante, el número de hijos nacidos en Estados Unidos y aquellos que tuvieran residencia legal permanente.

No le tenían confianza

La Coalition for Comprehensive Immigration Reform (CCIR), que agrupa unas 40 organizaciones pro derechos de los inmigrantes a nivel nacional, señaló en diversas ocasiones que el plan era "insuficiente", "incorrecto" y que "no ofreció una solución" al problema en el que viven los 12 millones de indocumentados.

El Foro Nacional de Inmigración (NIF), consideró que el plan no fue un punto de partida porque, entre otras cosas, limitó las visas para los familiares cercanos de ciudadanos y prohibió que los trabajadores temporales reclamaran a sus familiares.

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El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SIEU), que agrupa a más de 1.5 millones de trabajadores en Estados Unidos, dijo que el proyecto era débil y no reunía todas las condiciones que la organización reclamaba desde el anterior debate, también cancelado por falta de apoyo bipartidista.

Quiénes si, quienes no

El plan de 2007 señalaba que calificaban para legalizar su permanencia inmigrantes indocumentados que se encontraban en el país desde antes del 1 de enero de 2007, carecieran de antecedentes penales y cumplieran una larga lista de requisitos.

Quienes llegaron en una fecha posterior a la indicada en el plan debían irse o serían deportados.

En cuanto a la fecha para el comienzo del proceso de legalización, el plan nunca la estipuló y sólo indicaba que primero debía garantizar la seguridad en las fronteras, que se pusiera fin al cruce de indocumentados y se combatiera el fraude de identidad y documentos falsos.

También agregó la construcción de 200 millas de carretera en la frontera sur para vigilancia de la Patrulla Fronteriza, 370 millas de defensas o vallas para detener el cruce ilegal y un moderno sistema de radares y cámaras de vigilancia diurna y nocturna.

Deportaciones inmediatas

El proyecto de reforma que hace un año debatió el Senado también recomendó que los indocumentados mexicanos detenidos en la frontera fueran expulsados inmediatamente, y que los no mexicanos fueran arrestados y regresados a sus países de origen en un plazo no mayor a 14 días.

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Estableció que los indocumentados arrestados por no tener papeles de estadía no tendrán derecho a un día en corte. Serán sometidos a deportación de inmediato y exigió que todos los trabajadores extranjeros en Estados Unidos necesitaran un permiso de trabajo emitido por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

Quienes no portaran este documento -señalaba el plan- no podían laborar en el país, y los empleadores que no exigieran y cumplieran con este requisito serían multados.

Todos los datos contenidos en la tarjeta de empleo sugerida por el proyecto serían biométricos y estarían actualizados por el departamento (ministerio) de Seguridad Nacional (DHS).

Verificación de empleo

El plan incluía un capítulo destinado a la verificación de empleo.

Indicaba que todos los patronos que contraten trabajadores extranjeros deberían estar registrados en la USCIS, agencia que contaría con un programa en línea para verificar el estatus de todos y cada uno de los trabajadores.

Incorporaba además el Real ID (identificación verdadera), ley que aprobó el Congreso en abril de 2005. La legislación obligaba a ciudadanos y residentes permanentes a portar una tarjeta de identificación nacional.

Agregaba la creación de una base de datos nacional con los nombres de todos los ciudadanos y residentes permanentes. Los datos de los extranjeros serán agregados al sistema para dar seguimiento a sus pasos en Estados Unidos.

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Castigos y redadas

El plan tripartita también recomendaba el aumento de las sanciones por la estadía ilegal en Estados Unidos. Lo mismo las multas a patronos que contraten indocumentados y a los traficantes de extranjeros ilegales, penas que irían de fuertes pagos en efectivo hasta cárcel.

Indicaba que aquellos inmigrantes que tuvieran antecedentes penales por delitos de mayor cuantía y varios delitos menores no serán elegibles para legalizar la permanencia en Estados Unidos y que serían deportados.

Un capítulo criminalizaba la estadía indocumentada, por ahora una falta de carácter civil, y otorgaba poderes extraordinarios a las policías locales para ejercer como agentes del servicio de inmigración.

Organizaciones pro inmigrantes indican que las recomendaciones de seguridad contenidas en el fallido proyecto fueron puestas en vigor entre junio de 2007 y lo que va de 2008 por los gobiernos estatales, quienes se justifican en la inacción del gobierno federal y el Congreso en poner solución al problema de la inmigración indocumentada.

Que se espera en 2009

"Creo que vamos por buen camino", dijo a Univision Online Eliseo Medina, vicepresidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) en Washington D.C. "Pero ese camino va a quedar claro si todos salimos a votar en las elecciones presidenciales de noviembre".

"Si el número de votantes establece un récord, enviaremos un mensaje bien claro al nuevo gobierno. Le diremos que queremos una solución, una reforma migratoria amplia y justa, que terminen los ataques contra los inmigrantes, que queremos visas para los indocumentados", señaló.

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Pero el sindicalista fue cauto. "Eso lo conseguiremos si salimos a votar. Pero si nos quedamos en la casa no vamos a derrotar a los antiinmigrantes", dijo. "Ahorita la moneda esta en el aire. Sólo participando vamos a conseguir metas".

Panorama incierto

Un estudio dado a conocer a finales de mayo por la Conferencia Nacional de Legisladores (NCSL, por su siglas en ingles), resaltó el despliegue sin precedentes de más de 1,100 proyectos de ley antiinmigrantes debatidos en 44 estados durante el primer trimestre de 2008.

El estudio mostró que la mayoría de las leyes (reglamentos y normas) aprobadas están dirigidas a tratar el cumplimiento de las leyes, el empleo, así como las licencias de conducir y otro tipo de documentación, tanto de inmigrantes legales como de aquellos que se encuentran sin papeles de estadía legal en territorio estadounidense.

"Tal y como sucedió el año pasado, -señala el informe- el creciente número de medidas inmigratorias demuestran la buena disposición de los estados a responder los asuntos que conciernan a la población en un momento en el que el Congreso no se preocupa".

El reporte indicó además que en 2007 los diferentes estados presentaron 1,562 medidas legislativas sobre inmigración, 240 de las cuales se convirtieron en ley.

"Por eso es clave salir a votar en noviembre", dijo Medina. "Necesitamos un cambio para que la reforma migratoria tenga una oportunidad el año que viene".

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