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Gobierno de EU renovó plan para que policías arresten a inmigrantes indocumentados

Gobierno de EU renovó plan para que policías arresten a inmigrantes indocumentados

El gobierno de EU renovó polémico programa de cooperación que permite a policías locales detener a indocumentados.

Nuevo procedimiento

WASHINGTON  - El Departamento de Seguridad Interna (DHS) de Estados Unidos renovó el viernes el polémico programa de cooperación que permite a las policías locales (estatal y municipal) detener a inmigrantes indocumentados, pero se buscará limitar la forma como lo han venido implementando.

El secretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) encarado del ICE, John Morton, explicó en una conferencia telefónica que 55 acuerdos han sido firmados, 12 están pendientes ratificación, seis están siendo negociados y otros seis no se han renovado o las agencias se han retirado de las conversaciones.

La firma de los convenios se produce tres meses después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, y Morton, anunciaran la introducción de unos memorando estandarizados para unificar los criterios de los acuerdos establecidos con agencias locales y estatales en el marco del 287(g).

Según las nuevas guías anunciadas este viernes, las policías sólo podrán mantener bajo custodia a inmigrantes indocumentados que enfrenten cargos criminales previos.

Por qué el cambio

De acuerdo con ICE, la cual está al frente del programa, el cambio responde a temores sobre posibles abusos de la policía.

Con estos convenios, el DHS quiere asegurarse de que todas las agencias que participan en el 287(g) utilicen los mismos estándares para la implementación del programa.

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La sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad fue aprobada por el Congreso en 1996 y permitió al Gobierno federal ampliar a las autoridades locales el poder extraordinario de detención y encarcelamiento que estaba inicialmente en manos de las agencias federales.

El programa permaneció dormido hasta 2003, cuando el entonces secretario de Justicia, John Aschcroft, lo activó como parte de las medidas de seguridad adoptadas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

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Sólo para buenos

El objetivo del programa 287(g) es, desde su puesta en práctica formalmente en 2006, deportar a indocumentados que hayan cometido un delito grave, pero ha sido utilizado por algunas agencias locales del orden público para expulsar a inmigrantes por un delito menor.

La persona sobre la que se ha dirigido quizás la mayor furia de la comunidad inmigrante y organizaciones defensoras de los derechos humanos y civiles, ha sido el Alguacil del Condado Maricopa, en Arizona, Joe Arpaio, quien afronta acusaciones por detenciones bajo "perfil racial".

En la lista de las agencias locales y estatales que han firmado el nuevo convenio con ICE figura la Oficina del Alguacil (Sheriff) de Maricopa.

Morton no quiso el viernes comentar el caso de Arpaio, pero destacó que "el nuevo programa es claro sobre nuestras prioridades", que son los delincuentes que hayan cometido o cometan delitos graves.

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Advertencia oficial

En un comunicado, el ICE indicó que se tomaron estas medidas ante la posibilidad de que los inmigrantes indocumentados puedan ser detenidos bajo el pretexto de ofensas menores y ser sometidos a un proceso de deportación.

Morton insistió en que el programa se enfocará en aquellos inmigrantes indocumentados que enfrenten "serios" cargos criminales.

El funcionario explicó que "el enfoque primario del programa y la cooperación con jurisdicciones locales" está dirigido hacia delincuentes y personas con ofensas criminales previas.

No obstante, Morton aclaró que "de ninguna manera estamos sugiriendo que si se esta aquí de manera ilegal y se cometen crímenes menores, la persona no será sujeta de un proceso para ser removida de Estados Unidos".

El director dejó abierta la puerta para que se revisen algunos casos de personas detenidas bajo el programa anterior, denominado 287(g), y que actualmente son objeto de un proceso de deportación.

ICE ha formado hasta el momento a 1,075 agentes en todo el país, que son responsables de unas 24,000 deportaciones desde enero.

Según Morton, esos agentes han identificado un 48 por ciento de indocumentados más entre enero y octubre que en el mismo periodo de 2008.

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